Objeción fiscal "contra la Monarquía, el poder judicial y las fuerzas de ocupación". La nueva campaña lanzada por el Consejo por la República (CxR) que preside Carles Puigdemont propone la objeción fiscal en la próxima campaña de la renta y señala a sus objetivos habituales, cuyo coste cifra en 300 euros anuales por contribuyente.

Lo hace con un vídeo tutorial protagonizado por el actor Toni Albà, en el que propone dedicar el dinero que no se pague a Hacienda al Fondo Republicano Acción Solidaria (FRAS) "que el propio Consell gestiona".

De este modo, el Consejo propone ir un paso más allá que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que desde hace años anima a presentar la renta ante la Agencia Tributaria catalana (ATC). Una acción meramente simbólica, puesto que la ATC transfiere automáticamente los fondos a Hacienda.

Se trata de la segunda iniciativa del Consell en las últimas semanas, tras la presentación del DNI republicano. La entidad, inactiva durante prácticamente los dos últimos años, se reactivó el pasado diciembre a las puertas de las elecciones catalanas. Tras lo comicios centra una de las batallas por la formación del nuevo gobierno, que JxCat quiere tutelar desde el CxR.

"Instituciones represoras"

La campaña #ProuMonarquia parte de la premisa de que "estas tres instituciones represoras" -Monarquía, Poder Judicial y Policía y Guardia Civil- tienen un coste por contribuyente de 300 euros, diez correspondientes a las dos primeras y 290 a los cuerpos de seguridad del Estado. Y lanza la propuesta como ejemplo de la "desobediencia civil y lucha no violenta" que propone el independentismo para alcanzar la independencia.

Junto a la web preparada para la ocasión, el CxR ha elaborado dos vídeos. El primero, un tutorial protagonizado por Albà en el que se detallan los pasos para llevar a cabo la objeción fiscal, explicando cómo presentar la declaración de la renta a tal efecto. En el segundo, el activista Josep Manuel Fontdevila explica la experiencia de "más de 30 años de objeción fiscal".

En los tutoriales, reconocen que la objeción fiscal "no es un derecho explícitamente reconocido". Pero aseguran que existe jurisprudencia que la avala, y ofrecen el asesoramiento legal del propio Consejo en caso de que Hacienda no acepte las alegaciones de objeción fiscal.