El Coronel Pedro Antonio Pizarro de Medina ha asumido este viernes el mando de los más de 1.800 guardias civiles desplegados en Barcelona con un mensaje claro a la Generalitat: el cuerpo "no hace política" ni aceptará situaciones discriminatorias como la vivida con el proceso de vacunación por el coronavirus. Lo ha hecho con un discurso pronunciado en buena parte en catalán, al que no han asistido ni la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ni el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena. Sí estaba el ratificado director de los Mossos, Pere Ferrer.

Pizarro ha lamentado la "incomprensión" de las autoridades catalanas ante las actuaciones del cuerpo. Un ejemplo de ello fue el rechazo de la Generalitat a la instalación de un hospital de campaña en Sant Andreu de la Barca, sede de la comandancia, en pleno pico de la primera ola del coronavirus.

Ha denunciado también los retrasos en la vacunación a policías y guardias civiles en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tuvo que ordenar la vacunación de estos colectivos, a petición de un sindicato policial y una asociación profesional de la Guardia Civil, exigiendo a la Generalitat la inmediata modificación del Plan de vacunación, tras constatar que menos del 10% habían sido vacunados, frente al 80% de los mossos y policías locales.

No hacemos política

Consciente de que el cuerpo sigue siendo blanco de las críticas del independentismo por su papel como policía judicial en la instrucción de las causas contra los líderes del 1-O, Pizarra ha señalado además su independencia del poder político. "No hacemos política, aplicamos la política de seguridad que el Gobierno de la nación estima oportuna" ha recordado el coronel.

Con una larga trayectoria en Cataluña, comunidad en la que reside desde los seis años y a la que ha regresado tras pasar por las comandancias de Guipúzcoa y Navarra, Pizarro se ha esforzado por defender la catalanidad del cuerpo. "Somos de aquí y de allá" ha apuntado defendiendo la transversalidad del cuerpo.

Un discurso que ha seguido una nutrida representación institucional en la que sólo había cargos electos socialistas. La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marin, la vicepresidenta del Parlament, Eva Granados, o el alcalde de Sant Andreu de la Barca, Andreu Llorca.

Por contra, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha hecho ostentación de su plantón a la Benemérita, enviando a los medios la carta en el que rechazaba la invitación. Para argumentarlo, Borràs señala las actuaciones "como policía patriótica" para "perseguir a la disidencia política", poniendo como ejemplo los casos de Tamara Carrasco o la Operación Judas.