El sindicato Justicia Policial (Jupol) reconoce la existencia de "gastos no justificados" por parte del hasta ahora secretario general, José María García, contra el que se han rebelado cinco de los seis integrantes de la dirección en lo que supone la mayor crisis que vive la organización desde su constitución hace tres años al calor de la reivindicación de la equiparación salarial.

En un comunicado, la comisión transitoria de Jupol anuncia la celebración el próximo 2 de junio de una asamblea extraordinaria en la que se votará la reprobación y cese de José María García y la convocatoria de elecciones anticipadas a la mayor brevedad posible para elegir al nuevo comité ejecutivo nacional y acabar con la situación de interinidad desde que la mayoría del comité ejecutivo dio el primer paso el pasado 5 de mayo para desplazar al líder.

El sindicato de Jusapol en la Policía Nacional ve en el "modo de gestión personalista" de la organización uno de los motivos del desencuentro. El otro es el hallazgo de gastos no justificados, alejados -dice- del "espíritu de eficiencia, transparencia y responsabilidad que ha caracterizado al resto de los miembros de la junta directiva de esta organización sindical".

De momento, no ha trascendido ni la naturaleza de los gastos que el secretario general ha cargado al sindicato de manera supuestamente indebida ni si los rectores han puesto ya los hechos en conocimiento de la autoridad judicial ante la posibilidad de que aquél hubiera podido cometer un delito de administración desleal. La nota sí revela que el presidente del Comité de Garantías, Derechos y Finanzas del sindicato, Francisco Javier Martínez Castilla, ha pedido que se reintegre a García en su puesto "en una decisión arbitraria y subjetiva" y que se le entreguen a aquél las llaves del vehículo del que disfrutaba como secretario general y se le dé nuevamente acceso a las cuentas del sindicato.

"Una decisión que no hace más que mostrar que los únicos intereses del hasta ahora secretario general son mantener los privilegios que se atribuyó y los gastos que venía realizando como dirigente del sindicato y que se han detectado recientemente por el resto de miembros de la junta directiva, y que por responsabilidad han precipitado estas actuaciones", agrega el comunicado. Este documento ha sido enviado a las 16.30 horas por correo electrónico a todos los afiliados.

Petición de las cuentas

Como viene informando El Independiente, la ruptura se ha producido después de que un afiliado interpusiera una demanda con la que pretende que un juez condene al sindicato y a su todavía secretario general a detallar tanto los gastos imputados por éste a las tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización como todos los contratos firmados desde 2019. El sindicato sigue sin dar a conocer lo resultados de la auditoría externa bimestral, a la que le obliga su código ético.

El demandante acudía a los tribunales después de pedir sin éxito la documentación económica al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité de Garantías, Derechos y Finanzas de Jupol, órgano éste que le respondió que no había observado "ninguna incidencia" que justificara su actuación ante las supuestas irregularidades denunciadas -como "dispendios en viajes y comidas", alquiler de un coche de alta gama y compra de cuentas bots para "silenciar las críticas y quejas de los afiliados"- al no aportarse ningún indicio que demostrara los hechos relatados.

El último ejercicio sobre el que Jupol ha ofrecido datos económicos es el correspondiente a 2019, cuando los "gastos de desplazamiento y representación" fueron la tercera partida más gravosa del sindicato al suponer el 14,79 % del total (sólo superado por la contratación del seguro de cobertura para sus afiliados y el coste en abogados y asesoría). El sindicato no detalló entonces a cuánto ascendieron sus gastos, tan sólo sus ingresos: 1.322.687,72 euros, cuatro veces más que en 2018 (344.245 euros) al haber empezado a contabilizar las subvenciones que concede el Ministerio del Interior para financiar la actividad sindical y la asistencia a reuniones.

En las últimas semanas, José María García ha tratado sin éxito de relegar al número dos, Aarón Rivero, y de crear tres nuevas secretarías en el comité ejecutivo nacional. Ese plan ha topado con la oposición de la asociación Jusapol, que no consideraba necesario dichos cambios y que era partidaria de convocar una asamblea extraordinaria para que los socios pudieran expresarse.

"Mecanismos de control fuertes"

Junto con la posible renovación de la dirección, Jupol anuncia ya que llevará a cabo una reforma para "garantizar mecanismos de control fuertes" dando más peso a Jusapol y a los secretarios provinciales, a fin de neutralizar el poder que logró arrogarse el secretario general con la modificación estatutaria impulsada en enero de 2020 y "evitar que situaciones como las vividas se vuelvan a repetir".

En la demanda, el afiliado que ha reclamado las cuentas acusa precisamente a García de propiciar un cambio de los estatutos para "suprimir los controles económicos y financieros" de la organización y tomar el control de las funciones atribuidas hasta ese momento a la Secretaría de Finanzas. "Desde ese momento es el único que tiene las claves de las cuentas, dispone de los fondos y autoriza los pagos y gastos del sindicato", señala.

Desde las elecciones celebradas en junio de 2018, Jupol es la organización con mayor representación en el Consejo de Policía al ostentar ocho de las 14 vocalías. Según informa en su web, el sindicato cuenta en la actualidad con 25.826 afiliados, lo que representa más de una tercera parte de los agentes que integran el Cuerpo Nacional.

La crisis en el comité ejecutivo de Jupol se produce en vísperas de que la Dirección General de la Policía materialice la sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo a José María García como autor de dos faltas, una grave y una muy grave. Esta última ha sido por ejercer como socio y administrador único de una empresa familiar durante dos años y medio sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad.