El Tribunal Supremo remitió ayer un informe al Gobierno en el que se oponía a con firmeza a conceder cualquier forma de indulto, total o parcial, a los 12 condenados del procés por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha manifestado que decidirá si otorgar la medida de gracia a los presos independentistas después de consultar los informes preceptivos del alto tribunal y de la Fiscalía.

No obstante, el presidente adelantó el martes tras la reunión del Consejo Europeo que tenía "muy claro" que para la decisión que finalmente tome tendría "muy presentes valores como la concordia, el diálogo, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró la sociedad en 2017". Ya ayer, durante su ya clásico enfrentamiento parlamentario con el líder de la oposición, Pablo Casado, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez añadió que "hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia".

Parecía que la salida del que fuera líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, del Gobierno allanaba el camino para que el PP y La Moncloa negociasen un reparto del 50% de vocales en el máximo órgano del Poder Judicial, pero, como ya ha ocurrido en otras ocasiones desde 2018, los partidos han encontrado continuas evasivas para retrasar la esperada conformación del Consejo. La ministra portavoz, María Jesús Montero, acusó el martes al Partido Popular, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de chantajear al Gobierno al "condicionar" la renovación del CGPJ a la concesión o no del derecho de gracia a los condenados por el proceso independentista catalán.

Fuentes de la formación conservadora aseguran a El Independiente que su partido no tiene "ninguna intención de bloquear" la designación de nuevos vocales. Estas mismas fuentes justifican que su postura sobre el CGPJ "es previa a la cuestión de los indultos" y se vincula con el cumplimiento de los "requisitos europeos". "Sánchez tiene el problema con Europa. Nosotros no nos vamos a mover de una posición que la propia Comisión Europea ha marcado como correcta", sostienen.

"El PP lleva chantajeando al PSOE y el PSOE al PP 20 años cuando no se ponen de acuerdo", sentencia Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en declaraciones a este periódico. Para este magistrado, este nuevo aplazamiento a la hora de abordar el problema con el CGPJ es "la enésima excusa", cada uno de los partidos aporta una evasiva "en función de lo que le conviene".

PP y PSOE "se benefician de las reglas del juego"

Fernández Vaquero no duda en asegurar que el sistema actual por el que se rige el Poder Judicial "permite la politización del Consejo por su forma de elección" y ambos partidos mayoritarios "se benefician de estas reglas del juego cuando les conviene y como les conviene" en pro de sus intereses políticos. "Es otra manifestación más de que el sistema está quebrado y no queda más remedio que cambiarlo, que es lo que nos están diciendo desde la Comisión Europea" y lo que lleva reclamando desde hace más de dos años esta asociación de jueces. 

El Partido Popular es el que "más obstáculos está poniendo para llegar un acuerdo" del porcentaje de vocales afines que se sentarán a la mesa del CGPJ, "no para la renovación" de este órgano. Por su parte, el PSOE "está chantajeando al PP por lo menos desde hace un año, porque amenaza con cambiar la ley para reducir la mayoría" por la que se elige a los representantes del máximo órgano judicial.

El portavoz de la AJFV expone que "desbloquear el Consejo manteniendo la politización no sirve absolutamente de nada" y se pregunta al respecto: "Si llegan a un acuerdo mañana y hacen el nombramiento, ¿quién nos garantiza que dentro de tres, cuatro o cinco años no estamos otra vez en las mismas?". Fernández Vaquero insiste en la necesidad de que se cumpla con lo que estipula la Constitución y así los jueces elijan a 12 vocales y las Cortes a otros ocho (cuatro el Congreso y cuatro el Senado). Con los 12 portavoces designados por los representantes de la Justicia "el Consejo puede empezar a funcionar" y, de esta manera, los partidos políticos "se verían muy estimulados a no bloquear nada".