La Dirección General de la Policía ha cifrado en 97 el número de mandos que reside actualmente en viviendas oficiales, lo que en la práctica supone una retribución añadida al sueldo que perciben estos agentes pertenecientes a las escalas ejecutiva y superior. Algunos sindicatos consideran que se trata de un privilegio heredado "de tiempos no democráticos" y piden su abolición.

En cumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la dirección del Cuerpo Nacional ha accedido finalmente a facilitar el número de funcionarios de libre designación con 'casa gratis', después de que en un principio hubiera recurrido al silencio administrativo para no ofrecer el dato. El Ministerio del Interior tampoco respondió a Transparencia cuando le ofreció la posibilidad de formular alegaciones tras la presentación de la reclamación.

La petición se dirigió el pasado 19 de octubre a fin de conocer el número de funcionarios y empleados de libre designación del Cuerpo Nacional de Policía que reside en viviendas que son propiedad del Estado o cuyo alquiler paga la Administración central, así como el rango o el cargo del puesto desempeñado y el coste mensual que comporta el arrendamiento, mantenimiento y limpieza de dichos inmuebles para el presupuesto público.

En la respuesta, ofrecida dos meses después de que expirara el plazo máximo que le había dado el CTBG, la Dirección General de la Policía asegura que "no se devenga coste extraordinario alguno" y se refiere genéricamente a "funcionarios en puestos que se rigen por libre designación", sin especificar -como se solicitaba de forma expresa- el "rango" o cargo que ocupan.

Las fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que los agentes a los que por lo general se le facilita vivienda oficial son inspectores jefe, comisarios o comisarios principales, sin que puedan beneficiarse de esta prerrogativa los policías pertenecientes al resto de escalas: subinspección (subinspectores) y básica (policías y oficiales de policía).

El CTBG avaló la reclamación tras considerar que los datos solicitados constituyen "información pública" y su conocimiento permite conocer cómo se gestionan los recursos públicos, lo que entronca plenamente con el espíritu de la Ley de transparencia. "Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos", proclama el preámbulo de esta norma.

El sindicato ARP pide que se elimine este privilegio, heredado de "tiempos no democráticos" y sin norma que lo regule

Desde el pasado otoño, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene sobre su mesa la propuesta de un sindicato policial para que se elimine este privilegio y se destinen dichas viviendas a usos que redunden en el conjunto del colectivo y no en beneficio de unos cuantos funcionarios, como viene ocurriendo desde hace años.

En concreto, la iniciativa la planteó la Agrupación Reformista de Policías (ARP), que pidió el 19 de octubre de 2020 que se analizara su viabilidad en la Comisión de Personal y Proyectos Normativos del Consejo de Policía. La organización sindical denuncia que no existe ley o norma interna en el Cuerpo que regule la disposición de esos inmuebles, que es una herencia preconstitucional y que supone un agravio para otros funcionarios.

En este sentido, la ARP propone que estas viviendas -muchas ubicadas en las sedes de comisarías provinciales y jefaturas superiores- se habiliten como lugar de descanso durante la jornada laboral, como vestuarios para paliar el "hacinamiento de taquillas" que se registra en algunas dependencias o como guarderías para ayudar a que muchos policías puedan "conciliar la vida familiar" con la profesional.

"El ahorro económico por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad, en caso de aceptarse la abolición de estas viviendas de uso privativo, iría al capítulo importante de incrementar presupuestos para material de autoprotección (chalecos antibalas-anticortes, pistolas eléctricas Taser...)", exponía en el escrito el coordinador legal de la ARP, Manuel Soler. Éste asegura que, siete meses después, no ha recibido respuesta.