Nadie los reclama en público. No figuran en las proclamas de partidos políticos ni en las campañas de movilización de la izquierda abertzale. Ellos también están alejados de Euskadi pero no cuentan con el altavoz de los presos de ETA. Al contrario que estos, su dispersión y alejamiento del País Vasco no responde a una directriz seguida por el poder Ejecutivo y el judicial desde hace más de tres décadas. Pero sus familias, sus hijos y sus parejas también deben recorrer semanalmente cientos de kilómetros si quieren visitarles. Los presos vascos ‘comunes’, no condenados por delitos de terrorismo, triplican en número a los presos de la banda. Si Euskadi quisiera absorberles en algunos de los tres centros penitenciarios existentes en el País Vasco a partir del 1 de octubre –cuando ejercerá de facto la gestión de las cárceles vascas- no tendría capacidad para hacerlo.   

En la batalla de la dispersión el objetivo prioritario, al menos en su primera fase, parece cumplido. Los presos de ETA ya han sido acercados a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Apenas queda una decena de ellos cumpliendo condena en centros alejados más allá de Madrid.

La población reclusa con arraigo en Euskadi y que se encuentra encarcelada lejos del País Vasco es muy superior a la que representa el colectivo de ETA. Lo ha sido desde hace muchos años, no sólo a partir de 2018, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a desmantelar la política de alejamiento. Los traslados que semanalmente se aplica a los presos de ETA, en decenas de casos para su ingreso en cárceles vascas, la reducido el número de internos de la banda que cumple condena lejos del País Vasco.

Entre los algo más de 58.000 presos que cumplen condena en las cárceles españoles, 1.393 cuentan con residencia en Euskadi. De ellos, algo más de la mitad, 786, -entre ellos una cuarentena de presos de ETA-, cumple condena en alguna prisión vasca: Zaballa, Basauri o Martutene. Según datos de Instituciones Penitenciarias, el resto, 605, son internos con residencia en el País Vasco pero que cumple condena firme o se encuentra en régimen preventivo a la espera de juicio, en alguna prisión de fuera de Euskadi. Entre ellos, alrededor de 150 son presos vinculados a ETA pero el resto, algo más de 450, son condenados por otro tipo de delitos.

Dispersiones forzadas o voluntarias

Desde 1989 los sucesivos Gobiernos de España han aplicado la política de alejamiento que diseñó el PSOE para evitar la concentración de militantes de ETA en las cárceles. La medida se concibió para evitar el llamado ‘frente de cárceles’ con el que la dirección de ETA controlaba a sus militantes. La ley establece que de modo prioritario se debe facilitar el ingreso de un condenado en una cárcel próxima a su lugar de residencia para evitar el desarraigo y contribuir con ello a su futura reinserción. En el caso de ETA esa recomendación se desactivó. No ha sido hasta el verano de 2018 cuando otro Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, ha decidido dejar sin efecto, al menos parcialmente, esta práctica.

En estos momentos quedan 192 presos de ETA en prisión. La mayor parte se encuentra en cárceles próximas a Euskadi como Logroño, Cantabria, Pamplona o Zaragoza, además de los tres centros del País Vasco. A partir del 1 de octubre será el Gobierno vasco el encargado de gestionar los centros penitenciarios.

El resto de reclusos vascos condenados por otro tipo de delitos también se encuentran dispersos en cárceles alejadas del País Vasco. En su caso el alejamiento no responde a una decisión predeterminada. La razón puede ser variada. Fuentes de Instituciones Penitenciarias señalan que abarca desde casos por una posible “saturación o incapacidad en los centros vascos para acoger ese perfil de condenado, hasta una sobrecarga de los centros, haber cometido el delito en otra comunidad autónoma, estar en fase preventiva, estar pendiente de juicio o por expreso deseo del interno, entre otras causas.

Cárceles sin plazas suficientes

Hace ahora justo un año el entonces secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, estimó en algo menos la población con arraigo vasco ingresada en cárceles alejadas del País Vasco. Entonces cuantificó en cerca de 200 los que pertenecían a ETA y en otros 130 el resto de presos. En aquella ocasión, Fernández se refirió por primera vez a los viajes semanales que no sólo las familias de los presos de la banda terrorista debían hacer para visitarles sino “también el resto”.

Lo hizo para reclamar el acercamiento de todos pero esgrimiendo motivos de salud y de lucha contra la pandemia. Señaló que ante las limitaciones a la movilidad entre comunidades autónomas a la que obligaba los confinamientos y cierres perimetrales sería recomendable el acercamiento de todos ellos. Los últimos datos facilitado por el Ejecutivo vasco a ‘El independiente’ cifran en 360 los presos que además de tener residencia en Euskadi también figuran como nacidos en el País vasco. De ellos, descontados los algo menos de 150 presos de ETA –pese a que algunos no han nacido en Euskadi- que aún cumplen condena en cárceles que no son vascas, serían cerca de 200 los presos de origen vasco y con residencia en Euskadi cumpliendo condena fuera del País Vasco, según los datos del Ejecutivo vasco.

La capacidad actual de las tres cárceles no sería suficiente si todos los presos vascos tuvieran que cumplir su condena en un centro vasco. La suma de plazas de Basauri, Zaballa y Martutene ronda las 1.300. Actualmente cuatro de cada diez internos en centros penitenciarios vascos procede de fuera del País Vasco. En muchos casos, de algún país extranjero. En España el 28% de la población reclusa lo es. De este modo, con la capacidad de los tres centros vascos no se podría absorber a todos los presos con residencia acreditada en Euskadi. Está previsto que en 2023 en San Sebastián se pueda inaugurar la nueva prisión de Zubieta, que tendrá el doble de capacidad que la prisión de Martutene, hasta rondar las 500 plazas.