Es la zona roja de la ‘cuarta ola’ de la pandemia. Los responsables sanitarios vascos los saben. Hace unos días que habían comenzado a respirar algo más tranquilos. El pasado 26 de abril se alcanzó el pico de esta fase de la pandemia, la que mayor incidencia ha tenido y tiene aún hoy en Euskadi en comparación con el resto del país. Entonces la incidencia acumulada alcanzó el techo de los 546 casos por cada 100.000 habitantes y desde entonces la situación ha ido mejorando muy poco a poco. Ayer el indicador había descendido hasta los 495 casos, “vamos bien pero no estamos bien”, repite una y otra vez la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

En sólo tres días el escenario cambiará por completo y la mayor amenaza para el control de la pandemia en el País Vasco vendrá del fin del Estado de Alarma y el levantamiento de las restricciones que limitan derechos fundamentales. Las comunidades vecinas, Navarra, La Rioja, Cantabria y Castilla y León ya han anunciado que levantarán sus cierres perimetrales y con ello retornara la libertad de movimientos para entrar y salir de ellas.

Es precisamente esa la mayor pesadilla del lehendakari. Euskadi tiene una relación intensa con sus vecinos. Son decenas de miles los vascos que tienen segundas residencias en localidades cántabras como Castro, en riojanas como Ezcaray o en castellanoleonesas como Medina de Pomar. Por ahora en las comunidades autónomas limítrofes con Euskadi la incidencia de la ‘cuarta ola’ es muy inferior, con tasas que oscilan entre los 327 casos de Navarra a los 214 de Castilla y León.

Urkullu lleva semanas insistiendo en que la mejor opción hubiera sido prorrogar el Estado de Alarma. Rechazó hacerlo ‘a la carta’ y cuestionó que en el más de un año transcurrido de pandemia no se hubiera actualizado la legislación ordinaria para dotar de más herramientas a las comunidades autónomas para aprobar restricciones con las que combatir el virus. Ayer incluso preguntó directamente  Pedro Sánchez dónde quedaba “la cogobernanza” prometida si finalmente dejaba en manos de los jueces el aval a las decisiones de los Ejecutivos autonómicos.

El precedente de la Justicia

Hoy el Gobierno vasco podría conocer cuál es la posición del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante el decreto de medidas que le remitió el pasado martes. Se trata de un documento que plasma el deseo expresado en los últimos días por Urkullu de mantener invariables la mayor parte de las restricciones aún en vigor: el cierre perimetral de Euskadi, el toque de queda a partir de las 22.00 horas, la limitación de agrupaciones a seis personas o las restricciones a la actividad hostelera. Por ahora, el Ejecutivo ya ha recibido el primer revés por parte de la Fiscalía que ha emitido un informe en el que se opone a autorizar el mantenimiento de restricciones que vayan contra la limitación de derechos fundamentales.

De esta forma, de prosperar el criterio del ministerio público, que considera que sin Estado de Alarma no existe base legal para mantener el cierre perimetral, el toque de queda o el cierre de municipios, Urkullu se quedaría anulado en un momento complicado en el abordaje de la pandemia. El Gobierno vasco quiere además limitar las agrupaciones de personas, medida que no cuestiona la Fiscalía.

Ahora será el turno de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitir sentencia sobre la legalidad o no de las restricciones que el lehendakari quiere mantener a partir del domingo. Una batería de restricciones que no sólo aspira a prolongar más allá del 9 de mayo sino hasta que la incidencia de la pandemia caiga a la mitad de lo que está ahora, a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. El decreto contempla poder aplicar estas medidas durante un periodo de hasta seis semanas, hasta mediados de junio. Esta sala ya revocó en febrero la decisión del Gobierno de obligar al cierre de la hostelería en los municipios con una incidencia mayor a 400 casos. Una decisión que abrió una grieta y recelo entre el Ejecutivo y el poder Judicial y que ahora podría volver a reavivarse.

Urkullu advirtió ayer que abrir el camino de los avales judiciales y sus previsibles recursos y resoluciones ante el Supremo puede demorar la toma de decisiones para la contención de la pandemia y con ello aumentar el riesgo de contagios. Sólo en la última semana el Covid ha provocado 40 muertos en el País Vasco y mantiene en la UCI a 185 pacientes. A tres días del final del Estado de Alarma, la situación es especialmente preocupante en ciudades como Bilbao o San Sebastián, con incidencias de 543 y 588 casos respectivamente por cada 100.000 habitantes. Además, en otras 44 municipios de más de 5.000 habitantes la incidencia supera los 400 casos. Entre ellas figuran Getxo, Irún, Mondragón, Galdakao o Santurtzi, entre otros.  

Vecinos sin cierre perimetral

A su alrededor, la movilidad podría incrementarse de modo importante en cuestión de tres días. En Navarra el Gobierno de María Chivite anunció ayer que levantará el cierre perimetral de la Comunidad Foral y que la entrada y salida será libre. De igual modo, en La Rioja también dan por amortizado el cierre de la comunidad autónoma desde el próximo domingo. El Gobierno de Concha Andreu incluso dejará en suspenso el toque de queda. Ha fijado tres niveles de incidencia de la pandemia, además de un nivel plus, pero en ninguno de ellos se plantea cerrar la movilidad del territorio.

Algo similar ocurre en Cantabria. Diariamente miles de trabajadores se desplazan desde Castro y otras localidades cercanas a Euskadi. Cuando decaiga el Estado de Alarma lo podrán hacer otros muchos sin necesidad de justificar la razón de su desplazamiento. El Gobierno de Revilla hubiera preferido poder mantener el cierre perimetral de Cantabria pero considera que judicialmente es inviable. Deja la puerta abierta a hacerlo sólo en el ámbito municipal. Limitará sus medidas a la reducción de aforos y dejará abierta la posibilidad de toques de queda puntuales.

En Castilla y León, donde la relación con el País Vasco también es fluida, el cierre perimetral se da por imposible. El presidente Alfonso Fernández Mañueco acusó a Sánchez de actuar con “negligencia y abandono” hacia las comunidades autónomas al dejarlas sin respaldo judicial para aplicar medidas restrictivas a la movilidad.