El fin del estado de alarma en España no sólo ha traído consigo caos en las calles y en los tribunales autonómicos, sino también en el seno del Palacio de la Moncloa. La jornada del lunes comenzaba con un artículo publicado en El País y firmado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el que el Gobierno se abría por primera vez en semanas a estudiar "cambios legales adicionales" a la legislación vigente en el caso de que el Tribunal Supremo no avale la alternativa al estado de alarma, que decayó oficialmente en todo el país el pasado domingo 9 de mayo. "Habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa", suscribía el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, a primera hora de la mañana. Sin embargo, tan sólo unas horas después, Juan Carlos Campo se enmendaba a sí mismo y negaba la intencionalidad del Ejecutivo de llevar a las Cortes modificación jurídica alguna. "No hay ninguna necesidad. Las comunidades tienen todos los instrumentos para poner en marcha las restricciones que consideren", zanjaba.

A pesar del caos jurídico derivado de la disparidad de criterios de los tribunales territoriales a la hora de avalar o no las restricciones, el ministro incidía ayer en La Sexta en el mantra de que las comunidades autónomas sí tienen a su disposición las herramientas legales suficientes como para "impedir" que vuelvan a repetirse imágenes como las de este fin de semana, en que las calles de algunas ciudades del país se llenaron de gente hasta altas horas de la noche. Y, a continuación, subrayó que el Ejecutivo está en disposición de "estudiar y apoyar" a las comunidades autónomas que estimen oportuno solicitar un estado de alarma al Gobierno para controlar los contagios.

La posición de Moncloa en este asunto y su intención de "lavarse las manos" ofreciendo estados de alarma a la carta a los distintos territorios ha irritado de nuevo a autonomías de diverso color político, que dicen no entender la reiterada negativa del Gobierno a extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo para otorgar el margen suficiente a los territorios como para construir un nuevo paraguas jurídico y que ahora sí se ofrezca a apoyar solicitudes puntuales para llevar la legislación extraordinaria de vuelta a algunos territorios.

"No es el marco común de actuación ordinaria que se necesita", lamentan en el ejecutivo autonómico de una región gobernada por el PSOE. "¿Para decretar 17 veces el estado de alarma no habría sido mejor prorrogar un sólo estado de alarma?", expresan, incidiendo además en que los estados de alarma a la carta no puede operar como algo más que una "medida de emergencia", cuando lo que prima es "una estrategia común de país" a las puertas del verano y a la espera de que el plan de vacunación haya avanzado lo suficiente.

Es el mismo sentir que manifiestan otras autonomías que, en el caso de las gobernadas por dirigentes del PP, critican con mucha mayor dureza al Gobierno, al que culpan directamente del desmadre de los botellones y fiestas que se han vivido este fin de semana en diversos puntos de España. "Es lo de siempre. Pretenden que sean las comunidades autónomas las que asuman el desgaste político" que puede ocasionar un repunte generalizado o localizado de contagios derivado del fin del toque de queda o de la imposibilidad de limitar otros derechos fundamentales, como el de la reunión. "Las autonomías sólo pueden pedir el estado de alarma cuando son situaciones que no excedan de los límites de la comunidad, y esto es una pandemia", censuran desde otro ejecutivo autonómico.

"Hace más de un año que el Gobierno se comprometió a tener en el verano una herramienta legal y alternativa al estado de alarma. Pero no han hecho nada. Llevan más de un año ausentes en la gestión de la pandemia". Estas palabras proceden del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la región que más crítica ha sido con Moncloa desde que comenzó la pandemia. "El Gobierno no ha ejercido su responsabilidad, y a eso se le llama dejadez política", suscribía el consejero madrileño de Justicia, Enrique López.

La Comunidad de Madrid es otra de las que rechaza, en este caso públicamente, los estados de alarma a la carta que propone el Ejecutivo, y descarta además solicitar aval judicial para imponer el toque de queda. Tampoco variará su decisión de ampliar el cierre de la hostelería a las 12 de la noche. Enrique López ha sido precisamente el encargado de reiterar la posición del ejecutivo regional después de que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, pusiese de nuevo en el foco a Díaz Ayuso y le exigiese reinstaurar el toque de queda para evitar nuevas fiestas y concentraciones masivas, especialmente de cara a la celebración de San Isidro que tiene lugar este fin de semana.

También Andalucía o la Región de Murcia se qujearon este lunes de la falta de "coordinación" y "liderazgo" del Gobierno. "17 formas distintas de luchas contra el virus mientras que Sánchez sigue eludiendo sus responsabilidades", expresaba por ejemplo el presidente murciano, Fernando López Miras.

Moncloa en general y el ministro de Justicia en particular también recibieron críticas procedentes de País Vasco, y más concretamente del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, a su vez socios habituales del Gobierno de coalición. El dirigente vasco declaró haberse quedado "atónito" tras escuchar la propuesta del Ejecutivo central. "No tiene sentido mantener el estado de alarma sólo en algunas comunidades autónomas. En este año y medio de pandemia hemos comprobado lo rápido que cambian los números. Lo suyo era mantenerlo en todo el Estado", criticaba.

"Una nueva ola supondría un adiós para algunos"

Antes de que el ministro de Justicia se rectificase a sí mismo este lunes, otros barones del PSOE criticaban veladamente la negativa que ha mantenido Sánchez a construir una alternativa jurídica al estado de alarma antes de que decayese oficialmente en todo el país. El más crítico en este sentido fue Emiliano García-Page, que lanzó un duro reproche al Gobierno central por no haber dispuesto de "medidas de control" ante posibles repuntes. "Ojalá no se produzca una nueva ola importante en España", ya que "a algunos les supondrá un adiós", en referencia velada al propio presidente del Gobierno. En esta misma línea, pero sin adornos, se expresó también el vicepresidente de Castilla y León. "Si se tiene que volver al estado de alarma" por un descontrol en los contagios, "el Gobierno debe dimitir", suscribía.