La Oficina Central de Interpol en España asegura que el juzgado sevillano que investiga el caso ERE no ha emitido Orden Internacional de Detención (OID) contra Eduardo Pascual de Arxé, reclamado desde octubre de 2015 por su condición de dueño y administrador de varias empresas a las que la Junta de Andalucía pagó durante años comisiones por su mediación en la contratación de pólizas de prejubilaciones.

En una providencia fechada el pasado 24 de marzo, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ordenó la expedición de oficios recordatorios tanto a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional -dependiente del Ministerio de Justicia- como a la Interpol a fin de conocer en qué situación se encuentra la petición de entrega de Eduardo Pascual. En libertad provisional tras permanecer casi 15 meses en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el fraude de los ERE, el ex banquero catalán dejó de presentarse en el verano de 2015.

En respuesta a dicho requerimiento, Interpol envió el pasado 30 de abril un fax al juzgado -al que ha tenido acceso El Independiente- en el que certifica que el prófugo "no se encuentra detenido ni localizado en ningún país", después de haber burlado a las autoridades de Burkina Faso y haber dejado de comparecer ante el Tribunal de Apelación de Uagadugú.

El comisionista de los ERE fue detenido el 11 de mayo de 2017 en la capital burkinesa y puesto en libertad al día siguiente, al no haber remitido España la solicitud de extradición con la documentación original por vía diplomática. Después de que se presentaran nuevamente los papeles, la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Uagadugú solicitó al Tribunal de Gran Instancia que expidiera una nueva orden de detención de Eduardo Pascual, para lo cual se fijó una vista que debió celebrarse el 2 de febrero de 2018. El fugado ya no se presentó y la Policía realiza desde entonces investigaciones encaminadas a la detención y puesta a disposición judicial.

Reclamado por la Audiencia Nacional

En su respuesta, Interpol deja constancia de que sobre Eduardo Pascual hay órdenes internacionales de detención emitidas por los juzgados centrales de Instrucción 5 y 6 y por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de de la Audiencia Nacional, pero no del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. "En esta Oficina se dispone de copia de documentación extradicional emitida por su juzgado sobre el citado, pero no se dispone de OEDE/OID [Orden Europea de Detención y Entrega/Orden Internacional de Detención] emitida. Si desea que se difunda a nivel Interpol una posible OID, se solicita que nos remita la misma", razona.

La contestación ha causado sorpresa después de que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dictara un auto el 26 de octubre de 2015 acordando la "búsqueda, detención y puesta a disposición judicial" de Pascual de Arxé al considerarle posible autor de delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y asociación ilícita. El 14 de mayo de 2017, tras comunicarle Interpol que el investigado había sido localizado en Burkina Faso, la magistrada amplió la requisitoria "al ámbito internacional" para que se pudiera proceder a su detención e iniciar la tramitación de la extradición.

A la vista del escrito remitido ahora por Interpol, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha dictado una providencia mediante la que pide a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en la pieza separada del caso ERE en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas por la Junta de Andalucía a las mediadoras que se pronuncien sobre la "procedencia de acordar una orden internacional de detención" sobre Eduardo Pascual, cuya entrega reclama desde hace más de cinco años y medio.

Eduardo Pascual, "jefe" de una de las mediadoras que cobró comisiones por la contratación de las pólizas de prejubilaciones, se fugó a mitad de 2015

Eduardo Pascual había sido llamado al procedimiento de los ERE como imputado por ser el "jefe" de una de las dos empresas que se repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta andaluza (Vitalia). En concreto, esta compañía recibió sobrecomisiones por al menos 36,2 millones de euros -según ha puesto de manifiesto la instrucción- y Pascual es uno de los 19 investigados en esta pieza separada del caso, en la que aún no se ha dictado auto de apertura de juicio oral.

La incógnita es si la Policía logrará detenerlo y las autoridades judiciales españolas conseguirán su extradición, a la vista de la habilidad que ha demostrado el ex financiero catalán para evitar su captura ante el sombrío horizonte judicial que tendría por delante debido a las causas que tiene abiertas. Para ello ha utilizado diversas identidades.

En Burkina Faso se hacía pasar como Marcelino José Monasterios Arce, identidad boliviana que logró tras contraer matrimonio con una ciudadana de ese país suramericano. En realidad era su segundo nombre inventado: antes se hacía llamar Eduardo Monasterio Arce, como dio a conocer la Policía española tras el arresto practicado en mayo de 2017.

En mayo de 2018, El Independiente desveló en exclusiva cuál había sido el escondite de Eduardo Pascual en la capital burkinesa hasta su detención -una vivienda situada a la espalda de la Embajada de Dinamarca, cerca del Ministerio de Medio Ambiente y Calidad de Vida y no demasiado lejos de la Asamblea Nacional- y que el prófugo se había dedicado al negocio del cannabis medicinal. Tras fugarse por segunda vez, el rastro llevó a la Policía hasta la cercana República de Benín, sin que hayan trascendido pistas desde entonces de las pesquisas realizadas para localizarle y traerlo a España.

"Países próximos a Burkina Faso"

"Se tiene conocimiento que distintos servicios policiales se encuentran realizando labores para la localización del reclamado en distintos países de la zona próxima a Burkina Faso. En caso de que se proceda a su detención les será comunicado, en caso de que figure una orden de detención a nivel nacional y/o internacional. No obstante, se informa que su juzgado ni su procedimiento han sido observados en las bases de datos nacionales, con requisitorias en vigor", ha añadido ahora Interpol en su escrito.

El hecho de que se encontrara ya fugado de la Justicia impidió en 2017 a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgar a Eduardo Pascual por la quiebra de Eurobank del Mediterráneo, intervenido por el Banco de España en 2003. Por estos hechos fue condenada María Vaqué -también imputada en el caso ERE– a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de administración desleal como ex directiva del antiguo banco catalán, si bien a finales de 2018 la Sala Segunda del Tribunal Supremo elevó la pena a tres años y medio al apreciar que también cometió apropiación indebida.

Está previsto que el próximo 24 de mayo arranque en la Audiencia Nacional el juicio por las operaciones de liquidación de Eurobank, pieza separada por la que tampoco se sentará Eduardo Pascual en el banquillo de los acusados. Su paradero, de momento, sigue siendo una incógnita casi seis años después de darse a la fuga y abandonar España.