La decisión del Gobierno de permitir a las comunidades autónomas que recurran en casación ante el Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia (TSJ) que no respalden sus restricciones contra el Covid lejos de traer tranquilidad jurídica parece que enmarañará aún más la situación.

Mientras los fiscales superiores de País Vasco y Baleares descartaron este miércoles que las comunidades autónomas puedan mantener medidas que limitan derechos fundamentales cuando acabe el estado de alarma, como el toque de queda, los confinamientos de toda la región o la limitación de personas para reunirse en domicilios, la Fiscalía de Cataluña sí avala las medidas de la Generalitat. Considera que la restricción de la movilidad y los contactos sociales han sido claves en el control de la pandemia y por eso se muestra a favor de limitar las reuniones a seis personas y el aforo en centros de culto al 50%. Dos medidas con las que también se limitan derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución.

Con estas versiones contradictorias se manifestaron los representantes del Ministerio Público en algunos de los territorios, después irán llegando los pronunciamientos del resto de regiones donde los presidentes pretenden mantener las restricciones unas semanas más.

El Gobierno, ante el final del estado de alarma el próximo domingo, decretó que las autonomías puedan recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las resoluciones de los tribunales superiores de justicia si no respaldan sus decisiones. Una medida que desde el propio Supremo se ha interpretado como un abandono de funciones del Ejecutivo, que vuelca su responsabilidad en los tribunales.

El presidente Urkullu ha dicho este jueves que acatará lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, descartando por tanto recurrir ante el Supremo. Esa es la esperanza de los magistrados del alto tribunal, que los presidentes autonómicos rechacen recurrir en casación y acaten las resoluciones de los TSJ, como reconocen a El Independiente.

Delgado sólo da pautas procesales

Mientras tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y la Fiscalía se preparan para actuar. De momento, los fiscales superiores de los territorios van abriendo camino. Mientras unos ven claro que no se pueden limitar derechos fundamentales de los ciudadanos sin "marco legal", otros avalan las medidas por la salud de la población contra la pandemia y la fiscal general, Dolores Delgado, descarta pronunciarse sobre el fondo.

Este miércoles, dictó una Instrucción interna en la que no entra al fondo del asunto. Es decir, a si se debe respaldar que las comunidades adopten medidas que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el documento que reproduce El Independiente, Delgado únicamente da directrices procesales.

Además de aclarar los plazos, indica que los fiscales superiores deben dirigirse al Fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo, Pedro Crespo, para coordinarse con él cada vez que los gobiernos autonómicos quieran limitar derechos para valorar cada situación y decidir si la Fiscalía interesa a favor o en contra.