El Gobierno ha planteado este miércoles a las comunidades autónomas que acojan a 200 menores migrantes no acompañados tutelados hasta ahora por Ceuta, pero no ha aclarado ni el reparto por territorios ni si se librarán fondos para que las autonomías puedan financiar la atención requerida. Los dos ciudades autónomas y Canarias quedan excluidas debido a la presión que ya soportan.

La ministra Ione Belarra reunió este miércoles al Consejo Territorial de Servicios Sociales -órgano en el que están representadas las comunidades- para analizar la emergencia humanitaria derivada de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y conocer la disposición de los gobiernos autonómicos a acoger a menores a fin de aliviar la situación de la ciudad autónoma. De los 8.000 migrantes que han llegado a entrar estos días en la ciudad autónoma, unos 1.500 (casi el 20 %) no tienen los 18 años y, según fuentes de la Delegación del Gobierno, "la mayoría" no acompañados de familiares.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretende que en el reparto influyan criterios de renta, volumen de población y tasa de paro, sin especificar el número que le correspondería a cada territorio. El departamento que dirige Belarra remitirá ahora a las distintas consejerías el número que debe asumir y le ofrecerá un plazo de 24 horas para contestar.

Canarias pidió en noviembre el traslado a la península de 500 menas y sólo ha salido una quinta parte hasta ahora

"Queremos más concreción y un plan definido, y cuando lo sepamos actuaremos en consecuencia", ha expresado el consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Éste ha defendido la solidaridad demostrada en los últimos años haciendo frente a la atención con recursos propios, si bien considera que ello "no puede ni debe significar hacer el trabajo del Gobierno de España".

Andalucía acudía a la reunión con la confianza de otras comunidades con menos presión migratoria asumieran el peso. "Andalucía no puede acoger a más niños", manifestó horas antes la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz (Cs). "Nosotros ya tenemos 3.000 niños. Yo me imagino que para que haya equidad lo que tendrá que haber es un reparto con el resto de las comunidades autónomas que no tienen el problema de la inmigración infantil como tenemos en Andalucía", defendió.

Rocío Ruiz hacía estas manifestaciones después de que el grupo de Vox en el Parlamento andaluz amenazara con retirar el apoyo al Ejecutivo de coalición que lidera Moreno Bonilla si la comunidad acoge a menores migrantes. "Los andaluces no quieren a los menas que han invadido Ceuta. Quieren la seguridad y certeza de que las costas andaluzas están protegidas de la invasión migratoria", señaló en un tuit.

Canarias pide una ley

Canarias, por su parte, defiende la necesidad de que se apruebe una ley que garantice el reparto equilibrado para no tener que depender de la voluntad de las comunidades sino que exista una obligación. No sólo se trataría de que todas las regiones se hagan corresponsables en función de su volumen de población y recursos sino también de que el Estado asuma la tutela de una parte de estos niños, a los que hay que ofrecer escolarización y protección hasta que cumplan 18 años si no se solicita antes el reagrupamiento familiar.

"No podemos dejar la responsabilidad sólo a las comunidades receptoras", ha defendido la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana. Ésta ha llamado la atención sobre el hecho de que, mientras Madrid acoge a "269 menores", su comunidad tutele a 2.641 niños no acompañados: "No puede haber territorios españoles de primera y territorios de segunda".

El Gobierno de Canarias confía en que el episodio que se ha vivido esta semana sirva para "despertar conciencias" y sea una "oportunidad" para buscar soluciones tanto a la situación de esta comunidad como a la de Ceuta, al tiempo que ha advertido de que el perfil está cambiando y cada vez llegan más menores. "Habrá que adaptarse a las nuevas realidades migratorias", ha dicho Santana.

El Estado, las comunidades y las ciudades autónomas buscan cómo dar respuesta a la avalancha de menores marroquíes no acompañados llegados esta semana sin que se haya dado todavía solución a la crisis que desde el pasado año vive Canarias. Esta región tutela en la actualidad a casi 2.700 menores, más de cinco veces su teórica capacidad.

A finales de noviembre pasado, el Ejecutivo canario hizo un llamamiento a la solidaridad de otras comunidades autónomas para la derivación de al menos 500 niños y adolescentes que habían arribado al archipiélago, que vivió el pasado año la mayor presión migratoria desde la crisis de los cayucos de 2006. Casi seis meses después, tan sólo 101 menas han salido de las islas: 43 a Cataluña, 25 a Extremadura, 18 a Castilla-León y 15 a Navarra.