La última vez que el Parlament renovó cargos institucionales dependientes de la cámara Artur Mas presidía la Generalitat con una holgada mayoría de la que todavía formaba parte Unió Democràtica. Cs estaba en pleno proceso de eclosión en Cataluña y los socialistas pagaban con el cisma del sector catalanista el fracaso del tripartito y los primeros pasos del procés. Los independentistas suelen señalar a la cúpula judicial como ilegítima por operar con magistrados con el cargo caducado. En Cataluña no se han acordado nombramientos en cinco años.
Desde 2015 miembros del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el CAC o los órganos de gobierno de TV3, las universidades públicas, la Sindicatura de Cuentas o la Autoridad de Protección de Datos han visto como sus mandatos caducaban sin que nadie, en el Parlament, moviera una ceja para renovarlos. Hace dos años, el ex presidente de la cámara, Roger Torrent, inició una ronda de contactos con los partidos a cuenta del fin del mandato de uno de los cargos más criticados por su partidismo, Rafael Ribó, para intentar acordar su renovación.
Más de cien cargos caducados
En ese momento, el Parlament acumulaba 140 cargos dependientes del pleno con mandato caducado. Una cifra que no se ha movido dos años después. Cs habrá conseguido pasar tres años como primera fuerza del Parlament y el apoyo de más de un millón de catalanes sin dejar huella en el entramado institucional catalán.
El resultado, lamenta el diputado de Cs Nacho Martín Blanco, es que "se mantiene una correlación de fuerzas en la vida institucional que no se corresponde con la realidad", aunque reconoce que su partido siempre ha hecho bandera de no entrar en los repartos de cargos.
La portavoz del grupo socialista, Alicia Romero, denuncia también esta situación de "parálisis institucional". El PSC aboga por una renovación en bloque de ese centenar y medio de cargos caducados en los próximos meses, una propuesta que ya han avanzado al bloque independentista.
Aunque reconoce Romero que las renovaciones más complejas serán las del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo de Garantías Estatutarias y, por supuesto, el gobierno de la corporación de medios públicos. Desde Esquerra aseguran de que "existe el compromiso de renovarlos", pero no hay más concreción por el momento.
El control de TV3
El caso más paradigmático es el de los medios de comunicación públicos agrupados en la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio. La mitad de los miembros del consejo de gobierno de la CCMA tiene el cargo caducado desde 2015, la otra mitad, desde 2018, incluida su presidenta en funciones desde hace tres años, Núria Llorach. A finales de 2018 JxCat, ERC y Cs parecían haber pactado el relevo de Llorach para poner al frente de la Corporación a Saül Gordillo, pero el acuerdo se rompió antes de llegar al pleno.
Con una mayoría reforzada de dos tercios tras la reforma de la ley de la CCMA, el nuevo gobierno de la Corporación tendrá que contar necesariamente con el apoyo del bloque independentista y el PSC.
Sindic de Greuges
El más complicado será, sin embargo, el relevo de Ribó. El síndico se ha distinguido por sus dictámenes siempre a favor del bloque independentista, especialmente lacerante en el caso de la polémica actuación de los profesores del instituto de Sant Andreu de la Barca con los hijos de guardias civiles tras el 1-O.
Ribó lleva ya 17 años en el cargo. Pero será difícil que independentistas y no independentistas encuentren un sustituto que satisfaga a los dos bloques.
Sillas vacías
También tienen el mandato caducado los miembros de la Sindicatura de Cuentas, el tribunal de cuentas catalán, responsable de fiscalizar toda la administración local y autonómica. Dos de sus siete miembros renunciaron en 2018 y 2019 ante el poco interés de los partidos por afrontar la renovación de la institución.
La Sindicatura funciona ahora con cinco síndicos, de los que solo Miquel Salazar, propuesto en su día por el PSC, podría renovar por un segundo mandato.
El "constitucional catalán" también tiene sillas vacías. Cinco de los ocho miembros actuales del Consell de Garanties tienen caducado su mandato, y sigue sin cubrirse la baja de Joan Ridao, que abandonó el organismo en 2018. Aunque el récord de caducidad lo ostenta la Junta de Museos de Cataluña, pendiente de renovación desde 2014.
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