El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se dirija a la titular de Sanidad y le exija la convocatoria "urgente" de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a fin de acordar que los policías nacionales que ya recibieron la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca puedan recibir la segunda antes de que se alcance el plazo máximo de 12 semanas que recomienda la ficha técnica.

El sindicato mayoritario en la escala de mando del Cuerpo Nacional ha planteado esta petición en una carta enviada a Grande-Marlaska este lunes, cuando ya han transcurrido más de 10 semanas desde que muchos de los funcionarios recibieron el primer pinchazo con la vacuna contra la covid-19 desarrollada por la farmacéutica anglo-sueca y la Universidad de Oxford.

A finales de abril, la Comisión de Salud Pública decidió que la administración de la segunda dosis de esta vacuna se ampliaba de 12 a 16 semanas tras la aparición de efectos secundarios adversos no previstos y mientras se conocen los resultados del estudio -denominado 'Combivacs'- con el que se está evaluando administrar una segunda dosis de Pfizer en personas ya vacunadas con la de Astrazeneca.

El sindicato considera que los policías se encuentran en una situación "de riesgo grave e innecesario para su salud" al no existir evidencias de que se mantenga la inmunidad frente al SARS-CoV-2 sin completarse la pauta y muestra su sorpresa por el hecho de que las autoridades sanitarias españolas se hayan desmarcado esta vez y hayan adoptado "medidas contrarias" a las de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que ha avalado la administración de la vacuna del laboratorio británico.

El SPP intuye que los resultados del citado estudio, en el que actúa como laboratorio central de ensayo el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, no se conocerán hasta después del plazo de 12 semanas de inoculación entre una y otra dosis y no descarta que concluya después de las 16 semanas.

El SPP urge al ministro del Interior a hacer las acciones necesarias para evitar "riesgos innecesarios"

"¿Qué pasará si esos estudios concluyen que es perjudicial para la salud la inoculación de una segunda dosis de una vacuna que no sea la de Astrazeneca? Es más, ¿quién será responsable de lo que suceda hasta que se conozcan las conclusiones de ese estudio que, por otra parte, no parece que sea lo suficientemente fiable como para darle más relevancia que a aquellos estudios y ensayos exigidos por la EMA antes de autorizar la vacuna de Astrazeneca? ¿Por qué se adoptan decisiones contrarias a lo que prescribe la ficha técnica de la vacuna de Astrazeneca y contrarias también a las evaluaciones de la EMA sin pensar en las repercusiones de tales decisiones para la salud de los policías nacionales?", se pregunta.

En este sentido, el sindicato advierte un "claro incumplimiento" de la Ley de prevención de riesgos laborales, que consagra el derecho del trabajador a gozar de una "protección eficaz" en materia de seguridad y salud en el trabajo. "Usted, como máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por ende de la Policía Nacional, debe velar porque se cumplan los preceptos de la mencionada ley", expone en la carta el presidente el SPP, José Antonio Calleja.

El sindicato de los mandos es consciente de que Grande-Marlaska no es responsable del retraso en la vacunación, si bien considera que el ministro "tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para evitar riesgos innecesarios a quienes están bajo su dependencia como trabajadores". Por ello le insta a dirigirse a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que convoque al Consejo Interterritorial de Salud y se dé vía libre a la vacunación de los policías con la segunda dosis de Astrazeneca.