Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, se ha convertido en el primero de los condenados por el 1-O que ha formalizado el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El abogado de Cuixart y ex diputado de la CUP, Benet Salellas, ha anunciado este mediodía la presentación del recurso, 24 horas después de que el Tribunal Constitucional comunicara el martes el fallo en contra de los recursos de amparo presentados por Cuixart y Jordi Sánchez.

El Alto Tribunal avaló las penas impuestas por el Tribunal Supremo, nueve años de prisión por sedición. De nuevo, sin embargo, dos de los integrantes del Constitucional han emitido sendos votos particulares en los que cuestionan las condenas de los Jordis. Consideran Juan Antonio Xiol y Maria Luisa Balaguer que los entonces líderes de Òmnium y la ANC no buscaron «propiciar un levantamiento social que posibilitara la declaración de independencia de Cataluña, sino presionar al Gobierno de la Nación para la negociación de una consulta popular en ese sentido».

Prisas porque sigue en la cárcel

Tras la sentencia del TC, Salellas ha explicado en declaraciones a TV3 que "no dejamos pasar ni 24 horas" para presentar el recurso ante el TEDH, porque "tenemos la prisa de una persona que sigue en la cárcel". El recurso, de más de 2.000 folios, alega que se han vulnerado los derechos de reunión y de libertad de expresión de Cuixart, un argumento que coincide parcialmente con los votos particulares de Xiol y Balaguer.

Cuixart se convierte así el en primero de los condenados en llegar al Tribunal de Estrasburgo, pese a que la primera sentencia del Constitucional fue la referida al recurso de Jordi Turull. La defensa del ex portavoz del Govern de Carles Puigdemont formalizará el recurso este jueves, cuando Jordi Pina acudirá a Estrasburgo acompañado por Carles Puigdemont.

Fracaso de Puigdemont en la Comisión Europea

Paralelamente, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dado portazo hoy a la pretensión de la ANC y el Consejo por la República que preside Puigdemont de que se aplique al artículo 7 del Tratado de Lisboa a España. Se trata del artículo que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos o el imperio de la ley y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

Las dos entidades independentistas presentaron una iniciativa ante la Comisión Europea para que ésta avalara la recogida de un millón de firmas para que active los mecanismos de vigilancia sobre España. La iniciativa ciudadana europea de los independentistas fue rechazada por la Comisión en 2019, lo que llevó a ANC y CxR a denunciarla ante el Tribunal General.

Tras el rechazo del TGUE, que avala la tesis de la Comisión, las entidades independentistas amenazan ahora con elevar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "para que investigue si las vulneraciones de derechos humanos de las autoridades españolas contra el pueblo catalán suponen una amenaza sistémica contra el estado de derecho".