El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado la medida cautelar solicitada por un sindicato policial y una asociación profesional de la Guardia Civil y ordena al Departamento de Salud de la Generalitat la inmediata modificación del Plan de vacunación contra el Covid-19 para que queden incluidos como personal esencial los agentes de los citados cuerpos de Seguridad del Estado.

En un auto fechado este martes, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha accedido a la medida que habían pedido Jupol y Jucil y da diez días al Departamento de Salud para que iguale la proporción de vacunación de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional con la del resto de cuerpos en los que sí se ha aplicado el plan de vacunación, le exige un informe de cumplimiento dos días después de expirado dicho plazo y le impone las costas procesales e impone las costas procesales de este incidente a la Administración catalana.

El sindicato y la asociación profesional de Jusapol presentaron inicialmente unas medidas cautelarísimas que fueron desestimadas. El tribunal dio traslado a la Generalitat para que pudiera alegar, convirtiéndose así el trámite en medidas cauterales por posible vulneración de derechos fundamentales.

Atendiendo a los datos del plan de vacunación, el TSJC aprecia apariencia de discriminación de policías nacionales y guardias civiles en relación con otros cuerpos policiales que operan en la comunidad, donde el grado de inmunización es muy elevado. A fecha del pasado 22 de abril de 2021, ya había sido vacunado el 80,3 % de los Mossos d'Esquadra, el 71,2 % de los policías locales y el 79,1 % de los integrantes de la Guardia Urbana de Barcelona, mientras que el porcentaje de los policías nacionales destinados en Cataluña era del 9,9 % y del 6,3 % en la Guardia Civil.

El TSJC ordena a la Generalitat que, "sin excusa alguna", garantice ya la vacunación de policías y guardias civiles

"No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo, puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población. Por esa razón, cabe apreciar en este caso peligro de mora procesal; por ser de vital importancia suprimir el espacio de riesgo en el que podría devenir el tiempo que falta hasta el dictado de una Sentencia eventualmente estimatoria", detalla el auto.

Por todo ello, el TSJC ordena a los responsables del Departamento de Salud que, "sin excusa alguna, garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación contra el coronavirus de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña", de lo que le tendrá que tener informado.

Salut "estudia" las cautelares del TSJC

Por su parte, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha negado este martes que la Generalitat haya discriminado a policías y guardias civiles en el proceso de vacunación y se ha escudado en las directrices de la Comisión de Sanidad, que limita el uso de AstraZeneca a la franja entre 60 y 65 años para explicar la exclusión de este colectivos.

"El Departamento de Salud está estudiando cómo dar cumplimiento a las cautelares y a la vez cumplir las directrices estatales de vacunación por franjas de edad", ha argumentado Budó, recordando que "acabamos de conocer" las cautelares dictadas por el TSJC.

"Toda vacunación de los colectivos esenciales está frenada", ha añadido, asegurando que tampoco se está vacunando "a maestros o agentes forestales" más allá de esas franjas de edad. "Cuando se reemprenda la vacunación de estos colectivos esenciales se retomará la vacunación de policías y guardias civiles", ha concluido sin descartar un recurso de la Generalitat contra las cautelares dictadas este martes.

Un mes de retraso

La Generalitat empezó oficialmente la vacunación de policías nacionales el 12 de marzo, un mes después de haber iniciado las inoculaciones entre los mossos. El proceso ha sufrido varias anulaciones, atribuidas por el Govern a la suspensión del uso de AstraZeneca durante dos semanas. Una dinámica que ha soliviantado a los sindicatos de la Policía y a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil al entender que estaban siendo "discriminados" y que estaban prevaleciendo los criterios políticos sobre los sanitarios.