"Hay que contactar con el periodista mexicano como colega que estamos haciendo un reportaje". La anotación manuscrita aparece fechada el 20 de diciembre de 2011 en un cuadernillo negro y cinta naranja que agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional intervinieron en la vivienda del comisario Villarejo en Boadilla del Monte (Madrid) el día de su detención. En esa página, el autor apunta como tarea consultar las sociedades en las que figuraba Luis del Rivero y detalla un supuesto hallazgo en la investigación sobre el entonces presidente de la constructora Sacyr: "Cosas chungas (pozos)".
La citada libreta contiene multitud de menciones a Sacyr, Del Rivero, Pemex y otros nombres y circunstancias con motivo del encargo que Repsol y Caixabank realizaron al grupo empresarial controlado por el policía (Cenyt) cuando entonces se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional y por el que Antonio Brufau (presidente de Repsol) e Isidro Fainé (entonces presidente de Caixabank) comparecen este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo como investigados.
El 2 de septiembre de 2011, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la adquisición de 56.377.090 acciones de Repsol YPF por 1.150 millones de euros, lo que elevaba su participación en el capital de la multinacional española hasta el 9,43 %. Esta operación de compra se enmarcaba en el acuerdo que el grupo mexicano había firmado con Sacyr para propiciar un cambio de control en Repsol, de la que Caixabank era un accionista relevante.
Ese movimiento llevó a Repsol y a Caixabank a contratar los servicios de Cenyt para verificar si la maniobra para la toma de control en la que se habían embarcado Sacyr y Pemex se correspondía con la realidad, según reconoció el ex director de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño durante la investigación interna que llevó a cabo la entidad financiera tras trascender el encargo a la empresa del policía. Éste la denominó Proyecto Wine.
En la primera página de la citada libreta se anota como fecha el 21 de noviembre de 2011, justo 19 días después de que Repsol y Caixabank abonaran a Cenyt la primera de las facturas por este trabajo. En total, la petrolera pagó 165.000 euros (más IVA), ascendiendo el desembolso del banco a 194.700 (impuestos incluidos).
En los 200 folios hay continuas referencias a nombres relacionados con Repsol y Pemex, los bancos con los que operaban, esquemas con la disección de las filiales de la multinacional mexicana, direcciones corporativas y menciones a asuntos privados de Luis del Rivero y su familia. "Mario Conde y Luis del Rivero coinciden en la plaza de toros de Bilbao el 25 de agosto de 2011", se lee en un pasaje. "28/09/2007. Su hijo, Luis del Rivero júnior, se casa en la iglesia de los Jerónimos de Murcia (...), donde asistió José María Aznar y Magdalena Álvarez", detalla más adelante.
De la lectura de las anotaciones se intuye que los datos proceden de fuentes abiertas. Se trataba de buscar información que pudieran ilustrar al cliente sobre cómo se había gestionado la alianza con la que Pemex y Sacyr pretendían dar un golpe de timón en el control de Repsol y las razones que impulsaban a los mexicanos a reforzar su paquete accionarial en la petrolera española. "Objetivo de la participación de Pemex en Repsol: traer a Repsol a aguas profundas del Golfo de México", expone.
"Calderón telefoneó a ZP"
En otro de los apuntes se alude al papel clave que desempeñó en la operación el director Corporativo de Finanzas de Pemex, Ignacio Quesada, para que la Hacienda mexicana facilitara con rapidez los recursos públicos necesarios para la compra de las acciones de la compañía española. "[Felipe] Calderón [presidente de México en ese momento] telefoneó a ZP", agrega a continuación.
En otro pasaje se alude al ex político Rogelio Gasca Neri -secretario de Programación y Presupuesto en 1992, durante la etapa de Carlos Salinas de Gortari como presidente azteca- por ser uno de los dos consejeros independientes de Pemex que no estaban de acuerdo con el acuerdo con Sacyr y se pone en su boca la siguiente afirmación: "Es conocido que Repsol no comparte su tecnología para aguas profundas ni siquiera con sus socios chinos en Brasil".
La búsqueda de información incluyó abrir contactos con algunos informadores mexicanos que pudieran ofrecerle claves sobre la petrolera, según se deduce de algunas anotaciones. "Hay que contactar con el periodista mexicano como colega que estamos haciendo un reportaje", reza otro apunte. Cuando se escribió, Grupo Cenyt había ya cobrado la segunda factura.
Como se ha puesto de manifiesto en otros encargos que investiga el juez Manuel García-Castellón en esta macrocausa, denominada Tándem, las pesquisas incluirían presuntamente la búsqueda de puntos débiles de las personas objeto de la investigación. "Cosas chungas (pozos)", se menciona en una de las páginas junto al nombre de Luis del Rivero.
La búsqueda de información habría permitido conocer al autor de dicha anotación que un juzgado de Murcia inició una investigación a principios de 2005 contra Del Rivero y otros empresarios de la región por la supuesta comisión de delitos ecológico y fraude fiscal derivados de la recogida de agua del río Segura para uso urbanístico o revenderla a otros agricultores a través de una empresa (Frocap Lo Romero) en la que el presidente de Sacyr era consejero delegado, según informó El Mundo. Años después, el Tribunal Supremo dio carpetazo a esta investigación sin que prosperaran las denuncias de los ecologistas.
Las pesquisas realizadas por Cenyt tomaron forma en un informe con cuatro entregas y de "interés escaso" y "de poco valor para los fines que se perseguían", según admitió el ex director de Seguridad de Caixabank. Esta misma conclusión se expone en el informe de cumplimiento elaborado por Repsol tras trascender que también había pagado a la empresa del policía: "En una de esas reuniones, Miguel Ángel Fernández Rancaño llegó a cuestionar ante Cenyt la utilidad de sus servicios, respondiendo, al parecer, José Manuel Villarejo que era lo que podía obtenerse con el limitado Servicio contratado y que más información requeriría intensificarlo y aumentar los honorarios, lo que se rechazó por parte de Rafael Araujo [director de Seguridad de Repsol] y Fernández Rancaño".
En el auto por el que el pasado 14 de abril el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional llamó al procedimiento en calidad de investigados a Antonio Brufau e Isidro Fainé, el juez García-Castellón recordaba a los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que analizaran "las agendas de José Manuel Villarejo", por si las anotaciones contenían referencias que ayuden al esclarecimiento de los hechos que se investigan en esta pieza.
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