El modelo penitenciario vasco que ultima el Gobierno vasco contempla ofrecer trabajos remunerados a los presos para agilizar sus procesos de reinserción. La Administración vasca, que asumirá la gestión penitenciaria a partir a octubre, está cerrando el diseño del llamado ‘Modelo Penitenciario vasco’ en el que se potenciará la formación de los internos, su cualificación profesional y, en colaboración con las Diputaciones y los ayuntamientos, se les insertará en programas de trabajo remunerados. Está previsto crear talleres productivos para dar trabajo a las personas presas y comercializar los productos y servicios que lleven a cabo en esa fase final de su condena.

El modelo integrará por primera vez programas de formación, de reeducación y ocupación. Se hará además potenciando para ello los regímenes de semilibertad en la última etapa de cumplimiento de las penas. El Gobierno vasco quiere que haya un mayor número de presos en esta situación. Se plantea a partir de condenas superiores s cinco años. En esas fases se quiere intensificar los planes de formación y cualificación que se les brinda para favorecer con ellos su reingreso en la sociedad. La semilibertad y la preparación de los internos desde el punto de vista profesional se confía en que facilite la autonomía laboral de los internos una vez recuperen la libertad, lo que se considera que facilitará alcanzar mayores cuotas de éxito en su reinserción.

Por ahora no se ha cerrado con detalle cómo serán estos programas de empleo pero se analiza fórmulas similares a las empleadas en el tratamiento de la política penitenciaria que el Gobierno vasco ya aplica a los jóvenes en centros de menores. Las tres cárceles vascas habilitarán talleres productivos en distintos ámbitos así como explotaciones agrarias con las que poder aprender un oficio y percibir una primera remuneración que facilite su vida fuera de prisión. También se contempla plantear actividades fuera de los centros penitenciarios.

Los técnicos del Ejecutivo señalan que a mayor reinserción, menor ratio de reincidencia y mayores cuotas de seguridad en la sociedad: “Una persona reinsertada o incluida de modo exitoso en una sociedad respeta las normas penales”. En el objetivo final se plantea establecer mecanismos de participación y coordinación entre los departamentos de Justicia, Educación, Salud, Empleo y Servicios Sociales, además de las Diputaciones y los consistorios. El Gobierno de Urkullu plantea por ahora que no se tengan que crear recursos específicos -sociales, sanitarios, laborales, etc- orientados a la población reclusa sino “utilizar la red de recurso de la población general”.

'Aukerak' (Oportunidades)

Este tipo de programas los llevará adelante la nueva agencia pública que constituirá el Gobierno vasco, denominada ‘Aukerak’ (Oportunidades) y que se prevé que comience a funcionar en enero del próximo año. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal define esta entidad como “un puente” entre la prisión y la vida en sociedad y que puede facilitar el tránsito a un colectivo a menudo “estigmatizado y prejuzgado”. La vía laboral y de formación que se les ofrecerá a los internos que lo deseen deberá estar acompañada de un compromiso activo y una actitud favorable a recorrer el camino de la integración por parte del recluso.

Desde que el Gobierno vasco supiera que la transferencia de prisiones que se oficializó la semana pasada estaba a puertas de ser culminada, ha subrayado que su modelo penitenciario se orientará hacia la reinserción. También que su modelo se basará en una justicia “restaurativa”, orientada a reinsertar socialmente al penado.

Las reticencias e incluso rechazo que en determinados colectivos ha generado la transferencia y su coincidencia e incidencia en el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi ha llevado al Gobierno a recordar que todos los presos serán tratados del mismo modo. Artolazabal ha recordado incluso estos días que la política activa en la que trabajan se plantea como “un activo para la convivencia y la normalización política”. Los presos condenados por delitos relacionados con la violencia se verán sometidos a procesos basados en el “reconocimiento de las víctimas y defensa de sus derechos”, además de proceso de autocrítica por parte de los presos y la asunción de su responsabilidad por el dolor causado y el uso de “la sinrazón política, democrática y ética del ejercicio de la violencia”.

Condenas de larga duración

El Gobierno vasco ha insistido estos días en que no tiene previsto conceder ningún trato específico a los presos de ETA. Actualmente cerca de una cuarentena de militantes de la banda cumple su condena en alguna de las tres cárceles vascas. Otros 150 lo hacen en centros penitenciarios alejados del País Vasco. A ellos, se suman otros 450 presos ‘comunes’ que cumplen condena en centros de fuera de Euskadi. La previsión del Ejecutivo vasco es que “cualquier persona con arraigo en la Comunidad Autónoma Vasca pueda ser atendida en esta comunidad”.

Sin embargo, las 1.300 plazas actuales se antojan insuficientes para este objetivo. En la primavera de 2023 está previsto que se inaugure la nueva prisión de Zubieta, con el doble de capacidad que la de Martutene -más de 500 plazas-. Además, está por determinar qué fin se dará a la prisión de Nanclares, hoy en desuso tras la inauguración de la cárcel de Zaballa, en Alava.

Los sucesivos gobiernos de Urkullu, sin embargo, han ido desarrollando en los últimos años programas específicos para los presos condenados por terrorismo, como el programa ‘Hitzeman’, en los que se establecían itinerarios individualizados para facilitar su reinserción social. En ellos, además de plantear procesos de autocrítica y alejamiento de las vías violentas, a los internos se les ofrecía fórmulas similares a la que ahora se proponen como los caminos que permitan su reinserción social y una batería de “herramientas”, que iban desde las ayudas sociales hasta el acceso a formación, recursos y asistencia, para contribuir a su retorno a la sociedad después de muchos años privados de libertad.

El principal asesor del Gobierno vasco en el diseño del modelo penitenciario es el juez Jaime Tapia. El magistrado accedió recientemente a colaborar con el Ejecutivo. El pasado sábado afirmó durante un encuentro con organizaciones y asociaciones especializadas en la asistencia y atención en el ámbito carcelario y social, que el modelo vasco de prisiones pondrá una atención específica en los presos con “condenas de larga duración”.

Envejecimiento

En este grupo se encontrarían muchos de los internos vinculados a ETA, que acumulan en muchos casos condenas largas, superiores a los 25 y 30 años: “Algunos llevan en prisión desde que eran jóvenes, casi unos niños”, aseguró, y los situó como uno de “los retos” al que se deberá hacer frente.

Tapia también se ha marcado como objetivo urgente poder dar una solución favorable a otro de los colectivos que más inquieta al Gobierno vasco, el de los reclusos de más edad, incluso con más de 70 años. Entre ellos también se encuentran algunos presos de ETA, que cumplen largas condenas y que en algunos casos lo hacen ya a una edad avanzada: “El envejecimiento de la población reclusa es un problema. ¿Qué podemos hacer con este tipo de presos que ya carezcan de peligrosidad”.

La aplicación del modelo vasco de prisiones está aún en fase de elaboración. Para ello el Gobierno vasco tiene previsto contactar con asociaciones y entidades sociales, así como con el colectivo de funcionarios. Por el momento no se ha celebrado ninguna reunión con las centrales sindicales para abordar el modelo de prisiones que aplicará Euskadi a partir de octubre.

En el País Vasco trabajan actualmente cerca de 700 funcionarios para controlar una población de casi 1.300 internos. Las condiciones en las que se absorberá a estos trabajadores públicos aún no está cerrada y se esperará a mantener contactos con los sindicatos. Por el momento Artolazabal sí ha avanzado que inicialmente se mantendrán las que ya poseen a la espera de que a medio plazo puedan ser mejoradas.