El Consejo Fiscal ha decidido este jueves emitir un informe favorable a la Ley de Memoria Democrática que impulsa la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y en la que está previsto, entre otras cuestiones, ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco o que el Estado gestione la exhumación de los restos de las fosas del franquismo.

Por seis votos -los de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la fiscal general y el jefe de la Inspección Fiscal- frente a los cinco de la Asociación de Fiscales (AF), el Consejo Fiscal avala la ley.

Su informe, igual que el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que también se necesitará antes de iniciar el proceso para impulsar la norma, no es vinculante. Es decir, el Gobierno no necesita de la aprobación del Consejo Fiscal ni del órgano de gobierno de los jueces.

El voto de la fiscal general Delgado ha sido determinante para apoyar la ley de Calvo puesto que el 'bloque conservador' del Consejo, representado por los fiscales de AF llevaba un texto alternativo a la norma crítico con los primeros aspectos que se conocen de la ley. Principalmente, consideran que no queda claro qué papel desempeñarán los fiscales en el amparo a las víctimas del franquismo.

Como avanzó el Gobierno en 2020, la ley de Memoria Democrática también prevé que el Valle de los Caídos, donde están enterradas más de 33.000 personas, se convierta en un cementerio civil y también desaparezca la Fundación de los Benedictinos. La definieron como "una reparación a las víctimas que lucharon contra el franquismo".

"Oportunidad de especialización en la carrera"

La Fiscalía, en un comunicado emitido este jueves, ha informado de que "el Anteproyecto sitúa a la Administración General del Estado en la posición de
garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta
en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares".

También han trasladado que con la ley prevista se "crea la figura de un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia".

Por ello, consideran que la creación de este Fiscal de Sala "supone una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

El Pleno del Consejo Fiscal ha aprobado también los informes relativos al Anteproyecto de Ley por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Eurojust, el Proyecto de Real Decreto sobre prórroga de nombramiento de Abogados/as Fiscales sustitutos/as, el Proyecto de Resolución del Ministerio de Justicia por la que se regula la prestación de servicios en modalidad de teletrabajo en la Administración de Justicia y la propuesta de condecoraciones de San Raimundo de Peñafort.