No habrá "plan b" jurídico a partir del día 9 como pedían no pocos territorios y formaciones políticas. El fin del estado de alarma había llenado de inquietud a los gobiernos autonómicos ante el temor de que los respectivos Tribunales Superiores de Justicia les tirara abajo medidas de restricción de movimientos para controlar contagios por el Covid. Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy y nuevo decreto que permitirá a la administración autonómica recurrir en casación al alto tribunal los autos de los TSJ que afecten a derechos fundamentales, y que será el que unifique doctrina ante la disparidad de criterio que se ha dado no pocas veces.

Si bien las Comunidades puede imponer un horario y aforos a los establecimientos públicos, así como confinamientos muy reducidos en el tiempo y en el espacio, -medida, no obstante, que a veces les ha tirado abajo el TSJ, como hizo en el País Vasco-, es mucho más discutible que puedan echar mano de cierres perimetrales del conjunto del territorio o establecer toques de queda.

El País Vasco, donde la incidencia del contagio es de las más altas de España, lleva semanas pidiendo la prórroga del actual estado de alarma, sin resultado. No es el único. Otros territorios como Valencia o Andalucía claman por medidas de restricción de movimientos. Moncloa se niega a alargar esta situación de excepcionalidad. La vacunación masiva y la reducción drástica en el número de fallecimientos, les reafirma en su decisión.

El nuevo decreto, en el que han participado nueve ministerios, entrará en vigor a las cero horas del día 9

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha llevado este asunto a la mesa del Consejo y comparecido en rueda de prensa coincidiendo con las elecciones autonómicas en Madrid, por lo que se han eludido las preguntas de índole político. Calvo ha sido la encargada de coordinar las medidas necesarias "para tener ahora una respuesta" ante una pandemia que continua "pero en condiciones diferentes". Siguiendo el criterio de los expertos "de no prolongar en el tiempo lo que es excepcional", se ha aprobado un Real Decreto-ley en el que han trabajado nueve ministerios, que entrará en vigor en las cero horas del día 9 y supone modificar la ley de lo Contencioso-Administrativo. El Gobierno no ha consultado este decreto con las autonomías, sí con el Supremo, aunque Calvo remite al Consejo Interterritorial como ejemplo de "cogobernanza".

Se dota a las Comunidades de instrumentos "para dar respuesta a las situaciones que se puedan presentar" y necesiten de limitación de derechos fundamentales y libertades públicas. Es decir, "se pueden seguir tomando muchas decisiones con la autorización jurisdiccional correspondiente", ha explicado la número dos del Ejecutivo. La innovación es el recuso de casación frente a las decisiones de los TSJ para que, "en tiempo récord" de cinco días, la sala Tercera del Supremo "dicte la última palabra, esto es, unificar doctrina para ofrecer seguridad jurídica e igualdad". Otra cosa es que el TS avale, por ejemplo, los toques de queda.

De momento, el gobierno vasco ha anunciado que sacará adelante su propio decreto, lo que para Calvo es "difícil de entender" teniendo otros instrumentos y con unos niveles de incidencia de contagio muchos más bajos. El Gobierno no prejuzga lo que pueda decidir el Alto Tribunal si las Comunidades deben acudir al mismo, "pero sí constatamos que la justicia ha ido acompañado a las decisiones de los ejecutivos, salvo alguna excepción", ha dicho Calvo.

Los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas para luchar contra la pandemia "con garantías constitucionales". Pero, además, el Real decreto contiene además medidas sociales y económicas que se van a mantener durante tres meses, hasta el 9 de agosto. Son el bono social, la prohibición de desahucios y corte de suministros básicos -que anunció Pedro Sánchez en el Congreso- y medidas respecto a los alquileres. Incluye otras medidas en materia jurisdiccional.

Se aprueba también la prórroga de la prohibición de desahucios hasta el 9 de agosto

En definitiva, "hemos preparado la salida de la alarma con responsabilidad, ponderación y eficacia" ha aducido Calvo. "Con todo ello podemos afrontar el fin de estado de alarma con tranquilidad" y "tranquilizar a los presidentes autonómicos". Además, ha recordado que ya el Supremo ha avalado las decisiones tomadas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

Además se ha creado un grupo de trabajo interministerial para impulsar la creación audiovisual en España con el objetivo de colocar a España "a la vanguardia en este tipo de actividad industrial y cultural", ha explicado, en su caso, la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Además, el Consejo a aprobado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de ordenación del litoral por invadir competencias del Estado y hasta de la Generalitat que no pueden otorgarse a los ayuntamientos.

En otro orden de cosas y respecto a si habrá un descenso de la crispación política tras las elecciones que se celebran hoy, Calvo ha defendido que "el Gobierno nunca piensa que la crispación sea buena porque aleja a la ciudadanía de la autentica función de la política y sabiendo que la democracia nos obliga al encuentro y al acuerdo". Ha defendido además que no existe "ni un solo precepto normativo que diga que el Consejo de Ministros no haga su trabajo" coincidiendo con unas elecciones regionales y se ha limitado aahcer un llamamiento a la participación.