La Liga Nacional de Fútbol Profesional acusa a la Federación Española de Fútbol (RFEF) de haber desviado a otros fines al menos 5,2 millones de euros del dinero que le entregó para pagar a los árbitros en el periodo 2009-2016 y pide al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villar que practique diligencias a fin de esclarecer esta "injustificada" detracción de fondos.

El convenio de coordinación que LaLiga firmó con la RFEF el 20 de agosto de 2010 incluía la obligación de la primera de aportar a la segunda una determinada cantidad económica para sufragar las percepciones que le corresponden a los árbitros y atender los gastos de viajes, alojamiento y suplidos de aquéllos. En total, más de 15,5 millones de euros por temporada.

En un escrito fechado el pasado 24 de mayo, al que ha tenido acceso El Independiente, la patronal que preside Javier Tebas asegura que, "sin su conocimiento" ni su "consentimiento", la Federación destinó parte de esos fondos año tras año "al beneficio de terceros y de la propia RFEF" en lugar de reintegrarle los remanentes que se fueron generando. La cantidad presuntamente desviada la ha cifrado en 5.215.375 euros.

Desglose de las cantidades supuestamente desviadas cada temporada por la RFEF, según sostiene LaLiga.

"Del somero análisis de las facturas y liquidaciones de los gastos con los que se pretenden justificar el cobro y adecuación a convenio de los fondos transferidos por LaLiga a la RFEF se puede concluir que el dinero aportado por mi patrocinada con naturaleza finalista ha sido empleado a fines escandalosamente distintos de aquellos para los que fueron aportados", expone en el escrito el abogado de la patronal, Francisco Martínez.

Viajes, comidas, costas judiciales...

En concreto, la acusación que ejerce LaLiga en el procedimiento que instruye el juez Santiago Pedraz detalla que, con ese dinero, la Federación ha sufragado gastos no previstos en los convenios de coordinación como acciones de formación; desplazamientos y estancias de la junta directiva del Comité Técnico de Árbitros (CTA); trajes para los árbitros de Segunda División A y B; el mantenimiento de intercomunicadores; el abono de honorarios de un coach profesional; la manutención de la mujer e hija de un directivo arbitral; consumiciones de restauración de Victoriano Sánchez Arminio cuando estaba al frente del CTA; comidas y cenas atribuidas al fútbol playa; un proyecto universitario de investigación sobre 'Control médico deportivo del árbitro de fútbol' y hasta las costas de un procedimiento judicial.

"A modo anecdótico, pero revelador de la total improcedencia de los gastos abonados con el dinero de LaLiga, podemos hacer mención (...) al gasto correspondiente a una cena en cuya mesa se consumieron productos tan necesarios para la 'Captación, formación y promoción de nuevos árbitros para garantizar la continuidad del arbitraje', como el whisky Cardhu o el orujo de Potes", indica con sorna la patronal.

Factura de una comida imputada a los fondos aportados por LaLiga.

En este sentido, LaLiga recuerda que los pinchazos telefónicos -autorizados por el instructor y cuya transcripción consta en las actuaciones- han puesto de manifiesto que para el ex presidente Villar y otros directivos era importante tener "contentos al colectivo arbitral", especialmente ante los procesos electorales.

LaLiga sostiene que la RFEF reconoció en 2019 de forma implícita la "improcedencia del desvío de los fondos" al restituirle 861.395,08 euros por gastos no justificados (casi la mitad por gastos de estancias). La devolución volvió a consumarse en septiembre de 2020, cuando la Federación reintegró otros 910.87990 euros.

Testificales de cinco árbitros

En el escrito presentado en el juzgado, el servicio jurídico de la patronal pide al magistrado Pedraz que practique diversas diligencias ante "la necesidad de arrojar luz y esclarecer los motivos y circunstancias" que llevaron al desvío de más de 5,2 millones de euros entre los años 2009 y 2016. Una de ellas es que analicen estos hechos los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a los que encargó en mayo de 2018 un informe sobre el destino dado por la RFEF a los fondos percibidos por LaLiga (más de 344,13 millones de euros entre 2008 y 2017), su adecuación a los fines previstos en los convenios y la corrección en su contabilización. Dos años después de solicitarse el auxilio judicial, ese trabajo no se ha notificado todavía a las partes.

También considera "pertinente, útil y necesario" que cite a declarar en calidad de testigos a los cinco firmantes del acuerdo arbitral rubricado el 20 de agosto de 2010, entre ellos el colegiado que ha dirigido la última final de la Champions League: Antonio Miguel Mateu Lahoz. Completan la lista Alberto Undiano Mallenco, David Fernández Borbalán, Carlos del Cerro Grande y Juan Carlos Yuste Jiménez.

"Ninguno de los firmantes de ese acuerdo estaba habilitado ni contaba con el consentimiento de mi mandante para, ni más ni menos, acordar que los posibles remanentes de las cantidades entregadas por LaLiga con base en el Convenio de Coordinación fueran apropiadas y destinadas a finalidades ajenas a los destinos y fines previstos en el mismo", añade.

Fondos "de naturaleza privada"

Por su parte, la Federación Española de Fútbol se ha opuesto a que se practiquen estas diligencias en el procedimiento que dirige el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional al entender que los fondos recibidos de LaLiga son "de naturaleza estrictamente privada" y, por tanto, los problemas privados entre dos personas jurídicas tendrían que sustanciarse "ante la jurisdicción civil". "Ésta no es la sede ni el procedimiento, dicho sea con los debidos respetos, para dirimir si los fondos entregados por LaLiga a la RFEF se emplearon para pedir un día tres copas de Cardhu o de orujo de Potes", responde.

La entidad que preside Luis Rubiales dice que, en su condición de acusación particular, trata de evitar la práctica de diligencias de investigación que "conduzcan exclusivamente a una dilación innecesaria del procedimiento y a la desviación de los hechos que realmente se investigan y cuya complejidad ya la convierte en una causa suficientemente densa", iniciada hace casi cuatro años. El juez resolverá después de oír a la Fiscalía Anticorrupción.