La batalla judicial con la que amenazaban algunas comunidades autónomas la pasada semana -cuando se aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud la nueva 'Declaración de Actuaciones Coordinadas' que incluye restricciones de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas- ya ha comenzado. Y Madrid ha vuelto a tener la iniciativa. La presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que presentarán un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para frenar la nueva normativa, que convierte en obligatorias lo que hasta ahora eran recomendaciones planteadas en el documento conocido como 'Semáforo Covid'. Por el presente acuerdo, aquellas regiones que se encuentren en un nivel alto de alerta tienen prohibida la apertura del ocio nocturno e, incluso, están obligadas a cerrar el interior de bares y restaurantes hasta que mejoren sus datos epidemiológicos.

Tal y como ha afirmado Ayuso en su cuenta de Twitter, las medidas "son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños". "Para seguir arruinando a la gente, que no cuenten conmigo", ha zanjado.

La Comunidad de Madrid ha solicitado medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional, de modo que queden en suspenso las nuevas restricciones del Ministerio de Sanidad hasta que se produzca el fallo del tribunal, al considerar que la aplicación de las medidas causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable. En la región rige actualmente la Orden 572/2021 de 7 de mayo de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis ocasionada por el Covid-19. Subrayan, además, el "perjuicio" que supone "la invasión de competencias" abordada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una acción que sume al ciudadano "en un régimen voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna y sustituyendo de un día para otro la regulación existente". Todo ello supone "una afrenta a la seguridad jurídica", zanjan en el ejecutivo madrileño.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha seguido adelante con la ofensiva jurídica a pesar de que el Ministerio de Sanidad ya comunicó la pasada semana que sacaría a la Comunidad de Madrid del nivel 3 de alerta, de modo que la región no se vería obligada a cerrar el interior de la hostelería, tal y como marcaba la 'Declaración de Actuaciones Coordinadas'. Pese a ello, el ejecutivo madrileño ha seguido adelante con su rebelión y ha avanzado que no acatará las pautas de Sanidad, sea cuales sean, ya que consideran que, sin estado de alarma, la gestión de la pandemia es una competencia exclusiva de las comunidades. "Una vez decae el estado de alarma, se traslada a las comunidades la responsabilidad. El consejo hace recomendaciones y lo que tiene que buscar es el consenso. Nos parece un fraude y una intervención lo que está haciendo Sanidad", manifestaba la pasada semana el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

Madrid y otras comunidades autónomas que también votaron en contra del documento la pasada semana en la Interterritorial, ya avanzaron que los servicios jurídicos estaban estudiando posibles acciones contra el Ministerio de Sanidad para evitar la aplicación de unas medidas que tachan de "desproporcionadas" y de "invasión de competencias". En esta tesis se situaban Galicia, Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Cataluña, aunque por el momento ninguna de ellas ha anunciado batalla en los tribunales.