El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado adoptar medidas cautelares como la prohibición de salida del país al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, cuya entrada en España para recibir asistencia sanitaria ha abierto una crisis con Marruecos.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia ha desestimado las medidas cautelares solicitadas contra Ghali, que se encuentra en el Hospital San Pedro de Logroño desde el pasado mes de abril, cuando entró en España para recibir tratamiento médico por Covid-19.

Además de la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de España, el juez tampoco ha acordado medidas de vigilancia y custodia contra Gali, y también ha declinado solicitar, a petición de la Fiscalía, que un médico forense le examine, después de que un informe apuntase a que podría tener afectadas facultades de entendimiento, si bien abre la puerta a que su defensa lo solicite.

La decisión del magistrado se ha conocido en un momento de crisis migratoria, con la entrada de unos 6.000 inmigrantes en las últimas horas de forma ilegal en Ceuta.

Pese a las tensiones que la presencia de Gali en España desató con Marruecos, el Gobierno ha considerado este martes que la llegada masiva de inmigrantes no se puede achacar solo a la presencia del líder del Frente Polisario en España, ya que las crisis migratorias "responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto".

Por otra parte, según ha avanzado La Razón y confirman a Efe fuentes jurídicas, el juez también ha acordado reabrir la causa que comenzó en 2008, tras una querella de la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), por presuntos delitos como genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.

Ghali, de 71 años, está citado el próximo 1 de junio para responder por otra querella, la que le interpuso el bloguero Fadel Mihdi Breica, ciudadano español de origen saharaui, por presuntos delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad.

Breica, que estuvo preso en una cárcel del Polisario, denunció las "amenazas" y torturas que sufrió en 2019, cuando llegó a los campamentos polisarios de Tinduf (Argelia) y fue "sometido a golpes y descargas eléctricas", según la querella.