La paciencia comienza a agotarse en el Gobierno vasco. Los retrasos en el cumplimiento de los compromisos de transferencia se amontonan desde hace años. Incluso las promesas más recientes. Es el caso del Ingreso Mínimo Vital cuya transferencia a Euskadi debería haberse materializado en octubre del año pasado y, aún hoy, sigue lejos de un acuerdo. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha llegado a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de pretender cederles una “mercancía averiada” de “dudosa legalidad”, según el último borrador remitido el pasado viernes desde el ministerio de Miquel Iceta.

El malestar es profundo, especialmente después de que apenas hayan pasado dos semanas de la última visita a Euskadi del ministro de Política Territorial en el que reiteró su compromiso de incluir en la lista de materias a transferir al País Vasco el IMV. Iceta llegó a asegurar incluso que la cesión se formalizaría antes de final de año, junto con otras dos materias más, Cercanías e Inmigración y que a tal fin se convocaría la Comisión Mixta de Transferencias. Sin embargo, el último borrador remitido por su ministerio ha agudizado el malestar en el Gobierno de Urkullu que considera que la pretensión del Ejecutivo central pasa por convertirle únicamente en una “ventanilla” de la Administración central para intermediar con la ciudadanía.

Euskadi considera que el modelo de gestión del IMV que le proponen supone un recorte de las funciones que asumiría, además de no incluir el traspaso de medios humanos, materiales y económicos. Garamendi afirma que lo que el Estado debe transferir es la competencia de modo “integral” y sin retener la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tal y como recogen tanto el Estatuto de Gernika en su artículo 18.2, según recuerda el Ejecutivo vasco.

Es precisamente la gestión del régimen económico de la Seguridad Social una de las materias incluidas en el calendario para completar el desarrollo del Estatuto vasco. Se trata de la materia más compleja de la treintena de competencias pendientes y que por ahora continúa con un grado de compromiso en la cesión bajo. El Gobierno central está dispuesto por ahora a estudiarlo pero parece aún lejos de poder acceder a traspasarlo a Euskadi.

Transferencia "integral"

La transferencia de la competencia de prisiones, que se oficializó el pasado 10 de mayo, se recibió como un gran paso en el cumplimiento del Estatuto de Gernika al que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió poco después de acceder a La Moncloa. Incluso la definición de un calendario para completar en un periodo de año y medio el cumplimiento del Estatuto vasco se acogió como un gran paso. Sin embargo, los continuos retrasos, las complicaciones generadas por la irrupción de la pandemia y las demoras en ciertas negociaciones han ido rebajando la euforia en el Gobierno vasco.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu advierte a Sánchez que no aceptará que le cedan la gestión del IMV en “estas condiciones” y que ésta deberá asumirla la administración vasca de modo total, “sin recortar funciones ni servicios”. “Es decir, Euskadi debe asumir todo el proceso de principio a fin y tramitaría, autorizaría y concedería la prestación”.

El País Vasco es una de las administraciones con más experiencia en la gestión de rentas sociales. Desde hace más de tres décadas la Administración vasca implantó la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), esta ayuda que nació de la crisis industria acaecida en los años 80. Actualmente tiene algo más de 53.000 perceptores. Euskadi estima que de entre todos ellos tendrán derecho al IMV cerca de 33.000 perceptores actuales, mientras que los otros casi 20.000 restantes, fundamentalmente pensionistas y personas sin residencia legal, no tendrán derecho a ella. De cualquier modo, el conjunto de los beneficiarios de estas ayudas no sufrirían modificaciones de las prestaciones a las que ya tienen derecho. Sera el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, quien gestionará y abonará el IMV.

IMV frente al RGI

Los importes que el Ingreso Mínimo Vital contempla están por debajo de los que tienen derecho los cerca de 52.000 perceptores vascos. La ‘horquilla’ de la RGI vasca oscila entre los 693 y los 1.074 euros mensuales, frente a los 462 a 1.015 euros que como máximo prevé la ayuda estatal para paliar situaciones de extrema necesidad. La cuantía en Euskadi varía en función de la situación laboral y el número de personas a cargo del perceptor. Además, siempre se condiciona a la búsqueda activa de empleo.

La medida, que inicialmente se contempló como coyuntural y ahora se plantea con vocación de continuidad, también prevé que pueda ser compatible con algunas ayudas autonómicas pero sólo de manera parcial. Actualmente comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Navarra, Asturias o Canarias cuentan con ayudas para situaciones de necesidad.

En el caso de la RGI, la ayuda está condicionada a la búsqueda de empleo y es renovable por periodos de dos años. La medida se implantó hace más de tres décadas en Euskadi. El origen data de 1989 cuando se aprobó el Plan Integral de lucha contra la pobreza’ en el País Vasco en un periodo en el que la crisis industrial y económico provocó situaciones de gran necesidad. Con los años, la ayuda se fue mejorando hasta convertirse en la RGI actual que plantea ayudas diferenciadas para colectivos en edad laboral y personas jubiladas.