El último atentado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) se remonta a 1987. El primero, a 1983. Ocurrió el 16 de octubre de aquel año. El crimen de aquella organización por entonces desconocida fue uno de los más crueles de las casi 40 acciones que constan en su historial, y las dos primeras víctimas mortales de las 27 que provocaron. El secuestro, tortura y asesinato de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa fue uno de los pocos atentados por los que miembros de los GAL, entre ellos el coronel Enrique Rodríguez Galindo y otros altos cargos de la Guardia Civil y el Gobierno fueron condenados. Sobre la mayoría, no existe ni autoría reconocida ni condenas.

Seis lustros después, Pili Zabala, hermana de José Ignacio, impulsa una plataforma, E-Egiaz, que cuenta con el apoyo de un centenar de nombres relevantes de la cultura, además del apoyo de cerca de 3.000 firmas, en favor de un esclarecimiento pleno de la acción de los GAL. Aquella organización, financiada con fondos reservados y en la que se vieron implicados altos cargos del Estado, justificó sus acciones asegurando que pagaba con la misma moneda a ETA y que lo hacía en su refugio, en el País Vasco francés. Casi la moitad de los 27 asesinatos correspondieron a personas sin relación alguna con ETA.

Zabala asegura que aún existe "todo" por conocer de los GAL, no sólo "la X". Señala que pudo ser Felipe González, pero "falta por desgranar toda la estructura jerárquica de ese grupo terrorista". Considera que a pesar de que la Justicia española de por prescritos todos aquellos atentados, "Naciones unidas los considera crímenes de lesa humanidad que no prescriben". Pide al Estado, que al igual que debe hacer la izquierda abertzale, también lleve a cabo "su camino" de reconocer y reparar el daño causado.

Por ello, asegura que la plataforma de reciente creación trabajará en favor del esclarecimiento de todos los crímenes, para que se ponga fin "al amparo" que aún hoy se brinda a quienes estuvieron implicados y por el "trato de favor" del que gozan": "Necesitamos actitudes de rectitud moral por parte del Estado español, que ha estado protegiendo a victimarios condenados y les ha permitido todo tipo de privilegios. No cumplir condena, no se les ha pedido pedir perdón ni que se arrepientan ni que hagan ningún tipo de autocrítica ni garanticen que no van a volver a delinquir ni cometer el delito".

Pregunta.- Usted lleva muchos años reclamando la verdad de lo ocurrido con los GAL. ¿Por qué ahora presentan esta plataforma?

Respuesta.- Tras la desclasificación de los documentos de la CIA, en junio de 2020 ya comunicamos que presentaríamos la plataforma B-Egiaz. Lo anunciamos tras la negativa del Congreso de los Diputados de crear una comisión de investigación sobre los GAL y la posible vinculación de Felipe González con su creación. Ese fue el origen. Lleva gestándose un año. Creemos que la verdad no prescribe, es un principio universal que contempla Naciones Unidas. Tampoco prescriben los delitos, pese a que lo diga la Audiencia Nacional. El Derecho Penal Internacional los considera delitos de lesa humanidad que no prescriben.

P.- Han pasado más de tres décadas desde la última acción de los GAL. ¿Qué queda por conocer?  

R.- Todo. Las reuniones que realizaron, saber quiénes las organizaron, desgranar cómo estaba estructurado jerárquicamente ese grupo terrorista, quiénes fueron sus máximos inductores, cómo se financiaba con los fondos reservados… No hemos tenido acceso a la documentación, protegida por la ley de secretos oficiales, que es de la época franquista, de 1968. Esa ley determinó secretos algunos documentos y sólo se han desclasificado parcialmente.

P.- El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, ¿está dispuesto a dar pasos para desclasificar información? ¿Hay resistencias para dar ese paso?

R.- El Estado español tiene muchas hipotecas, muchas deudas morales y responsabilidades políticas que han pasado sin peaje. Siempre se ha sabido que la ‘X’ del GAL no es sólo una persona. La ‘X’ del GAL posiblemente fuese Felipe González pero podía haber sido también Galindo, Barrionuevo o el delegado del Gobierno en el País Vasco. Ahí existen muchísimas resistencias. Es cierto que los diferentes gobiernos, tanto del PP como del PSOE, no han tenido ningún interés en esclarecer la trama terrorista GAL. No la han tenido porque hay personas importantes de sus partidos que pueden tener algún tipo de relación económica, política o de otro nivel. Aquí lo que se está haciendo es una protección, se está amparando a personas.

P.- ¿También el Gobierno actual sigue dando ese amparo?

