Este miércoles, el Congreso ha sido testigo del primer enfrentamiento entre Gobierno y oposición después de los resultados del 4-M, que dieron la vuelta al tablero político autonómico y nacional; y del fin del estado de alarma que ha venido acompañado de un enorme caos jurídico por los diferentes criterios emitidos por los tribunales de justicia regionales. Ese desconcierto autonómico ha sido precisamente la punta de lanza que ha utilizado el PP para arrinconar al Gobierno que, una vez más, se ha enrocado en su posición y ha descartado abrir la puerta a reformas legales para otorgar mayor seguridad jurídica a los ejecutivos autonómicos a la hora de afrontar la pandemia.

En concreto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazado frontalmente la petición de la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que ha pedido al Ejecutivo que "deje de bloquear" el 'plan B' jurídico que registraron los populares hace casi un mes, y al que el Gobierno debe dar conformidad para que comience su tramitación en las Cortes. "Están de los nervios, porque ven que la mala gestión de la pandemia se les lleva por delante", reprochaba la diputada del PP.

"Este Gobierno va a mantener incólume la calidad del estado de derecho", argumentaba Calvo, que ve en el plan alternativo que propone el principal partido de la oposición un intento de "limitar los derechos de las comunidades". "Este Gobierno lo quiere todo en A", insistía la vicepresidenta primera, que admitía que la propuesta del PP "nos inquieta" porque implica en última instancia impedir que la decisión recaiga en los ejecutivos regionales y en los tribunales de Justicia.

La negativa del Gobierno a pactar una modificación legal con las distintas fuerzas parlamentarias enfurece a algunas autonomías que denuncian que el caos y las aglomeraciones son producto del fin del estado de alarma -que impide decretar toques de queda o prohibir los encuentros sociales- sin una alternativa jurídica, y que ha provocado una cascada de sentencias contradictorias de los distintos tribunales autonómicos. La intención del Ejecutivo es que sea el Tribunal Supremo el que unifique doctrina sobre las restricciones, y se aferra a la tesis de que el país se encuentra en la "recta final" de la pandemia, a escasos 100 días para conseguir la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada.