El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará en un Pleno Extraordinario la posibilidad de interponer un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) como respuesta a la reforma que recorta sus atribuciones -entre ellas la de hacer nombramientos en la cúpula judicial-, pero sólo si cinco de sus vocales lo solicitan formalmente, elaborando una propuesta "documentada y fundamentada" que lo sustente.

Así se ha acordado en el Pleno celebrado este jueves, según han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que añaden que la citada propuesta deberá además realizarse antes del próximo día 30, fecha en la que concluye el plazo para recurrir ante el TC la polémica reforma, que entró en vigor el pasado 1 de abril tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La decisión responde al hecho de que, tal y como lo solicitaron cinco vocales de cara al Pleno, algunos miembros de este órgano hayan planteado durante el debate de este jueves valorar "mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente" al CGPJ.

Además de los proponentes de este debate -los vocales del sector conservador Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya- la posibilidad de acudir al TC ha sido verbalizada por otros miembros del Consejo, si bien esta postura parece por el momento bastante minoritaria, según las mismas fuentes.

Informe para Europa

Por otra parte, y sobre la posibilidad planteada por los cinco vocales citados de realizar una "comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021" -en la que podría incluirse una respuesta sobre la reforma- , el Pleno ha acordado encomendar a la vocal Nuria Díaz Abad elaborar una propuesta al respecto, que se llevará a la Comisión Permanente y posteriormente al Pleno.

Por otra parte, el presidente Carlos Lesmes ha dado cuenta del informe técnico que se encargó tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, instada por PSOE y Podemos. Se trata de un documento "orientativo" que no se ha sometido a votación.