El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), José Luis Rodríguez Álvarez, ordenó la destitución de Esperanza Zambrano como subdirectora general de Reclamaciones en desacuerdo con la forma que esta alta funcionaria tenía de "conducirse en su relación" con el personal del organismo, al que estuvo vinculado desde sus inicios como número tres y de cuyo funcionamiento ha sido un eslabón fundamental en estos seis años.

Así lo justifica Rodríguez Álvarez en la nota interna que dirigió a la Jefatura de Unidad de Apoyo el pasado 10 de diciembre a fin de que dispusiera lo necesario para llevar a cabo el cese de Zambrano, lo que se materializó el pasado 8 de enero. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y funcionaria perteneciente a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, la ex subdirectora de Reclamaciones del CTBG es una de las especialistas en materia de transparencia más reputadas del país, habiendo participado en la elaboración y tramitación parlamentaria de la ley e impartiendo numerosas ponencias en múltiples foros.

"Los motivos del cese, tal y como se le ha comunicado personalmente a la interesada, estriban en que ocupa un puesto de libre designación para el que ha sido nombrada por la anterior titular del órgano con carácter discrecional, atendiendo a razones de confianza, y no cuenta con mi confianza para continuar en el desempeño. Esta falta de confianza se ha visto agravada por mi desacuerdo con el modo de conducirse en su relación con los funcionarios de la Subdirección y con el resto del personal del Consejo", se lee en el documento, facilitado a este diario en respuesta a una petición tramitada a través del portal de la transparencia.

Cuando firmó dicho documento, el presidente del CTBG hacía 51 días que había sido designado para ocupar este puesto a propuesta del Gobierno -poniendo fin a un vacío de casi tres años- y ya llevaba dos semanas buscando sustituto para Zambrano. En respuesta a otra solicitud de información, Rodríguez Álvarez reconoció que el 27 de noviembre había empezado a entrevistar a candidatos. Hasta el 14 de diciembre llegó a verse con cinco personas, según precisó en aquella respuesta.

Primera alusión en cuatro meses

Es la primera vez en cuatro meses que se alude a supuestos problemas de comportamiento con la plantilla para justificar la decisión de prescindir de Esperanza Zambrano. El presidente del CTBG no hizo la menor insinuación a esa circunstancia el pasado 12 de mayo durante su comparecencia ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso de los Diputados tras censurar la destitución el diputado del PP Jaime de Olano, quien calificó a la cesada como una "funcionaria excelente" que había contribuido a dotar "de gran solvencia" al Consejo de Transparencia en sus seis años de trabajo.

"Se trata de una decisión de política personal que está completamente ajustada a Derecho y no tiene nada de excepcional. Es algo habitual cuando un nuevo responsable asume la dirección de un órgano político que se produzcan cambios en el equipo directivo; sucede con frecuencia y afecta con toda normalidad", defendió en sede parlamentaria Rodríguez Álvarez. Y añadió: "Todo máximo responsable de una institución tiene que poder configurar su equipo directivo con personas que compartan su proyecto, sus objetivos y su estilo de dirección. Lo contrario sería un sinsentido".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige el "deber de motivación" cuando se acuerda el cese de un funcionario en un puesto de libre de designación, como es el caso de la Subdirección General de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. "Consiste en expresar que las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron al nombramiento ya no concurren o, si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello expresiones opacas, estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron al nombramiento", ha establecido el alto tribunal, como ha recordado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso en una sentencia fechada el pasado 20 de abril.

La motivación de la destitución de Zambrano aparece en una nota interna dirigida a un tercero y sin firma digital

Semanas después de que se formalizara la salida de Zambrano, este periódico dirigió una solicitud de información al CTBG para que le facilitara el documento en el que la Presidencia del organismo detalló las "razones basadas en la idoneidad" que ya no concurrían en esta funcionaria de reconocida trayectoria en el campo de la transparencia para seguir ocupando este puesto de libre designación, como establece la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas en su artículo 35. El organismo ha concedido el acceso tras ofrecerle tres veces y por dos vías distintas -tanto por comunicación postal, en dos ocasiones, como mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- el trámite de audiencia a la cesada para que pudiera presentar alegaciones: aquélla no ha contestado.

En su resolución estimatoria, José Luis Rodríguez argumenta que el hecho de que la destitución de Esperanza Zambrano hubiera tenido "cierta notoriedad pública" en su momento por el tratamiento que algunos medios de comunicación hicieron con un "contenido especulativo y sustentado en juicios de intenciones" confería "un mayor valor" a esta petición con la que se buscaba conocer "las razones del cese" para "fiscalizar" los criterios con los que actúan las instituciones públicas. Es por ello por lo que ha accedido a proporcionar el documento "en el que se contiene la información solicitada".

El "documento" aportado es la citada nota interna enviada por el presidente a una subordinada en la que le pide que adopte las medidas necesarias "con el fin de acordar el cese" de la funcionaria y donde expone que su "falta de confianza" hacia Zambrano se había visto reforzada por la forma en que aquélla se relaciona con el resto de empleados, tanto de su departamento como del resto del organismo.

De entrada, sorprende que el papel no incorpore firma digital, como ocurre con el resto de resoluciones que emite esta autoridad independiente para dejar rastro. A ello se suma el hecho de que sea en un documento interno dirigido a un tercero donde se detalle la motivación de la destitución en lugar de adjuntarse a la resolución de cese notificada a la interesada. Si no se ha facilitado cabe concluir que es porque no existe.

Zambrano declina contestar

El Independiente ha intentado conocer por boca de Esperanza Zambrano si se le motivó la destitución -como establece la ley y ha fijado la jurisprudencia del Tribunal Supremo- y si en algún momento el presidente del CTBG le expresó queja alguna por la forma en que ella tenía de "conducirse" con el resto de la plantilla. Centrada hoy en otras tareas en la Administración General del Estado, la funcionaria ha declinado cortésmente hacer manifestaciones.

Fuentes consultadas por este diario desmienten problemas en la relación de la ex subdirectora con la plantilla, dan por seguro que no se le motivó a la afectada las razones del cese en la forma exigida por la ley y dudan incluso que la nota interna se elaborara el día indicado, una sospecha alimentada por el hecho de que no lleve firma digital (ni fecha grabada). En los metadatos del documento no aparece ninguna información para acreditar o desmentir este extremo.

La persona elegida por José Luis Rodríguez para sustituir a Zambrano fue Carmen Montero García-Noblejas, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado que en los últimos cuatro años venía desempeñando el puesto de Vicesecretaria General Técnica en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Desde mediados de enero, es la responsable de resolver las reclamaciones en materia de transparencia, entre ellas las presentadas contra el departamento al que ella estaba adscrita antes.