La causa contra Laura Borràs por presunta corrupción ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La presidenta del Parlament está imputada por los del delitos de malversación, prevaricación falsedad documental y fraude a la administración por su gestión al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Borràs está acusada por fragmentar contratos públicos para favorecer a uno de sus colaboradores, Isaías Herrero. Con la instrucción prácticamente completada por el Tribunal Supremo, la causa podría derivar en apertura de juicio oral en unos meses.

De hecho, el caso arrancó a raíz de una investigación sobre Herrero, acusado de tráfico de drogas. En las escuchas apareció la entonces directora de la ILC en conversaciones telefónicas y correos electrónicos en los que instruía a Herrero sobre como "hacer trapis" para sortear los requisitos públicos y hacerse con contratos.

Contratos fraccionados

La instrucción la inicio el Juzgado 9 de Barcelona, pero cuando Borràs fue elegida diputada en el Congreso, pasó al Tribunal Supremo. El alto tribunal asumió el caso y abrió instrucción al admitir un informe de la Fiscalía en el que apreció «claros indicios de que, entre los años 2013 y 2017, Borràs abusó de su condición de directora de la ILC para adjudicar directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática, cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA», a favor de Herrero.

La dirigente de Junts siempre ha sostenido, sin embargo, que el caso es un montaje de "las cloacas del Estado" a raíz de su papel emergente en el partido independentista. El caso saltó a los medios cuando Borràs sumió la Consejería de Cultura en el Govern de Quim Torra y sufrió el primer traspaso de sala cuando dejó la consejería para liderar la candidatura de JxCat en las elecciones generales.

Ahora, el Supremo ha tenido que volver a inhibirse, con la instrucción prácticamente concluida, en favor del TSJC. La Sala Civil y Penal del TSJC ha recibido la instrucción, que ha sido asignada al magistrado Jordi Seguí. Éste ha dado traslado a Fiscalía para que informe de la competencia, algo que ofrece pocas dudas, dada la condición de diputada autonómica y presidenta del Parlament de Borràs.

Causa contra el independentismo

Durante la instrucción ante el Tribunal Supremo Borràs se negó a declarar ante el juez. Antes, planteó el debate sobre el suplicatorio del Congreso para que el Supremo pudiera investigarla como una pieza más de la supuesta "causa general contra el independentismo". Borràs acusó a ERC y la CUP de traicionar al bloque independentista porque se inhibieron del debate, en vez de votar en contra del suplicatorio.

Ahora, algunos temen que utilice su papel al frente del Parlament para provocar un conflicto por desobediencia que "tape" su probable inhabilitación por corrupción. Uno de los primeros acuerdos entre ERC y JxCat tras las elecciones fue la reforma del reglamento de la cámara, que exige la dimisión de cualquier diputado al que se le abra juicio oral por corrupción. q