El pulso que desde hace dos años libra Mediapro con la Federación Española de Fútbol (RFEF) por no adjudicarle el contrato para el servicio de videoarbitraje (VAR) llega a juicio. El Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid iniciará la vista oral con la declaración de testigos el próximo 23 de junio, justo una semana antes de que comparezcan los peritos y el pleito previsiblemente quede visto para sentencia. El grupo que preside Jaume Roures reclama 2,12 millones de euros.

En julio de 2019, la RFEF eligió a Hawk-Eye (Ojo de halcón) como prestatario del servicio de asistencia al arbitraje a través de vídeo hasta la temporada 2022-2023 en detrimento de Mediapro, que pujó también por el contrato con una oferta económica más barata. La entidad que preside Luis Rubiales premió la experiencia de la compañía inglesa, proveedora de la UEFA y la FIFA.

El encargo se cerraba después de que la Justicia -en dos ocasiones- hubiera desestimado las medidas cautelares solicitadas por Roures, que trataba de anular el concurso público con el que la Federación quería seleccionar al proveedor técnico del VAR en Primera y Segunda divisiones durante cuatro temporadas. El servicio incluye el software, el hardware, los honorarios, el personal, los programadores, las conexiones, los montajes, los suministros, el mantenimiento, las autorizaciones y los desplazamientos, según se detallaba en el punto 3 de las bases.

Lejos de aquietarse ante este revés judicial, Mediapro ha seguido pleiteando en los tribunales -mantiene vivos en la actualidad cinco procedimientos contra la RFEF, entre ellos los relativos a los derechos de retransmisión de las finales de la Copa del Rey 2018-2019 y 2019-2022 y de la Copa de la Reina 2020- al entender que la prestación de este servicio le correspondía en virtud del convenio firmado previamente con LaLiga por un periodo de tres años.

Por contra, la RFEF defiende que ese contrato con la patronal en la fase experimental sólo le unía por un año y que, transcurrido ese plazo, era libre para convocar un proceso de licitación y seleccionar a la empresa que considerara más conveniente. Fue lo que hizo, eligiendo finalmente la oferta presentada por Hawk-Eye.

La experiencia, determinante

El segundo motivo que esgrime Mediapro es que la experiencia -determinante a la hora de seleccionar a la empresa británica- puede ser un criterio de admisión pero no de adjudicación. Frente a este argumento, la RFEF recuerda que fue precisamente la experiencia la razón invocada por LaLiga para adjudicarle directamente el contrato al grupo de Roures.

Las empresas que aspiraban a conseguir el encargo de la Federación Española de Fútbol tenían que acreditar su solvencia técnica y experiencia en el sector, lo que daba ventaja de partida a Hawk-Eye por ser la compañía especializada en VAR con mayor experiencia e implantación a nivel mundial. Es proveedor tecnológico de las competiciones de FIFA y UEFA, y de algunas de las ligas de fútbol más importantes de Europa.

En concreto, se exigía estar incluido en el listado de proveedores certificados por FIFA para la prestación del VAR, haber ofrecido el mismo servicio o similar en las competiciones de clubes o de selecciones de fútbol en las últimas dos temporadas, demostrar experiencia con evidencias suficientes en la implantación del VAR y acreditar la cualificación de los operadores de repetición y que éstos estaban certificados por la International Board, entre otros requisitos. Si bien la propuesta económica de Mediapro era mucho más competitiva que la de su rival, los puntos obtenidos por ésta en la valoración de su experiencia terminó decantando la elección.

El grupo de Roures mantiene vivos en estos momentos cinco procedimientos en los tribunales contra la RFEF

El Grupo Mediapro también combate la inclusión en las bases del concurso convocado por la RFEF de una cláusula relativa a criterios de exclusión -concretamente la 4.3- en virtud de la cual no serían elegibles las empresas que "hayan sido sancionadas penalmente o hayan reconocido su responsabilidad penal o la de sus directivos por (...) representación falsa, delitos contra la propiedad y contra el orden socioeconómico, soborno, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, delitos relacionados con la corrupción de autoridades o funcionarios españoles o extranjeros o de corrupción entre particulares, en cualquier ámbito territorial nacional o internacional, delitos contra la seguridad social y delitos contra empleados".

En noviembre de 2020, Mediapro reconoció que responsables de una filial en Estados Unidos pagaron sobornos millonarios a altos cargos de la FIFA para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar). Los directivos fueron despedidos a finales de 2015, según informó la compañía en un comunicado.

"Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes; que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (Concacaf) para los Campeonatos del Mundo de Fútbol de 2014, 2018 y 2022 (conjuntamente, los ‘Derechos de los Clasificatorios’) vulnerando la legislación de los Estados Unidos", admitió.

Cláusula polémica

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la Federación Española de Fútbol mantiene congelada la aplicación de esta cláusula hasta que exista un pronunciamiento judicial en firme que avale su plena legalidad, después de que un juez la suspendiera cautelarmente tras incluirse en el concurso tramitado por la RFEF para la venta de los derechos de retransmisión de la Copa del Rey 2018-19.

En el informe de cuentas de la Federación Española de Fútbol correspondientes al ejercicio 2020, el auditor hace mención al procedimiento judicial promovido por el grupo que preside Jaume Roures en relación con la "exclusión de la licitación del VAR" debido a la cuantía económica -3.375.266 euros- y el impacto que una sentencia condenatoria podría tener. Fuentes de Mediapro han confirmado a este diario que esa cantidad se rebajó posteriormente a 2,125 millones de euros.