La Comunidad de Madrid descarta imponer el toque de queda como pidió este lunes la delegada del Gobierno central en Madrid, Mercedes González, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El Ejecutivo de Ayuso mantendrá el cierre de la hostelería a las 12 de la noche, el de la actividad comercial a las 11 y permitirá la apertura de servicios únicamente esenciales durante la noche. Consideran que con estas medidas y con la ley que permite multar a quienes beban en la calle desde 2002 -la conocida como 'ley antibotellón' del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón- no es necesario adoptar otras con las que se limiten derechos fundamentales de los ciudadanos.

"Lo que no podemos es justificar una restricción a la movilidad nocturna de toda la población por el comportamiento irresponsable de unos pocos", afirmó el consejero de Justicia Enrique López tras ser preguntado por las imágenes que dejó el final del estado de alarma en la capital, con cientos de jóvenes celebrando en la céntrica puerta del Sol.

La citada norma de 2002, de Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, contempla limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas en la calle y en algunos establecimientos a partir de cierta hora, así como sanciones para quienes beban en la calle. Sin embargo, con ella no se puede hacer nada contra las fiestas privadas o las reuniones en domicilios, donde los expertos sanitarios advierten de que se extenderá el virus en las próximas semanas entre jóvenes no vacunados que después pueden contagiar a otros grupos de edad más vulnerables.

Refuerzo policial

López, que se reunió este lunes con la delegada del Gobierno, pidió refuerzo policial y "corresponsabilidad" puesto que la Comunidad de Madrid "no tiene competencias en materia de Seguridad Ciudadana".

El consejero afirmó que garantizar que no se produzcan aglomeraciones en el espacio público "no puede ser una competencia exclusiva de la Policía Local y la Delegación del Gobierno" sino que también se necesita el apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para acometer "acciones necesarias y coordinadas" porque "estamos ante una pandemia y es responsabilidad de todos".

"Apostar por un punto de equilibrio"

López pidió a la delegada del Gobierno "que le pida a su vez al Gobierno que inicie una reforma legislativa de la Ley General de Salud Pública del 86 para que haya una mayor seguridad jurídica por parte de las administraciones y por parte de los ciudadanos".

En este sentido, afirmó que "nuestra autoridad sanitaria ha valorado todos los escenarios pero viendo la situación y la doctrina de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid [que avaló los cierres perimetrales de zonas sanitarias pero con los votos particulares de los magistrados que hablaban de la necesidad de tener en cuenta la proporcionalidad de las medidas] se ha preferido optar por un punto de equilibrio que es por el que siempre hemos optado en la Comunidad Autónoma".