El Tribunal Supremo, al que se le concedió la última palabra en las decisiones acerca de las restricciones implantadas para contener el Covid-19 que afectasen a los derechos fundamentales de los ciudadanos, le dio el lunes un 'tirón de orejas' al Gobierno. En el escrito que desestima el recurso de casación que presentó Canarias contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de las islas para no permitir el cierre perimetral de algunas áreas, el Alto Tribunal reflexionó al respecto que «sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de a conceptos indeterminados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia que detallase cuantos extremos fueran susceptibles de precisión para ofrecer la máxima seguridad jurídica».

Para la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, la apreciación del Supremo "es razonable", ya que, a falta de un marco legal que aclare qué tipo de limitaciones pueden aplicar las comunidades, "todo queda en manos de la interpretación", señala en una entrevista para El Independiente. "Todos estamos de acuerdo en que deberían de haberse establecido, a través de mecanismos normativos, todos los supuestos para la regulación de la pandemia", para no tener que acudir a los tribunales en el caso de que el estado de alarma o las normativas autonómicas no fuesen suficientes.

"Si hay una normativa clara a nivel nacional", afirma, "ese espacio de seguridad jurídica debería quedar resuelto". Casi un mes después de que decayese el segundo estado de alarma decretado como consecuencia de la epidemia de coronavirus, Cristina Dexeus considera que, "habida cuenta del tiempo que ha transcurrido, lo suyo hubiera sido haber dictado las normas oportunas para dar una seguridad jurídica a todo el territorio".

La presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales de las tres que existen sostiene además que, cuando el Ministerio Público remitió al Supremo en septiembre del año pasado un informe relativo a las querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia, hubiese sido "conveniente" que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se abstuviese. En ese momento, esta asociación conservadora de fiscales acusó a la exministra de Justicia de tratar de "acallar" las posiciones críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dolores Delgado accedió, no sin críticas desde el Poder Político y el Judicial, al cargo de fiscal general del Estado el 26 de febrero de 2020. Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha referido durante la conversación con este periódico a la designación de la actual máxima representante del Ministerio Fiscal, de la que ha dicho que "no se había dado una situación tan anómala como la que se ha producido con este nombramiento".

"Hay una politización absoluta de la Justicia"

Cristina Dexeus justifica que "es necesario en este momento hacer una reflexión sobre la necesidad de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", con el objetivo de asegurar que ingresen en la carrera fiscal "personas que han estado ostentando cargos políticos de relevancia en el Gobierno de la nación" y que, como ha ocurrido con la exministra, entren "sin solución de continuidad" a dirigir la institución, "más aún si han hecho campaña electoral por algún partido". Dolores Delgado participó antes de su nombramiento en mítines del Partido Socialista en Aragón, Cantabria, Castilla y León y País Vasco.

Con este tipo de acciones, según la presidenta de la Asociación de Fiscales, "se empaña la imagen de imparcialidad de los fiscales y de la Fiscalía General". Incide en que "es necesario modificar la posible entrada o retorno de la política al ejercicio de la función de fiscal o juez, y más aún para el fiscal general del Estado, como es en este caso". "Hay una politización absoluta de la Administración de Justicia", que puede provocar que se vea afectada la "apariencia de neutralidad y de imparcialidad" de la institución, asegura.

No obstante, la decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona matiza que "desde luego la mayoría de los fiscales trabajan totalmente al margen de esa situación" de politización de la Justicia, y cumplen con los principios en los que se fundamenta la carrera fiscal, como son la legalidad y la imparcialidad.

Nombramientos de fiscales de Sala

Dexeus cree que la solución reside en, a través de una reforma del Estatuto Orgánico, modificar la forma en la que se elige al fiscal general del Estado. En su opinión, se debe "blindar a los fiscales de toda posibilidad de mediatización en su trabajo" y, a su vez, garantizar que sea el Consejo Fiscal el que se encargue de designar a su máximo representante y a otros fiscales de la primera categoría de la carrera.

De esta forma, el fiscal general tampoco podría nombrar a representantes de Salas concretas, como ocurrió en el mes de abril con Eduardo Esteban Rincón, fiscal de Sala de menores. Esteban pertenece, como Dolores Delgado, a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), mientras que José Miguel de la Rosa, otro de los candidatos, está asociado al organismo que dirige Dexeus. Cuando fue designado, la AF señaló que su nombramiento podría "incurrir en arbitrariedad".