Una vez estallada la polémica, el Gobierno se plantea ahora una decisión "rápida" sobre los indultos pasado el 13-J, sin esperar a que este más avanzado el verano o acaben las sesiones parlamentarias en el Congreso y Senado. Ese domingo confluyen varios acontecimientos además de la manifestación en la madrileña Plaza de Colón, convocada, precisamente, para protestar por la medida de gracia que se concederá a los 12 condenados por los hechos que transcurrieron en torno al referéndum ilegal del 1-O y a la declaración unilateral de independencia en Cataluña en 2017.

El 13 de junio tienen lugar además las primarias andaluzas que eligen entre Susana Díaz y Juan Espadas y culmina el proceso congresual de la IV Asamblea Ciudadana de Podemos, que pondrá fin a la "era Pablo Iglesias". Pero a partir de ese momento, salvo un giro de guion, "hay cierta prioridad, la idea es no dilatarlo en el tiempo", dicen fuentes gubernamentales. Es más, hay quien se aventura dentro del Ejecutivo a indicar que "será bastante inminente".

De aquí al 13-J median dos reuniones del Consejo de Ministros, la de hoy y la del día 8, en las que lo previsible es que no se aborden los indultos. Pero el martes 15 ya empieza a correr el reloj.

Medida argumentada y justificada

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió ayer en que hay que resolver once expedientes -en realidad son doce- y que eso requiere tiempo, lo cierto es que el trabajo previo parece mucho más avanzado de lo que quieren hacer ver, aunque sí era necesario conocer antes los argumentos del Tribunal Supremo para poder añadir fundamentos a una medida de gracia que no puede ser discrecional, sino que tiene que estar justificada.

El Gobierno también tiene preparada la reforma del delito de sedición, sólo a la espera de conseguir los suficientes votos en la Cámara Baja para sacarla adelante. Ahí se ha encontrado con ERC o, con una parte de ERC. Porque si bien el sector capitaneado por el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, estaría dispuesto a darle el plácet siempre y cuando esa reforma fuera acompañada de muchas otras que se han anunciado -ley mordaza o la del "sí es sí"- la portavoz de ERC, Marta Vilalta ha pedido directamente su derogación.

Respaldo de Unidas Podemos

En realidad, la reforma del Código Penal tendría menos costes políticos para Sánchez que los indultos, pero no depende sólo de sus votos y de sus socios de Unidas Podemos que, en este caso, hacen piña con el sector socialista. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha dicho en público y privado que "el Gobierno trabaja en esto unido". A cambio, dejarán que el jefe del Ejecutivo administre sus tiempos, sin presiones, pero también entienden que la decisión no puede tardar mucho.

Pocos dudan a estas alturas que los indultos vendrán antes que la mesa de diálogo bilateral, también la cita en Moncloa entre Sánchez y Aragonès. Sánchez así lo defendió este lunes de forma pública durante su comparecencia con el primer ministro polaco.

«Siempre hemos estado dispuestos a reunirnos con la Generalitat, pero llevamos desde septiembre sin un gobierno estable. En fin, habrá tiempo para retomarlo, pero vamos a ir paso a paso. Lo urgente es que ambos presidentes autonómicos, el de Madrid y Cataluña, sean recibidos en el palacio de la Moncloa» en alusión a Isabel Díaz Ayuso y Pere Aragonès, respectivamente, aunque la madrileña no está todavía investida.

Antes de la bilateral será la reunión Sánchez-Aragonès

También fuentes de ERC quieren antes la foto Sánchez-Aragonès que la de la "mesa de gobiernos" en la que además se sentará Junts. Quizá ahí resida la máxima dificultad. Carles Puigdemont y Quim Torra boicotearon todo lo posible una mesa que nació del acuerdo entre Moncloa y ERC y que sólo celebró un encuentro antes de la pandemia. Ahora, con el control piloto de Jordi Sánchez, quizá cambie la percepción de los neoconvergentes hacia ella.

Respecto a la posibilidad de que se siente a la misma el hoy encarcelado Oriol Junqueras, ya ha dicho el PSC lo que piensa. Su portavoz, Alicia Romero, recordó que se trata de "un foro entre dos gobiernos" y, por tanto, sus representantes deben ser miembros del ejecutivo autonómico. "No nos hagamos trampas al solitario".