El Gobierno defiende que los opositores a policía nacional han de saber "discernir" las palabras que están incluidas en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) de las que no figuran no sólo como demostración de su capacidad ortográfica, sino porque es un conocimiento "útil" que les servirá si ingresan en el Cuerpo por la "alta carga de trabajo documental" que realizan los agentes en su labor diaria.
Así se expresa el Ejecutivo en la respuesta a una pregunta parlamentaria con la que el grupo del PP en el Congreso de los Diputados, haciéndose eco del malestar expresado por muchos aspirantes del último proceso selectivo, trataba de conocer si el Ministerio del Interior se plantea "otro tipo de prueba ortográfica" para evaluar estos conocimientos a la vista de la polémica suscitada.
"El hecho de que un opositor sepa discriminar palabras mal escritas o discernir aquellas palabras que están, o no lo están, incluidas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es una forma válida y objetiva de demostrar los conocimientos ortográficos de los candidatos y efectivamente útil para la tarea que deberán desarrollar en su futuro profesional, dada la alta carga de trabajo documental que deben tramitar los funcionarios de la Policía Nacional en sus labores diarias", razona el Gobierno.
A la luz de esta respuesta, los futuros policías deben conocer las más de 94.000 palabras que componen el Diccionario -según ha informado la Academia a este diario- para poder superar la prueba de ortografía. Los opositores han de marcar en un plazo máximo de ocho minutos si los 100 vocablos están bien o mal escritos, restando un acierto por cada fallo.
Numerosos aspirantes se han quejado de que el contenido del cuestionario de las últimas oposiciones no permite realmente evaluar los conocimientos ortográficos. Ello les ha llevado a interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la Policía para solicitar la nulidad de la prueba por vulnerar supuestamente los principios de mérito y capacidad, paso previo a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Palabras 'trampa'
"La División de Formación y Perfeccionamiento [de la Policía Nacional] genera una clara indefensión al opositor, puesto que dicha prueba deja de ser una prueba de ortografía, ya que obliga al opositor a a conocer las aproximadamente 90.000 palabras que contiene el Diccionario, siendo esto considerado un imposible y abocando al opositor a una prueba memorística y no a una prueba de ortografía donde se tengan en cuenta sus conocimientos", defienden los aspirantes en su recurso.
En esta ocasión, el malestar radica en la inclusión de numerosos términos -como outlet, desjudicializar, prepago, kinegrama, sindemia, quillo, resetear, de cúbito, superfino, endocraneal y desfibrilar– que no están incluidos en el Diccionario de la RAE pese a ser algunos de ellos de uso habitual. Como ha informado este diario, tan sólo 3.956 de los 16.255 opositores que se presentaron lograron en el examen la nota mínima (el 25 %), pese a que el tribunal de calificación -haciendo uso de la facultad que expresamente había indicado en las bases- rebajó de 5 a 3,5 la puntuación exigida.
Lejos de considerar las críticas de aspirantes, opositores y sindicatos policiales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que la prueba ortográfica para el ingreso en la Policía Nacional se basa "en métodos objetivos" y que no hay procedimiento "más fiable" que el diccionario de la RAE. "La prueba ortográfica a la que se refiere la presente iniciativa se considera un medio adecuado y necesario para seleccionar a los candidatos entre el elevado número de opositores que se presenta al proceso selectivo", zanja.
El Gobierno sostiene que no hay método "más fiable" para evaluar los conocimientos ortográficos que el diccionario de la RAE
A la espera de que el director general de la Policía resuelva los recursos de alzada, rechazando previsiblemente los argumentos de los reclamantes, la prueba de ortografía ha abierto otro frente. La Oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio tras la denuncia presentada el pasado 10 de marzo por la Confederación Española de Policía (CEP), que considera que el tipo de examen planteado "en ningún caso puede configurarse como indicador fiable de sus conocimientos ortográficos".
"Puede darse la paradoja de que un futuro policía conozca perfectamente si una palabra tiene entrada o no en el citado diccionario y, por el contrario, sea incapaz de escribirla correctamente", sostiene este sindicato, para quien lo que se está exigiendo realmente es el "dominio de una mecánica memorística en relación con palabras que aparezcan o no en la citada referencia bibliográfica".
El pasado 29 de marzo, la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer y Casals, confirmó a la CEP que se habían iniciado las actuaciones dirigiéndose a la Dirección General de la Policía para que -entre otros aspectos- detallase "los criterios en los que se ha asentado la formulación de la referida prueba". No ha trascendido aún su pronunciamiento.
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