El Gobierno se abre ahora a reformar leyes para que las comunidades autónomas puedan seguir adoptando medidas contra el Covid sin decretar un nuevo estado de alarma.

Después del caos jurídico que ha provocado la caída del estado excepcional y la decisión del Gobierno de que sea el Tribunal Supremo quien decida en último termino si avala o tumba las decisiones de las comunidades autónomas, el ministro de Justicia avanza la disposición de estudiar cambios legales y llevarlos a las Cortes para que salgan adelante.

Precisamente las leyes a las que se refiere ahora el titular de Justicia en una tribuna publicada este lunes en el diario El País son las mismas a las que se han remitido durante el último año tanto expertos en Derecho Administrativo como los partidos de la oposición, principalmente el Partido Popular y Ciudadanos, como marco legal para sustituir el estado de alarma. Se trata de la Ley General de Salud Pública, la Ley de Medidas Especiales y la de Seguridad Nacional.

Si el Supremo no respalda limitar derechos fundamentales

Campo se muestra dispuesto ahora a "realizar cambios legales adicionales", que "se estudiarán y propondrán a las Cortes" si el Tribunal Supremo, una vez reciba los recursos de las comunidades autónomas contra las decisiones de los tribunales superiores de justicia (TSJ) correspondientes, no respalda las restricciones.

El Gobierno dictó la semana pasada un Real Decreto Ley mediante el que permitía a las autonomías -por medio de una reforma de la ley 29/1998 de la Jurisdicción contencioso-administrativa- recurrir en casación ante el Supremo las resoluciones de los TSJ que no avalaran sus medidas. Una decisión con la que el Ejecutivo buscaba resolver el problema y que el alto tribunal "unificara criterio" al respecto. Sin embargo, la operación de dejar las decisiones gubernamentales en manos de los tribunales, según consideraron desde el propio Supremo, se le ha vuelto en contra.

En un informe del Gabinete Técnico, los magistrados del Supremo consideraron el decreto del Gobierno "insuficiente o inadecuado" para dejar en sus manos la decisión sobre derechos fundamentales y avisaron de que sus decisiones no tenían por qué "unificar criterio", como deseó la vicepresidenta Carmen Calvo.

Que las regiones pidan el estado de alarma

Una vez el Gobierno de Canarias ya ha comunicado que recurrirá ante el alto tribunal la decisión del TSJ canario de no respaldar el mantenimiento del toque de queda y el cierre perimetral de las islas sin estado de alarma, y ante la advertencia del Supremo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se muestra ahora dispuesto a reformar las leyes.

"El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible. En cuanto se pueda, la obligación de un Gobierno democrático es garantizar que los ciudadanos y los poderes públicos vuelvan a la normalidad", escribía este lunes el ministro. Igual que animaba a las comunidades autónomas a reclamar el estado de alarma en su territorio, como permite la Constitución.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ya ha respondido a lo manifestado por el titular de Justicia en su tribuna, afirmando que "en 15 días se podría tener" la reforma legal oportuna, en declaraciones a Cadena Ser.