"Confiamos en el Tribunal Supremo para que avale lo que tiene que avalar", aseguran fuentes del Gobierno respecto a la cascada de sentencias contradictorias de distintos TSJ de España a la hora de imponer, por ejemplo, toques de queda para controlar la pandemia. En el País Vasco, Navarra y Canarias han dictaminado en contra; en Baleares y Valencia, a favor; en Andalucía, según los sitios... en definitiva, "una sensación de caos y de descontrol" de la que algunos miembros destacados del Gobierno, no necesariamente de Unidas Podemos, culpan a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Fue Calvo, en calidad de ministra de la Presidencia, la que puso sobre la mesa del Consejo de Ministros la semana pasada un decreto que permitía a los gobiernos autonómicos acudir al Supremo en caso de que sus TSJ les tiraran abajo medidas restrictivas de derechos fundamentales, recuerdan algunos miembros del Gobierno. "Ese era todo el 'plan b'". Ni las reformas legales comprometidas con Ciudadanos, ERC y PNV, ni prórroga del Estado de Alarma, vías cegadas por el propio Sánchez.

El objetivo es impedir las escenas de fiestas y aglomeraciones sin control del fin de semana pasado

Pero la decisión de residenciar toda la responsabilidad en el Supremo está cosechando críticas internas, mientras que en público y privado se insiste en que la sala de lo contencioso-administrativo «resolverá de forma favorable a lo que pidan los territorios», según dijo ayer la ministra María Jesús Montero, lo que es mucho suponer.

La sensación de caos se va adueñando de las Comunidades autónomas, la mayoría de las cuales considera el toque de queda como la piedra angular de control de la pandemia para impedir, además, las escenas de fiestas y aglomeraciones que se vivieron el pasado fin de semana en muchos puntos de España.

Precisamente, ese era uno de los argumentos del Gobierno de Navarra, evitar los botellones. Pero el tribunal territorial ha estimado que el control de este tipo de reuniones "no necesita ni exige una medida tan invasiva en los derechos fundamentales (...) El control del ‘botellón’ se puede realizar con aplicación de la legislación ordinaria (lo mismo que se hacía antes de la pandemia) no necesitando de la aplicación de la legislación sanitaria extraordinaria».

Limitar derechos, "el último recurso"

Coincide el Gobierno que la limitación de la libertad de tránsito o el confinamiento perimetral de una Comunidad "debe ser el último recurso" de las Comunidades autónomas. "No puedes pedir el toque de queda y luego no cerrar las discotecas hasta las tres de la mañana", apuntan quizá a sabiendas que el Supremo no es la mejor de las soluciones para una situación que necesita de decisiones del Ejecutivo y del legislativo.

A juicio de Moncloa, la actitud de no pocos territorios denota cierta cobardía. Apuestan, dicen, por la restricción generalizada de movimientos "para no enfrentarse a determinados colectivos" como el de la hostelería o el ocio nocturno, estos últimos con respiración asistida desde que estalló la pandemia. En definitiva, "no pueden ir a lo fácil" sin antes agotar todos y cada uno de los instrumentos de que disponen .

De momento, sólo Canarias ha anunciado que acudirá al alto tribunal

De momento sólo Canarias ha anunciado su intención de acudir al alto tribunal, que deberá unificar doctrina y que ha recibido este encargo con un malestar indisimulable de sus miembros, aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya se ha preparado para recibir los recursos que vayan llegando.

Cree el Supremo que con la modificación del la ley 29/1998 de la Jurisdicción contencioso-administrativa para que los gobiernos regionales puedan recurrir en casación las decisiones de los TSJ es una manera que tiene el Ejecutivo de eludir sus funciones para derivar la responsabilidad en último caso al alto Tribunal. Y no parece que eso, a tenor tanto de las manifestaciones que hizo Pedro Sánchez en una breve comparecencia junto al presidente argentino, Alberto Fernández, y después Montero, vaya a cambiar.

Asimismo, están convencidos de que las Comunidades autónomas no pedirán estados de alarma territoriales, una vez que el propio Sánchez ha calificado este instrumento de "pasado". "No creemos que nadie lo vaya a traer a la mesa del Consejo de Ministros sin motivo", subrayan.