La reunión celebrada este martes entre la fiscal general del Estado Dolores Delgado y los fiscales superiores no dejó un criterio unificado sobre qué derechos fundamentales debe apoyar la Fiscalía que limiten las comunidades autónomas para controlar la pandemia del coronavirus una vez finalizado el estado de alarma.

El Gobierno permitió la semana pasada (dictando un Real Decreto Ley) que las regiones puedan recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las decisiones de los tribunales superiores de justicia (TSJ) que no avalen sus restricciones. Buscaba el Ejecutivo que alto tribunal "unifique criterio" al respecto. Algo que el propio presidente de la Sala Tercera que deberá resolver los recursos interpretó como un abandono de funciones de los poderes públicos, que dejan la responsabilidad en manos de la Justicia por la falta de legislación al respecto.

La decisión del Ejecutivo, lejos de despejar la incertidumbre jurídica tras del estado de alarma, la complicó aún más puesto que mientras unos TSJ están avalando medidas de los gobiernos regionales que restringen derechos fundamentales como el toque de queda o los cierres perimetrales, otros las están tumbando. Las fiscalías territoriales, por su parte, ni han ido en sus escritos a la par que los magistrados de sus respectivos tribunales regionales ni tampoco han compartido criterio.

El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, en un informe a modo de nota urgente, adelantó una posible "insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales. Ante la deseada "creación de doctrina" del Gobierno, los expertos trasladaron que "ha de tenerse en cuenta que eso puede no ocurrir".

"Balance de los distintos escenarios"

La fiscal general dictó una Instrucción con la que informó a todos los representantes del Ministerio Público del procedimiento que deben seguir en los recursos de casación ante el Supremo, con el marco normativo que queda después de la reforma de la Jurisdicción contencioso-administrativa acordada por el Gobierno. Sin embargo, no trasladó un criterio unificado sobre si deben apoyar la limitación de derechos fundamentales y en qué casos.

Delgado reunió por videoconferencia a los 17 fiscales superiores

Este martes, Delgado reunió por videoconferencia a los 17 fiscales superiores, al fiscal de Sala delegado de lo Contencioso-administrativo y los fiscales especialistas del Tribunal Supremo en contencioso-administrativo y en constitucional para "analizar los escenarios en las diferentes comunidades autónomas y en el Tribunal Supremo", informaron desde la Fiscalía General del Estado.

De la reunión no salió una "postura definitiva, de carácter general" sobre el asunto ni las distintas posturas se reflejaron en ningún documento, trasladan fuentes fiscales, sino que únicamente se "valoró la situación" y se hizo balance de "los distintos escenarios que se van suscitando".

Sí hubo consenso entre los presentes, según trasladan las fuentes consultadas, sobre los cierres perimetrales. Se consideró que no pueden acordarse sin estado de alarma, así como también hubo prácticamente unanimidad -con excepciones como la de la Comunidad Valenciana- en que no es posible mantener el toque de queda fuera del estado excepcional. Generaron más dudas otras medidas, como la reducción de aforo en celebraciones religiosas.

El paradigma de Andalucía

Las fuentes citadas, a la espera de la resolución del recurso de casación de Canarias por parte del Supremo, se mostraron "muy prudentes en sus intervenciones, nadie tiene un dogma", dijeron, porque existen muchísimas dudas. El paradigma, afirman, es lo que pasó precisamente este martes entre las distintas secciones de lo Contencioso del TSJ de Andalucía. Mientras la de Sevilla dijo sí al cierre perimetral de un par de municipios pequeños, la de Granada se negó al cierre en municipios iguales o incluso menores, que sería el equivalente al cierre de zonas por incidencia del virus que ha acordado la Comunidad de Madrid con el aval del TSJ y el informe favorable de la Fiscalía.

Los fiscales consultados coinciden en que sería deseable un marco normativo más preciso puesto que el Tribunal Constitucional aún no ha entrado en el asunto, por lo que esperan que la Sala Tercera del Supremo vaya más allá y se pronuncie sobre el marco de legalidad suficiente para que se dicten determinadas medidas en base a que los derechos fundamentales no son absolutos. En este sentido, el debate jurídico que se abrirá a partir de ahora en la Fiscalía y en el Supremo será el del estudio de la calidad de la ley habilitante en la que las administraciones se apoyen para acordar las restricciones y la proporcionalidad y unidad de la medida adoptada en cada caso.

El debate entre la fiscal general y los fiscales expertos este lunes y martes fue "abierto, enriquecedor", consideran las fuentes consultadas, pero no "definitivo ni concluyente".