El Gobierno dice estar dispuesto a convocar "cuanto antes" la mesa de diálogo bilateral con la Generalitat una vez anunciado el preacuerdo entre ERC y Junts para despejar la elección como president de Pere Aragonès. Un ejecutivo nacido con fórceps que permite, al menos, que la legislatura catalana eche a andar tras las autonómicas del 14-F aunque sea a cambio de cercenar cualquier posibilidad al socialista Salvador Illa de ser el nuevo inquilino del palacio de la Generalitat.

Y es que Moncloa cree que la mesa pactada hace más de un año con ERC es un instrumento indispensable para mantener a los republicanos en la llamada mayoría de la investidura. Una colaboración que hasta ahora ha sido inestimable para el gobierno central y que corría peligro por el empeño de Junts de "unidad de acción" del independentismo en el Congreso de los Diputados. La cuestión se ha soslayado con la voluntad de irse "coordinando", lo que no significa que tengan que votar lo mismo, dando cierto margen de maniobra y de independencia a ERC.

Los socialistas han respirado algo más tranquilos a sabiendas de la estrategia de obstrucción en el Congreso de los de Carles Puigdemont. Para el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "es lógico, normal y legítimo que ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es lo propio. No podría pensar en una opción distinta".

Opinión sustentada en muy buena medida por las propias diferencias que socialistas y morados tienen en el Parlamento y que en la tarde de este martes volverá a ponerse de manifiesto a la hora de votar una proposición de Ley de Más País, ERC, Junts y la CUP sobre los derechos del colectivo trans y que es una copia del texto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, hoy bloqueado.

Iceta mete prisa

De todos los miembros del Gobierno que se han manifestado sobre la mesa bilateral el más claro ha sido Miquel Iceta, que además de ser titular de Política Territorial sigue siendo el jefe de los socialistas catalanes. Defiende la convocatoria de ese foro de diálogo "cuanto antes" una vez se produzca la investidura de Pere Aragonès, antes del día 26 como fecha tope, para ser respetuoso con los tiempos y las formas.

Iceta ha señalado que la de ayer era una buena oportunidad para recordar que "Cataluña necesita un gobierno estable, capaz de trabajar para el conjunto de la sociedad catalana y dispuesto a reemprender la senda del diálogo" y ha añadido que "es evidente que cuando sea investido el presidente de la Generalitat tiene que ponerse de acuerdo con el presidente del Gobierno de España y nosotros somos partidarios de reemprender la mesa de diálogo cuanto antes".

Está por ver que Junts no bloquee de nuevo un instrumento que es producto de un acuerdo de Moncloa con ERC y que sólo celebró un encuentro, a principios del año pasado, justo antes de que estallara la pandemia. Luego hubo conatos de reunión en el mes de julio y, más tarde, en septiembre pero el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, los boicoteó. De hecho, Torra llegó a expresar ayer sus reticencias al acuerdo para el Gobierno catalán por falta de un calendario soberanista que ponga fecha a la ruptura con España. "Sin estrategia independentista se hace difícil gobernar", criticó.

Ya el pasado mes de febrero, en plena precampaña de las catalanas, el Congreso debatió una moción del Grupo republicano en la que se instaba al Gobierno a reunir la Mesa de Diálogo y Negociación bilateral "de manera inmediata, una vez constituido el nuevo govern surgido de las elecciones del 14 de febrero, para avanzar de manera decidida en la resolución del conflicto político existente entre Catalunya y el Estado español", que el PSOE y Unidas Podemos apoyaron. No así Junts.

Sobre la mesa estarán los indultos y la reforma del delito de sedición

Ahora están sobre la mesa dos cuestiones que hace algo más de un año -la única vez que se reunió la mesa- no eran tan perentorias, esto es, el indulto a los presos del procés y la reforma del delito de sedición, que no entusiasma a ERC desde el momento en que sus condenados por el Supremo niegan la comisión de ningún delito. Los de Oriol Junqueras ya han anunciado al Gobierno su rechazo a esa reforma, pero podría llegar a sumar su voto si va acompañado de otras modificaciones de calado del Código Penal como la de la llamada Ley Mordaza.