Los gobiernos de España y Marruecos han roto el acuerdo por el que el reino alauí ejercía de muro de contención para evitar la entrada masiva de migrantes procedentes del Magreb y del Sahel en nuestro país. La razón de esa desavenencia es la acogida "por razones humanitarias", como señaló el Ministerio de Exteriores, del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para que fuese atendido tras contraer el coronavirus en el Hospital San Pedro de Logroño. Fue entonces cuando Marruecos aseguró que tomaba nota de la estrategia española, que iba encaminada a complacer a Argelia, uno de los proveedores más importantes de gas natural a España.

El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez decidió en el Consejo de Ministros de este martes conceder una ayuda de 30 millones de euros a Marruecos para contribuir a financiar el despliegue policial en la lucha contra la inmigración irregular, según informó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en rueda de prensa a preguntas de El Independiente. Este movimiento se produjo un día después de que recalasen en Ceuta más de 6.000 personas que cruzaron la frontera con el país norteafricano a nado.

No es la primera vez que el Gobierno autoriza un desembolso de este tipo en los últimos años. El 23 de agosto de 2019, el Consejo de Ministros autorizó una partida de 32.369.000 euros del departamento del Interior en concepto de "ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos", según recoge la nota de prensa de La Moncloa publicada ese día.

Las ONG Access Info Europe y Andalucía Acoge llevaron a los tribunales esta decisión de repartir estos 32,3 millones de euros, que se recogen dentro del marco del Fondo de Contingencia, porque consideraban que vulneraba los principios de especialidad, estabilidad y transparencia que rigen la Ley General de Presupuestos. Finalmente, el 8 de enero de 2021, un año y medio después de que se autorizase el gasto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desbloqueó la concesión de estos fondos por considerar que en el procedimiento existía una falta de legitimación.

Además de esta partida dependiente del Ministerio del Interior, se han formalizado desde septiembre de 2020 hasta febrero del año en curso tres licitaciones de suministro procedentes de la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para garantizar la seguridad migratoria de España en Marruecos. Estas licitaciones, con un valor total de 24.570.399,15 euros (impuestos incluidos), se destinaron a la adquisición de cámaras térmicas con posicionador y visores de visión nocturna -10.655.399,15 euros acordados el 26 de febrero de 2021-, de vehículos 4x4 -13.866.600 euros, el 19 de enero de 2021- y a la instalación y formación de equipos de telecomunicaciones náuticas -48.400 euros, el 28 de septiembre de 2020-.

Los vehículos 4x4 y las cámaras térmicas fueron financiados a través del Fondo fiduciario de la Unión Europea para el Norte de África, en el marco del llamado Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración en Marruecos. La Comisión Europea le concedió a la Secretaría general de la FIIAPP un total de 44 millones de euros para invertir entre el 17 de abril de 2019 y el 17 de abril de 2022 en "mitigar las vulnerabilidades asociadas a la lucha contra la migración irregular", según indica este organismo español en su página web.

Este suministro europeo plantea el objetivo de "fortalecer las capacidades operativas de las instituciones marroquíes en la gestión integrada de fronteras de acuerdo con el enfoque humanitario de la SNIA (Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo, por sus siglas en francés) en Marruecos". Entre las actividades clave a las que se deben destinar estos fondos otorgados por la UE al Ministerio de Exteriores se encuentran "la mejora de las competencias operativas en la vigilancia fronteriza (terrestre y marítima), combatir el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, así como la mejora la cooperación interinstitucional y transfronteriza en el ámbito de la migración irregular".