El indulto es un acto discrecional del Gobierno, sólo a este le corresponde decidir si concede el perdón previsto en la ley de 1870 que podría sacar de la cárcel a los políticos independentistas condenados en la sentencia del procés del Tribunal Supremo.

Pero, ante la decisión que tome el Ejecutivo, cabe recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Un recurso que ya han anunciado que presentarán Partido Popular, Vox y Cs si Sánchez y su equipo deciden indultar a los líderes del proceso independentista de Cataluña.

Es complicado que la Sala Tercera del Supremo admita un recurso contra la decisión de indultar de un Gobierno, pero no imposible. La clave está en que las razones para conceder el perdón estén correctamente motivadas. Que sean "explícitas y consistentes" y se exponga con claridad el "contenido, alcance y motivación" del indulto, como explica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Velasco. En definitiva, que se argumenten los motivos de "justicia, equidad y utilidad pública" de la decisión, parámetros jurídicos que analizarán los magistrados a quienes corresponda el recurso.

La sentencia del 'Kamikaze' de 2013

Precisamente esos fueron los términos en torno a los que giró la pionera sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 2013 con la que se anuló el indulto concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a un conductor que fue condenado a 13 años de prisión por matar a un joven mientras conducía en sentido contrario en 2003. Los magistrados consideraron que no se había razonado correctamente la "utilidad pública" de la medida de gracia.

El ponente de aquel fallo Rafael Fernández Valverde, actualmente vocal del Consejo General del Poder Judicial, se basó en la falta de "razonabilidad y carácter lógico" de la decisión del Ejecutivo para anularla. En conversación con El Independiente considera que, en caso de que el recurso contra el indulto a los políticos independentistas presos llegue a la Sala Tercera, los magistrados tendrán que valorar en cada una de las peticiones de indulto si se da el mencionado "carácter lógico", así como si se trata o no de una decisión arbitraria del Gobierno teniendo en cuenta su utilidad pública.

La razón de la convivencia "colisiona con la realidad"

Valverde repara en que el Ejecutivo tendrá difícil sostener que la utilidad pública de cada indulto sería la búsqueda de la "pacificación en Cataluña" cuando los condenados no han mostrado arrepentimiento y algunos de ellos han manifestado públicamente que volverían a repetir las actuaciones por las que fueron condenados a altas penas de prisión por el delito de sedición, como fue el caso de Jordi Cuixart.

El líder de la entidad soberanista Òmnium Cultural castigado con nueve años de cárcel llegó a responder al Tribunal Supremo -cuando preguntó a los condenados su opinión sobre el indulto, puesto que lo habían solicitado terceras personas en su nombre- que rechazaba la medida de gracia y que todo lo que hizo "lo volvería a hacer" porque no cometió ningún delito. "Esas palabras son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable", afirmaron los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo en el informe con el que rechazaron el indulto.

Revisar la hemeroteca de los condenados

Velasco coincide en que la "convivencia ciudadana" como razón de la utilidad pública de los indultos de los independentistas "colisiona con la realidad del ho tornarem a fer (lo volveremos a hacer)". Para el experto, es difícil que el Gobierno encuentre otras razones de "utilidad pública" distintas para conceder el indulto que las de la solución de un conflicto político o la búsqueda de la mejora de la convivencia en Cataluña. En este sentido, considera que será muy importante que el Gobierno repase las manifestaciones públicas de los condenados para valorar si conviene solicitar el indulto total o parcial de las penas de cada uno de ellos.

"El fenómeno político es colectivo pero los indultos son individuales. Algunos políticos condenados [también cita a Cuixart] han sido muy beligerantes, poniendo al Gobierno en apuros", reflexiona. Por lo que considera que la petición que haga el Ejecutivo para cada uno de los condenados podría depender de una revisión de la hemeroteca de sus declaraciones públicas y el nivel de arrepentimiento mostrado durante éstas.