El final del estado de alarma ha desembocado en el descontrol del que jueces, fiscales y catedráticos de Derecho Administrativo avisaron ante la falta de un marco legal al que las comunidades autónomas pudieran atenerse para mantener medidas contra el Covid.

Sin el paraguas del estado excepcional de alarma aún no queda claro si está justificado limitar derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad de circulación (art. 19 de la Constitución Española) por el bien de la salud de la población. Mientras unas fiscalías territoriales creen que sí (como la de Cataluña) otras ven que no (como las de País Vasco y Baleares). Igualmente, unos tribunales superiores de justicia (TSJ) están respaldando las medidas acordadas por los presidentes regionales mientras otros las están tumbando, y no necesariamente siguiendo el criterio interesado por las respectivas fiscalías.

Por poner ejemplos, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se opuso este viernes a avalar el cierre perimetral decretado por el lehendakari Iñigo Urkullu, así como el toque de queda y la limitación a cuatro personas en las reuniones sociales, siendo esta última una medida considerada proporcional por parte de la Fiscalía del País Vasco. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sí apoyó las medidas de la presidenta Francina Armengol -aunque con división de los magistrados- que consistían en el toque de queda, las limitaciones en las reuniones y en el aforo de celebraciones religiosas considerando que se trataba de decisiones "proporcionadas" y que los derechos "no son absolutos". En este caso, la Fiscalía balear se había opuesto al considerar que no se pueden limitar derechos fundamentales sin estado de alarma.

La Asociación de Fiscales (AF) envió este viernes una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la que le reprochó que no haya proporcionado "criterios de actuación a los que los fiscales de los distintos territorios deban sujetarse". El miércoles Delgado dictó una Instrucción en la que dio indicaciones procesales, como fechas de vencimiento o la indicación del fiscal del Supremo al que dirigirse tras el decreto del Gobierno, pero no entró al fondo del asunto sobre en qué casos se puede respaldar la limitación de derechos. "Tal ausencia es especialmente preocupante porque la materia a que está referida esta modalidad de recurso de casación incide directamente en los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas que se verán limitadas por disposiciones normativas autonómicas carentes de la condición de ley orgánica y dictadas sin el paraguas del estado de alarma", le reprocharon desde AF.

Choque con el Tribunal Supremo

El Gobierno, advertido por las autonomías de que este caos volvería una vez decayera el estado de alarma, les permitió recurrir las decisiones de los TSJ que no respaldaran sus limitaciones en casación ante el Tribunal Supremo, modificando para ello la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esperaba así el Ejecutivo, como comunicó la vicepresidenta Carmen Calvo, que el alto tribunal "unificara criterio" y creara "doctrina". Es decir, que dijera lo que se puede y no se puede hacer y solucionara el problema.

Pero, como respuesta, el equipo de Pedro Sánchez se ha encontrado con el descontento y el reproche de los magistrados. César Tolosa, presidente de la Sala Tercera del Supremo donde recaerán los recursos que presenten las comunidades (si es que lo hacen) dijo esta semana en una entrevista con la agencia Efe que "los jueces no estamos para gobernar" y lamentó que los "poderes públicos" no tomen las decisiones sobre las restricciones sanitarias que les corresponden.

El Gabinete Técnico del alto tribunal emitió este jueves un primer informe o nota urgente en el que se mostró crítico sobre el decreto del Gobierno. Consideraron los expertos que el Real Decreto-Ley dictado puede ser "insuficiente o inadecuado" para resolver asuntos sobre derechos fundamentales y advirtieron de que las decisiones del Supremo no tienen por qué "unificar doctrina", como espera el Gobierno. Incluso, como avanzan expertos en Derecho Público a El Independiente, podría darse la situación de que los seis magistrados del Supremo que deliberarán sobre los recursos planteen una duda o cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre la norma a aplicar. Una decisión que dejaría en suspenso el proceso.

"Han tenido un año para legislar"

Catedráticos de Derecho Administrativo consultados por este diario reprochan a los partidos del Gobierno que no hayan impulsado reformas legales en un año para dotar a las comunidades de un marco común de actuación.

Coinciden los expertos consultados en criticar que Pedro Sánchez deje sus competencias "injustificadamente" en manos de los tribunales e insisten en los instrumentos legales de los que disponen tanto las autonomías como el Gobierno central pero que no han utilizado para evitar la "reprimenda social". Entre esas leyes remiten a la Ley General de Salud Pública que, según valoran, está "redactada en términos muy amplios" que permitirían justificar las decisiones de los gobiernos regionales en términos de proporcionalidad.

Las primeras decisiones contradictorias de los tribunales de justicia este jueves y viernes son un adelanto del bombardeo de resoluciones judiciales que se esperan para la próxima semana y que desconciertan a los ciudadanos sobre lo que se puede o no se puede hacer en su territorio.