El Gobierno vasco ha aprobado hoy un decreto por el cual la Administración podrá forzar el alquiler público de viviendas consideradas deshabitadas. La medida, con la que se pretende movilizar el parque de pisos sin uso, facultará al Ejecutivo a declarar deshabitada una vivienda si se cumplen unos requisitos y ponerla al alquiler. A cambio, los propietarios percibirían una renta o, si no hay acuerdo, una indemnización tras ser expropiada. Se estima que este decreto podría movilizar hasta 15.000 pisos en el País Vasco. Además, se aprueba la aplicación de un canon anual de 10 euros/m2 a las que sean consideradas deshabitadas.

El decreto es parte del desarrollo de la Ley vasca de Vivienda en la que se subraya la función social de los pisos. En él se fija el procedimiento por el que un piso puede ser declarado deshabitado. Será considerado como tal aquel inmueble que sume dos años sin uso justificado y que su desocupación no entre dentro de los casos que sí se contemplan.

Así, los supuestos en los que la desocupación estará justificada serán las segundas residencias, los casos en los que su no uso resposnda a razones de traslado temporal de domicilio por razones laborales, de salud, de dependenica o de emergencia social o en aquellos pisos que estén ofertados al alquiler o la venta por periodos máximos de tres meses. También se excluyen los pisos de organizaciones sociales, los que tengan usos de acogida de inmigrantes, de víctimas de violencia de género o aquellos que están siendo rehabilitados.

Serán los ayuntamientos los responsables de acreditar que una vivienda no tiene uso. Se hará a través de comprobaciones del padrón y los consumos. En aquellos casos que se considere probado, se abrirá un procedimiento, con trámite de audiencia para los propietarios para que puedan alegar en contra o incluso ceder las viviendas a programas públicos de alquiler o comprometiéndose a su puesta en alquiler a precios de mercado.

Canon anual: 10 euros/m2

En los casos en los que los pisos sean declarados deshabitados se aplicará un canon anual de 10 euros por metro cuadrado que se incrementará un 10% por cada año sin uso. Serán los consistorios los encargados de recaudarlo y de destinar estos fondos a políticas de vivienda.

Los alquileres forzosos se aplicarán en aquellas zonas con gran demanda de alquiler y que no se haya podido satisfacer por parte de la Administracion. Se deberá cumplir dos requisitos. La primera de ellas que en ese municipio o área existan al menos un centenar de demandantes inscritos en Etxebide -el servicio público vasco de vivienda- cuya demanda lleve dos años sin cubrir a través del parque público. También se deberá dar la circunstancia de que los precios de alquiler sean un 10% superiores a la renta media de la localidad.

Sólo se podrán aplicar alquileres forzosos a viviendas declaradas deshabitadas y que lleven un año en esta situación desde su declaración. En los casos en los que se fuerce el alquiler lo hará por un periodo de cinco años prorrogable otros cinco. Durante los mismos, el propietario recibirá una renta de alquiler y en los casos en los que no exista acuerdo, una indemnización.

Expropiaciones

En los casos más extremos, como que la vivienda esté en ruinas, suponga un riesgo de seguridad o incumpla las normativas de conservacion, se prevé incluso la expropiación forzosa. En estos casos se rehabilitaría la vivienda y se podría a disposición de asociaciones sin ánimo de lucro.

Todos los pisos considerados deshabitados se incluirán en un registro del departamento de Vivienda del Gobierno vasco. En los casos en los que los inmuebles dejen de estar vacíos se deberá comunicar a la Administración para, en su caso, anular la declaración.

Junto a ello, el Gobierno prevé conceder ayudas a la rehabilitación a propietarios que estén dispuestos a reparar las condiciones de los inmuebles para ponerlos al alquiler. Las destinadas al alquiler protegido tendrán prioridad y ayudas adicionales. El Ejecutivo recuerda el programa Bizigune por el cual cede al piso a la Administración para ofertarlo en régimen de alquiler social y por el cual los propietarios podrá percibir hasta 650 euros mensuales en concepto de renta. A la finalización del contrato el Gobierno se compromete a la devolucion de la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada.