La Unión Federal de Policía (UFP) ha pedido este martes la dimisión de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, por haber roto el pacto con Marruecos en materia de inmigración que ha provocado, a su entender, la llegada masiva de migrantes a Ceuta en las últimas horas.

Este sindicato ha expresado que tanto Argelia como Marruecos ejercen de "tapón de África", ya que son las fuerzas de seguridad de estos dos países las que impiden que "millones de africanos de todo el continente alcancen las costas europeas", han señalado en un comunicado. Durante los últimos 40 años, con "sus luces y sus sombras", el reino alauí ha ejercido de "guardián de Europa", han indicado.

La UFP ha sostenido que este equilibrio migratorio se ha mantenido gracias al pago que ha venido haciendo España a Marruecos y Argelia para retener en el tramo del Magreb a los migrantes que provienen de los países del Sahel, con el objetivo de que no crucen las fronteras europeas. Para este sindicato de la Policía Nacional, esa es "la pieza clave para que la situación no se desborde" y Marruecos acepta ese acuerdo con la condición de que los países europeos no se inmiscuyan en el conflicto que mantiene con el Sahara Occidental desde 1975.

Sin embargo, el Gobierno de coalición ha tensado la relación con Marruecos en las últimas semanas al haber acogido "por razones humanitarias", según alegan, al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que fue trasladado a finales de abril al Hospital San Pedro de Logroño con una afección grave provocada por el coronavirus. El reino alauí declaró hace dos semanas que "deplora la actitud de España" por asistir al mandatario saharaui, que cuenta con causas abiertas ante la Justicia española por presuntos delitos de torturas, entre otros, en los campos de refugiados de Tinduf.

La UFP ha afirmado que España -con esta actuación que beneficiaría a Argelia, uno de los mayores suministradores de gas natural a nuestro país- ha roto el pacto que tenía con Marruecos y tilda de "infantil" la respuesta que dio ayer a última hora González Laya tras la avalancha de migrantes. La titular de Exteriores dijo que las autoridades marroquíes le habían asegurado que estos incidentes no eran fruto «de ningún desencuentro», en referencia a la acogida de Brahim Gali. "No concibo que se pueda poner voluntariamente en peligro la vida de jóvenes y de menores en respuesta a una acción humanitaria", añadió al respecto.

Asimismo, este sindicato ha cargado contra los principales partidos de la oposición a nivel nacional, PP y Vox. Han criticado la "tibieza" del Partido Popular, cuyo líder, Pablo Casado, se desplazó al puerto de Algeciras el día 1 de agosto de 2018 "para hacerse la foto dándose la mano con los inmigrantes irregulares llegados al puerto después de haber burlado a nuestras fuerzas". Además, han señalado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, expone "en repetidas ocasiones en sus mítines de manera infantil" y "sin tener ni la más mínima noción del problema de la inmigración irregular" que si su partido ganase las elecciones construiría "un muro de cemento que encima lo pagará Marruecos". En este sentido, el sindicato asegura que Marruecos es ya de por sí
"nuestro muro de contención".

Jusapol solicita personal y "órdenes claras" en Ceuta

El sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil han solicitado esta mañana al Ministerio del Interior que envíe a Ceuta un refuerzo de personal y han asegurado que la dotación de 150 agentes de la Policía Nacional y 50 de la Guardia Civil "es claramente insuficiente para controlar una llegada masiva de personas".

El portavoz de Jucil, Agustín Leal, ha pedido que sean los mandos los que "asuman el control de la situación y den órdenes claras y contundentes que permitan frenar cualquier foco de violencia". En varios vídeos grabados en el Espigón del Tarajal se ha visto cómo algunos migrantes han lanzado piedras contra los agentes. Del mismo modo, desde Jupol Ramón del Campo ha instado a la Dirección General de la Policía a que "dote a los agentes de todos los medios necesarios para garantizar" su seguridad y la de la ciudadanía en general "ante el inicio de acciones violentas".

Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha tratado de evidenciar el "error" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha desoído las "continuas peticiones" de esta organización de "reforzar las plantillas policiales en Ceuta y Melilla. Según han indicado, la plantilla de seguridad se reduce a 500 agentes para vigilar un territorio en el que viven 85.000 ciudadanos, a los que se suman, tal y como han señalado en un comunicado, las 30.000 personas que "a diario cruzan la frontera cuando no hay restricciones por la pandemia". Han denunciado, así, el "desamparo institucional" que sufren los efectivos policiales.