Es la ocasión en la que más cerca ha estado de Isabel Díaz Ayuso. Nada hacía presagiar que el lehendakari aplicaría la receta más consumida por la presidenta de la Comunidad de Madrid: rebelarse contra las disposiciones del Ejecutivo del presidente Sánchez. Iñigo Urkullu no acostumbra a hacerlo, a dar golpes en la mesa, a romper y a rebelarse. Su trayectoria se escribe más con negociaciones discretas, críticas medidas y cálculo estratégico de tiempos y gestos. Pero el vaso de la paciencia parece dar síntomas de haberse colmado, de estar a punto de rebasar su capacidad.

El Gobierno vasco ha decidido desobedecer. No es el único: Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia… y así hasta media docena de comunidades autónomas que concentran a la mayor parte de la población española. En el caso vasco, sin embargo, se da una circunstancia singular. El Ejecutivo que gobierno Euskadi está compuesto por un socio preferente de Sánchez y por el propio partido que se sienta en La Moncloa: PNV y PSE. Y ambos están junto en el plante al plan de desescalada que la vicepresidenta Calvo y la Ministra Darias insisten que es de obligado cumplimiento, si bien en el documento oficial publicado el sábado en el BOE finalmente se abrían resquicios a ajustar su aplicación en algunos aspectos de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, la mayor parte de sus medidas de aforos, reunión y horarios de la hostelería no coinciden con la ‘hoja de ruta’ del plan ‘Biziberri’ que Euskadi ya ha asegurado que seguirá, diga lo que diga Sanidad, en vigor durante tres semanas.

En el Consejo Interterritorial ya se escenificó el primer acto de la rebelión de Urkullu. La consejera de Salud ni participó en el debate, ni votó el plan “unilateral’ presentado por el ministerio. Al día siguiente llegó el segundo acto en boca del propio lehendakari al afirmar que era un intento de “imposición” por parte del Gobierno, un ataque a las competencias y una demostración de que la ‘cogobetnanza’ es cosa del pasado. Y finalmente, el tercer acto lo protagonizó el pasado viernes su portavoz, Bingen Zupiria, al reafirmarse que en que el Gobierno vasco seguirá su propia ‘hoja de ruta’, “es eficaz y está consensuada desde la pasada primavera con el Gobierno”.

El malestar de Urkullu con Sánchez ha ido subiendo escalones y estos días parece haber alcanzado su cima. El lehendakari calificó de “desconcierto absoluto” y “deslealtad” los movimientos y “actitudes” del Ejecutivo en la gestión de la fase actual de la pandemia. Visiblemente molesto, reprochó al Gobierno que ahora quiera arrogarse de nuevo el control de la desescalada después de haber delegado la toma de decisiones en las Comunidades Autónomas tras decidir poner fin al Estado de Alarma y dejar a los pies de los tribunales las decisiones de los gobiernos autonómicos. Precisamente ésta fue la decisión anterior que tensó la cuerda que ahora empieza a deshilacharse. Urkullu había pedido a Sánchez prorrogar el Estado de Alarma en todo el país, alertó públicamente del desconcierto y riesgo que suponía dejarlo caer pero fue desoído. Y no era la primera vez.

'Cogobernanza' inexistente

Sus intentos por lograr ver aplicado su concepto de “cogobernanza”, que desde el inicio de la pandemia reivindicó, se ha quedado en una ilusión. El lehendakari llegó a confiar en que la situación de emergencia en la que sumió al país la pandemia, y que inicialmente se abordó con un mando único, pasaría a una fase de acuerdos entre administraciones. Pronto descubriría que no. El ‘rosario’ de conferencias de presidentes promovida por Sánchez no tardó en decepcionar al lehendakari. En una de ellas amagó incluso con no acudir hasta que no pactara los límites de déficit y deuda. La víspera el acuerdo facilitó que Urkullu estuviera presente en San Millán de la Cogolla. Ahora, El Gobierno vasco ha reiterado que estos encuentros “no sirven para nada” y que el trasfondo de todo es la falta de voluntad de actuar con un verdadero espíritu de cogobernanza.  

Ahora la Administración vasca ha regresado al punto de partida, a la reclamación de una relación bilateral Euskadi-España, “la salud no puede ser una razón para poner patas arriba la bilateralidad”, ha denunciado el portavoz del Gobierno.

Y de fondo, las dificultades económicas que acechan al País Vasco, con la pérdida de proyectos relevantes en las últimas semanas y la incertidumbre que se cierne sobre el destino y criterios a aplicar para el reparto de los fondos europeos. Uno de los temores del Gobierno Urkullu es que Moncloa quiera aprovechar la lluvia de millones para priorizar zonas menos desarrolladas que el País Vasco, apostar por regiones menos industrializadas y con una economía más débil. Eso supondría una dificultad para obtener recursos para la larga lista de proyectos que recientemente actualizó Euskadi, pasando de los 188 a los 276 proyectos y una inversión prevista de 18.200 millones de euros hasta el año 2026.

La relación entre Urkullu y Sánchez nunca fue especialmente fluida. Desde que accedió a Moncloa, el presidente del Ejecutivo tan sólo se ha citado con el lehendakari en dos ocasiones. La última, el pasado mes de enero, tras dos años y medio se encuentro oficial. En aquella cita todo fueron promesas: refuerzo de la relación, compromiso de mayor interlocución y propósito de seguir engrasando la sintonía. Cinco meses después la distancia lejos de acortarse parece haber aumentado. Una relación que en el caso de ambos líderes se dibuja de decepción en decepción.

De decepción en decepción

Tan sólo los primeros pasos del Gobierno de Sánchez parecían augurar una mejor sintonía entre ambos. El Gobierno PSOE-Unidas Podemos comenzó con uno de los acuerdos más deseados y reivindicados por el nacionalismo vasco: el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Después llegaron los retrasos, los problemas y los calendarios incumplidos. La pandemia no ayudó. El último revés, el retraso en la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Ni siquiera la firma de competencias relevantes como la gestión de las prisiones ha compensado el camino repleto de frustraciones que acumula la relación entre ambos mandatarios.

En todo este contexto, en el PNV hace meses que incomoda tener que salir en defensa de algunas decisiones del Ejecutivo. Tanto, que la crítica también se ha hecho cada vez más habitual en el Congreso de los Diputados y en boca de su presidente, Andoni Ortuzar. Además, compartir la atención presidencial con EH Bildu se ha convertido en otro elemento de fricción. La coalición de la izquierda abertzale es un apoyo necesario para Sánchez y que ha procurado no ahuyentar. Recientemente la vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a anunciar que antes de fin de año cumplirá su palabra con Bildu y derogará la reforma laboral a la que se comprometió a cambio de su apoyo a una de las prórrogas del Estado de Alarma.

En el Gobierno no son ajenos a esa distancia que se ha podido abrir con el Ejecutivo Urkullu. El ministro Miquel Iceta insistió en recordar que siguen siendo preferentes, que el lehendakari es un hombre leal que si tiene que discrepar lo hace pero con un tono “exquisito” o que el PNV siempre actúa “de buena fe”. Por el momento, el vaso de la paciencia empieza a colmarse y la incomprensión hacia el actuar del Gobierno Sánchez, a repetirse. En el PNV, por si acaso, han comenzado a quitar las telarañas del puente de interlocución con el PP, nunca se sabe. Lo hace cuando los sondeos, tras el éxito de Ayuso en las elecciones madrileñas, aúpan a los populares en intención de voto y castigan a socialistas y morados.