La ETA 'indultada' por González y Aznar

Siempre han estado sobre la mesa del Consejo de Ministros. Las medidas de gracia las han aplicado por cientos socialistas y populares desde el comienzo de la democracia. Incluso para los condenados por delitos graves. Felipe González y José María Aznar llegaron a otorgar indultos a no pocos presos de ETA. Algunos cumplían penas severas, por delitos de sangre, por secuestro, y en todos los casos por pertenecer a una banda terrorista. Indultos concedidos incluso sin que mediara una petición del interno. En un tiempo en el que la violencia azotaba con virulencia y el dolor no dejaba de crecer en la sociedad española, los gobiernos del PSOE, en gran medida, y con menor intensidad los del PP, vieron en los indultos un camino para explorar la disidencia y el desmarque de los militantes de la banda encarcelados.

El Gobierno de Felipe González optó por este camino para intentar abrir grietas en las filas de ETA. Comenzó a concederlos poco tiempo después de acceder al poder en octubre de 1982 y no dejó de hacerlo hasta 1990. Para entonces ya se pudo comprobar que la ‘hoja de ruta’ diseñada para debilitar a ETA a través de su frente de presos no daba resultados. Poco antes, en 1989, la vía de ‘reinserción’ que se ofertó a los presos cambió. La apuesta del Ejecutivo socialista fue imponer el alejamiento y la dispersión del colectivo de presos convencido de que permitiría tambalear el control de la dirección de la banda sobre sus militantes en la cárcel y con ello abrir la puerta a desmarques personales.

La dispersión se mantendría más de tres décadas, hasta su práctica supresión por el Gobierno de Pedro Sánchez. Tampoco logró el objetivo pretendido. Después llegaría otras fórmulas para ‘sacar’ presos de la disciplina de ETA y del apoyo a la violencia, como fue la llamada ‘Vía Nanclares’ pero en la que los indultos no tenían cabida, sí el acceso a beneficios penitenciarios.

No habían transcurrido ni dos años en La Moncloa cuando el Gobierno de González tuvo que afrontar la decisión de qué hacer con el colectivo de 43 presos de ETA (p-m) y los Comandos Autónomos Capitalistas (CAA) que le solicitaron ser indultados. Corría el mes de abril de 1984 y la violencia de la banda, pese a haberse reducido respecto a los inicios de la década, los ‘años de plomo’, aún era muy intensa: 32 asesinatos ese año. Los 31 ‘expolimilis’, 9 ‘exmilis’ y 3 ‘exautónomos’ se comprometían en su escrito a abandonar las organizaciones armadas, apostar por las vías democráticas y no recurrir más a las armas para defender sus posiciones políticas. La petición, tramitada a través del entonces defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez, fue atendida favorablemente por el Ejecutivo y los indultos concedidos.

Secuestrador de Julio Iglesias Puga

En la larga lista de beneficiados se encontraban varios condenaos por secuestro. Dos de ellos, Jesús Urrutia Santamaría y Gloria Gutiérrez, cumplían condena por haber participado en el cautiverio de Julio Iglesias Puga. El padre del conocido cantante permaneció secuestrado veinte días hasta que los GEO lo lograron liberar el 15 de enero de 1982.  Ambos habían participado además de otros secuestros, como los de los industriales Luis Suñer y Jesús Serra. El indulto de Santamaría fue publicado por el BOE el 18 de diciembre de 1985. El de Gloria Gutiérrez Fombellida, el 19 de mayo de 1986.

En la lista de indultados de ETA también figura una compañera de comando del líder de EH Bildu. Otegi fue condenado –seis años de prisión- por el secuestro del director de la fábrica de Michelín de Vitoria, Luis Abaitua, en febrero de 1979. Junto a él, también fue condenada Rosa Dina Martínez, condenada a seis años por detención ilegal, a la que el Gobierno concedió el indulto el 6 de mayo de 1985.

Uno de los episodios más llamativos es el de Santiago Lopetegi. El BOE de 16 de marzo de 1987 publicaba el indulto firmado por el Rey. Cumplía condena por atentado contra funcionario público y quebrantamiento de condena. En realidad, era su segundo indulto. Año y medio antes se había beneficiado de esa medida de gracia. El 31 de octubre de 1985 el Gobierno se la había concedido cuando cumplía condena por tenencia ilícita de armas, estar en posesión de sustancias explosivas y haber participado en el robo de un banco. 

