El Ministerio del Interior ha contratado los servicios de una empresa para que le imparta un curso de formación online sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno. La acción se llevará a cabo durante la segunda semana de junio y el coste asciende a 3.520 euros.

Así se detalla en el anuncio de adjudicación que la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- ha publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La empresa que ha recibido el encargo es la coruñesa Diplómate Formación España SL, una de las tres que ha presentado oferta en este procedimiento tramitado como contrato menor. Las otras dos fueron ADR Infor SL (8.000 euros) y 2FFormación SL (5.120 euros).

A Diplómate le ha adjudicado Interior otros tres cursos para enriquecer la formación de sus empleados: uno sobre 'Fomento de la memoria' (3.300 euros), otro sobre 'Procedimiento Administrativo Común' (3.300 euros) y un tercero sobre 'Administración Electrónica tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015' (3.300 euros).

Se da la circunstancia de que Interior es el ministerio que año tras año recibe más resoluciones en contra por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por denegar la información solicitada al ciudadano, recurrir al silencio administrativo o invocar algún límite de acceso cuando realmente no concurre ninguna de las causas previstas en la ley.

En concreto, Transparencia instó 75 veces el pasado año al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a que aportara en el plazo de diez días hábiles la información que inicialmente no había facilitado, lo que equivale al 19,37 % de todas las resoluciones dictadas en dicho periodo contra la Administración General del Estado por esta autoridad independiente. A Interior le siguió Sanidad (47) y Presidencia del Gobierno (41), según el listado publicado en la web del CTBG.

36 resoluciones sin cumplir

En la actualidad, al Consejo de Transparencia no le consta que Interior haya dado cumplimiento a 36 de las resoluciones emitidas en 2020, casi la mitad. La ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno no prevé sanciones, una de las debilidades que los expertos destacan del texto y cuya inclusión reclaman cuando se lleve a cabo la reforma.

Los presos en libertad condicional en el periodo 2012-2018, el número de guardias civiles y policías nacionales, los desplazamientos de un alto cargo de Interior, las deportaciones de migrantes, el certificado de pago a la consultora que elaboró el informe para la equiparación salarial, el número de agentes heridos en el operativo policial con el que se repelieron los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, el coste económico de dicho dispositivo (Ícaro) o las denuncias presentadas por el no uso de la mascarilla de protección frente al coronavirus fueron algunas de las peticiones que no encontraron respuesta por Interior o que no colmaron las pretensiones de los ciudadanos, amparados posteriormente por Transparencia.

Anuncio de adjudicación del curso de formación 'online' sobre transparencia y buen gobierno.

En reiteradas ocasiones, Interior ni facilita los datos ni recurre ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, posibilidad que puede ejercer en el plazo de dos meses si está en desacuerdo con el dictamen de Transparencia. En otros casos termina facilitando los datos de forma tardía, como cuando la Dirección General de la Policía proporcionó a este diario el número de funcionarios de libre designación que reside en vivienda oficial: lo hizo dos meses dos meses después de que expirara el plazo máximo que le había dado el CTBG.

Las promesas realizadas por Grande-Marlaska tras llegar al cargo, cuando se comprometió a iniciar una nueva etapa con "más transparencia, más cercanía y más seguridad", no se compadecen con la realidad. Como botón de muestra, el titular de Interior ha sido el único ministro que no ha facilitado los gastos ocasionados por el desempeño de esta responsabilidad durante el pasado año. La petición se formalizó el 23 de febrero y sigue en fase de "recepción", cuando la ley marcha un plazo de un mes para contestar.

Según se detalla en el anuncio de adjudicación, el curso sobre transparencia que ha contratado ahora Interior se ejecutará del 7 al 14 de junio próximos. No se ha detallado qué personal concreto del ministerio recibirá esta formación ni cuántas horas incluirá esta acción formativa.