La negociación del último estado de alarma, en octubre del año pasado, supuso para el Ejecutivo un enorme desgaste a efectos políticos, pero no sólo. También costó dinero y mucho, a decir de destacados miembros del Gobierno de coalición. Lo cierto es que la votación se saldó con un enorme triunfo parlamentario para Pedro Sánchez, pues el decreto recibió el respaldo nada menos que 194 diputados frente a la abstención del PP y el rechazo de Vox.

Pero para llegar hasta ahí “tuvimos que mendigar el voto”, admiten fuentes gubernamentales, y cuanto mayor era la necesidad de sacar el decreto adelante mayor era la exigencia de los grupos independentistas, nacionalistas y regionalistas en inversiones, infraestructuras y competencias para sus respectivos territorios. El respaldo, pues, tenía un precio “y se exigían cosas que nada tenían que ver con el contenido del decreto”, se quejan.

No quieren cuantificar cuál fue el montante final que supuso esa negociación, ni poner ejemplos de las exigencias que los distintos grupos parlamentarios colocaron sobre la mesa para su voto afirmativo. Pero esos antecedentes, más la negativa expresa del PP, tuvieron mucho peso a la hora de cercenar de raíz la vía de la prórroga del estado de alarma que terminó el pasado día 9, contra el criterio de algunas comunidades como el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Andalucía o la Región de Murcia.

“Nos dejamos el hígado", dicen sobre la negociación del último estado de alarma

“Nos salió muy caro, nos dejamos el hígado, sobre todo el Ministerio de Hacienda. Nada costó más dinero”, insisten de manera harto gráfica los mismos medios consultados por El Independiente. Ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista querían abrir, pues, una nueva negociación, ni siquiera con aquellos grupos, como el PNV, que, en teoría, hubieran apoyado la prórroga, ante el temor bien, de no sacar adelante la votación o de volver a pagar un precio muy alto para conseguirlo. Además, arguyen que "en pleno proceso de vacunación, tampoco es necesario acudir a una medida de excepcionalidad".

Por eso entre otras cosas, se decretó un estado de alarma de seis meses, para no ir al Parlamento cada quince días, como en la primera ola de la pandemia, con negociaciones que acabaron siendo agónicas en cuanto el PP les retiró su apoyo para la quinta y sexta prórrogas. Además, la intención inicial del Gobierno es que fueran los presidentes autonómicos los que rindieran cuentas de la gestión contra el Covid ante sus respectivas Asambleas, y una de las concesiones que Moncloa tuvo que hacer a ERC, esta gratis, es que Sánchez compareciera en el Congreso cada dos meses.

En cuanto al “plan b jurídico” de Pablo Casado, que el Gobierno tiene sobre la mesa desde hace semanas, se muestran muy críticos. Dicen del mismo que no garantiza el control judicial en la restricción de derechos fundamentales, de lo que sólo se habla en el preámbulo “por lo que no tiene carácter normativo”. Es más, llegan a aventurar que pudiera ser “anticonstitucional dejar en manos de las autonomías” cuestiones tan sensibles como la libre circulación de los ciudadanos o el toque de queda.


Y hasta sospechan que una reforma de esta entidad, a través de la modificación de la ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, podría ser utilizada de forma espuria por algunos territorios o partidos políticos. Apuntan a que nada impediría a una comunidad "cerrar sus fronteras con el pretexto de mantener el orden público" y citan expresamente a Cataluña. Pero también hablan de Vox, que aunque, hoy por hoy, no gobierna en ningún territorio, quien sabe si en un futuro lo hace "y a nosotros nos genera gran inquietud que una decisión de estas características no pase por un tribunal de Justicia".

Creen que el "plan b jurídico" del PP "es pobre y escaso"

La propuesta del PP les parece pues, además de "pobre y escasa", poco acorde con el orden constitucional, e insisten en que será el Supremo el que unifique doctrina, pues no hay "plan b" salvo el de la vacunación, vacunación, vacunación.

Los populares registraron su propuesta el pasado 14 de abril, pero sólo una vez calificada por la Mesa del Congreso comienza a correr el plazo de un mes para que el Gobierno dé su plácet o no al objeto de iniciar la tramitación parlamentaria. Todo apunta a que no se dará mucha prisa, lo que lleva el calendario al 1 de junio.