A mediados de los 80 el Gobierno facilitó el retorno de decenas de miembros de ETA que se habían refugiado en el País Vasco francés y que habían renunciado a la vía armada. Junto a ello, no dejó de aprobar para la firma por parte del Rey de indultos, algunos significados. Fue el caso de José Antonio Alcocer Gabaldón, alias ‘Zapatones’. Considerado uno de los dirigentes de ETA (pm), fue condenado por el intento de secuestro del diputado de la UCD, Eulogio Gómez Franqueiro en 1980. Las fracturas internas en las distintas ramas de ETA fueron aprovechadas por el Gobierno de González para facilitar la división y los abandonos en la organización para quienes estuvieran dispuestos a renunciar a la violencia y abrazar las vías democráticas.

Barrionuevo, indultó y fue indultado

Fueron precisamente un ministro de Interior, José Barrionuevo, y uno de sus más estrechos colaboradores, Rafael Vera, secretario de Estado de Interior, los que más impulsaron esta vía de gracia de la que ellos se beneficiarían más tarde. Condenados por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, primera acción cometida por los GAL, el Gobierno de Aznar les concedería el indulto parcial, a propuesta del Tribunal Supremo, al igual que los otros ocho condenados, y que les permitió salir de prisión la Nochebuena de 1998 y eximirles del cumplimiento de dos terceras partes de su condena de 10 años. Para otro de los condenados de los GAL, el general Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años por el caso ‘Lasa y Zabala’, el Tribunal Supremo se mostró contrario a concederle el indulto solicitado por su entorno, si bien apenas cumplió cuatro años en prisión.  

También hubo indultos que el Gobierno justificó en razones de desmarque de la violencia de los beneficiarios que luego estos negaron. Ocurrió el 2 de febrero de 1990. El Consejo de Ministros dio luz verde a indultar a 7 presos de ETA asegurando que se habían reinsertado y que merecían recuperar la libertad. Una semana después, todos ellos comparecían en rueda de prensa en Bilbao para asegurar que no era cierto, que no habían renunciado a la “lucha armada”: “No nos hemos reinsertado, no hemos renunciado a nada y no hemos firmado ningún documento por que se renuncie a la lucha armada”, aseguraron. Y terminaron arremetiendo contra el Gobierno por considerar que la estrategia de los indultos que aplicaba a los presos de la organización terrorista era una forma de “intoxicar” ante el fracaso de sus políticas de reinserción. Los de 1990 fueron los últimos indultos concedidos por gobiernos de González a presos de ETA.

Después llegó el PP. Su política cambió. También el modo de negociar con ETA y abordar la cuestión de sus presos. Sin embargo, también el presidente José María Aznar aprobó indultos a presos de ETA. Uno de ellos, pocos meses después de acceder al poder. Lo firmó la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal De Gante el 23 de agosto de 1996. El beneficiario fue Antonio Elorza Gorosabel, condenado por entregar dinero procedente de ETA al diario ‘Egin’.

Sueskun y Soares Gamboa

El Gobierno popular también se tuvo que enfrentar a las peticiones de indulto de otros presos destacados de ETA, como el exertzaina Mikel Sueskun, arrepentido y desmarcado de la banda. Acumulaba años reclamando un indulto. Sueskun, condenado por colaborar con ETA, reclamaba la medida para poder reintegrarse en la política, en las filas de EA, pero sin el peso de la inhabilitación que aún arrastraba. Obtuvo el tercer grado en septiembre de 1994. Comenzó a reclamar la medida de gracia a finales del Gobierno de González y continuó haciéndolo de modo reiterado. En 2001 volvió a solicitarla. Incluso la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco le apoyó en su reclamación.

También la petición de Juan Manuel Soares Gamboa, uno de los terroristas con un historial más sanguinario, estuvo sobrevolando la mesa del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja en 1997. Este destacado miembro de la banda se entregó a la policía y se desmarcó de la violencia. Miembro del sanguinario ‘comando Madrid’, llegó a colaborar con la Justicia y a aportar información relevante de varios atentados que estaban por resolver. El entonces presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz aseguró que el Gobierno estudiaba su posible indulto, extremo que negó poco después. Soares Gaboa no obtuvo ningún indulto. En 2005 obtuvo el tercer grado.

Su caso se vio salpicado por la reclamación del entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, de abrir una reflexión sobre la posibilidad de conceder indultos a presos de ETA como medida para favorecer su reinserción. La propuesta suscitó un importante revuelo al producirse apenas seis meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y que conmocionó a la sociedad española.