Los vocales del Consejo General del Poder Judicial que promovieron acudir al Tribunal Constitucional para denunciar la intromisión del Poder Político en el Judicial no consiguen los apoyos suficientes del órgano de gobierno de los jueces para hacerlo. Primero cinco consejeros y después ocho plantearon presentar un conflicto de atribuciones ante el Alto Tribunal contra la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos y aprobada en las Cortes que impide que el órgano pueda hacer nombramientos mientras esté en funciones. El órgano está pendiente de renovación desde finales de 2018 por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios en las Cámaras, PSOE y Partido Popular.

Hacían falta 11 votos de los 21 miembros del Pleno -20 vocales más el presidente- y los ocho vocales impulsores de la iniciativa (Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona) no han recabado los apoyos.

A cinco días de las elecciones a la Comunidad de Madrid, con una actualidad política y mediática centrada en la campaña electoral, el denominado 'bloque conservador' del Consejo no ha obtenido el apoyo del 'bloque progresista' que sí mostró su oposición a la conocida como reforma 'dura' del CGPJ con la que PSOE y Podemos pretendían que se rebajara la mayoría necesaria en las Cortes para sacar adelante la propuesta de los vocales del órgano de gobierno de los jueces en una segunda votación.

"La reforma supone un fraude constitucional"

El Pleno extraordinario para debatir este y otros asuntos ha sido intenso y extenso -se partió entre mañana y tarde- pero finalmente el CGPJ no se remitirá al Constitucional. En el documento que presentaron los vocales que querían plantear el conflicto de atribuciones se consideró que la reforma del Poder Judicial que limita la función de nombrar "supone un fraude constitucional, puesto que el retraso en la renovación nunca puede justificar un menoscabo de atribuciones no previstas por el constituyente; supone una injerencia por parte del Parlamento en las competencias del Poder Judicial, afectando a su independencia y contribuyendo a la politización de la justicia, y pone en peligro la separación de poderes, situando al Poder Judicial en un plano de inferioridad y de dependencia respecto al resto de poderes". Los impulsores consideraron en el mismo documento que la reforma tenía el fin de presionar para la renovación del órgano constitucional.

Al concluir el Pleno, que se prolongó hasta bien entrada la noche, los ocho vocales que vieron necesario dirigirse al TC emitieron un comunicado en el que afirmaron que emitían un voto particular contra la decisión de la mayoría porque sostienen "la legitimación del Consejo General del Poder Judicial para plantear el conflicto de atribuciones, con la finalidad de salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes, garantizando la intervención del Tribunal Constitucional para poner remedio a cualquier vulneración de ese principio, que es esencial en la democracia como vertebrador de un Estado de Derecho".

También quisieron poner de manifiesto que "ninguno de los asistentes al Pleno ha defendido la bondad constitucional de dicha Ley", en referencia a la reforma que limita la función constitucional del órgano de realizar nombramientos.

Petición al Defensor del Pueblo

Los mismos vocales también solicitaron dirigirse al Defensor del Pueblo para pedirle la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada reforma del Gobierno que limita sus funciones. La propuesta también ha sido rechazada por 13 votos frente a 8.

Lo que sí se aprobó por 17 votos a favor, 3 en contra –los de los vocales Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez- y uno en blanco –Roser Bach- fue la contestación a las preguntas remitidas por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021 entre las que se incluían: "¿Cuál es el impacto esperado de esta ley?", en referencia a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial recién aprobada por las Cortes. La CE también pregunta si el CGPJ valora alguna vía para responder al deseo de los jueces de que los miembros del Consejo sean elegidos por ellos así como si la falta de renovación ha influido en trabajo del órgano.