R.- Sí, se sigue dando. En un estado de derecho la transparencia debe ser la norma y no la excepción. Las carencias que ha demostrado tener la democracia española son de tal cariz, llegan a tal grado de descontento, que va siendo hora de acceder a la verdad. Todos los relatores de Naciones Unidas recomiendan al Estado español que tiene que dar pasos como pedir perdón a las víctimas causadas por las diferentes violencias. El Estado es responsable. El Gobierno actual lleva la carga moral y política de lo que hicieron sus antecesores. Aunque ellos no sean los responsables sí deben hacer una petición de perdón pública y una exposición de la verdad de los hechos ocurridos, y hacerlo con rigor histórico.   

P.- Usted fue candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos. Ahora está fuera de la política. ¿Han tenido ya contacto con el Gobierno de Unidas Podemos y PSOE para reclamarles que se esclarezca el pasado de los GAL?

R.- Siempre se intenta tocar las puertas del Gobierno, pero por ahora no puedo comentar mucho más. Si puedo utilizar los puentes que me sirvan para lograr que se esclarezca la verdad y demostrar lo que ha existido y no se ha querido ver, utilizaré todos los mecanismos.  

P.- ¿Han tenido algún tipo de presión para no poner en marcha esta plataforma?

R.- No. Se ha hecho de modo discreto, prudente. No hemos tenido ningún obstáculo.

P.- El Gobierno, el Ministerio del Interior, está en una fase de actualización de la Ley de Víctimas. ¿Cree que es una oportunidad para las del GAL puedan ser reconocidas como víctimas del terrorismo?

R.- No lo conozco. Me desilusiona que no se hayan puesto en contacto con nosotros. Si las leyes no reflejan la realidad, no creo que avancemos por el camino de la convivencia pacífica, en la reconciliación basada en los derechos humanos de todas las personas y el reconocimiento de todas las vulneraciones de derechos humanos. Espero que podamos encontrarnos en el camino para modificar una ley que incluya a más víctimas, que todas puedan tener seguridad jurídica.

P.- A las víctimas del GAL, ¿hasta qué punto les perjudica que se considere que el entorno de ETA no ha hecho aún una autocrítica suficiente, que no se ha desmarcado de la violencia del pasado? ¿Les perjudica para su reconocimiento?

R.- Son trampas que se hacen en el solitario. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una víctima no elige ser víctima, le toca serlo desgraciadamente. Esas trampas que se hacen para no debatir, no llegar al fondo de la cuestión. Desviar el foco hacia otro tipo de situaciones no tiene nada que ver con el reconocimiento y reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado.  

P.- Socialmente, ¿se sienten ignoradas, desplazadas como víctimas?

R.- Cada persona es diferente. Yo puedo hablar de mi caso. Ni siquiera hablo en representación de mi familia, sino de mi misma. Cada vez se está conociendo más y mejor la verdad y la gente se está dando cuenta de lo injustamente tratadas que hemos sido las víctimas del terrorismo de Estado. Independientemente de la manipulación de la historia, de cómo se cuenten los hechos, no hay más que ver cómo las víctimas del terrorismo de Estado no hemos tenido institucionalmente nada, ningún tipo de seguridad jurídica. En cambio, los perpetradores de los delitos, quienes han sido condenados, han recibido todo tipo de honores, homenajes y privilegios. Eso, que se proteja al victimario y se deje indefensa a la víctima, no ha ocurrido en ningún estado de derecho en Europa.

P.- Los condenados por su pertenencia a los GAL, ¿han recibido un trato de favor?

R.- Hay muchas personas condenadas por tortura que están en la calle sin haber cumplido ningún tipo de pena. Muchos condenados han sido incluso ascendidos. ¿Mayor humillación se le pude dar a la víctima que el perpetrador de su delito sea glorificado, protegido por el Estado? Estos comportamientos inaceptables, inmorales, deben ser rectificados. Necesitamos actitudes de rectitud moral por parte del Estado español, que ha estado protegiendo a victimarios condenados y les ha permitido todo tipo de privilegios. No cumplir condena, no se les ha pedido pedir perdón ni que se arrepientan ni que hagan ningún tipo de autocrítica ni garanticen que no van a volver a delinquir ni cometer el delito.   

P.- Afirma que no se les ha pedido que hagan autocrítica, pidan perdón o se comprometan a no repetir el delito. ¿Lo dice por lo que sí se exige a los presos y entorno de ETA? ¿A ellos se les debería reclamar lo mismo que al entorno afín a la izquierda abertzale?

R.- Por supuesto. Aquí lo que hace falta es un acto sincero, honesto de reconocimiento a todas las víctimas de todos los terrorismos. Tanto el Estado, como todos los partidos, incluida la izquierda abertzale, deben hacer su camino y recorrido. También el PP.

P.- ¿Se les ha acercado ya alguna persona aportando información relevante?

R.- Algo tenemos, pero aún no se puede contar. Todo lo que consideremos que pueda servir para la investigación, una prueba, un indicio de un delito. Todo se llevará a la Fiscalía. Nuestro objetivo es saber la verdad para que no se vuelva a repetir todas las barbaridades que hemos vivido y sufrido.