"Los indultos no son la solución, la solución pasa por la amnistía". Esta frase, que los independentistas repiten sin cesar desde que el Gobierno ha entrado en el debate sobre la medida de gracia para los condenados por el 1-O, esconde un destinatario preferente: Carles Puigdemont. El ex presidente fugado en Waterloo puede ver en pocas semanas cómo la situación de privilegio de la que ha disfrutado respecto a su eterno rival, Oriol Junqueras, se diluye en cuanto el republicano sea indultado. Por eso los suyos reclaman una medida de gracia que le permita volver a España sin tener que hacer frente a la justicia.

El independentismo lo verbaliza con la amnistía. Pero la salida, para Puigdemont, podría venir de la reforma del delito de sedición, que el ministro de Justicia tendría prácticamente ultimada. Con una redefinición de ese delito que implicara una rebaja de las penas, Puigdemont podría regresar esquivando las altas penas a las que han sido condenados sus compañeros de ejecutivo.

A más largo plazo, otra opción alimenta las esperanzas de Puigdemont. La posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbe las sentencias del Supremo contra los líderes del procés. Los primeros recursos, de Jordi Cuixart y Jordi Turull, han llegado a Estrasburgo esta semana, impulsados por los votos particulares de los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol y Maria Luisa Balaguer.

La baza de Estrasburgo

Los letrados de Cuixart y Turull están convencidos del éxito del recurso, amparado en las dudas mostradas por los magistrados del Constitucional. Pero la resolución no tendrá lugar antes de un año y medio, probablemente dos, advierten. Para entonces, sus patrocinados estarán presumiblemente en libertad, indultados por el Gobierno. Pero Carles Puigdemont podría beneficiarse de la sentencia, que frenaría las causas en su contra.

De momento, sin embargo, el discurso del independentismo insiste en la amnistía, que garantizaría el regreso de Puigdemont y su participación de nuevo en el diálogo con el Gobierno. La ministra de Derechos Sociales y nueva líder de Podemos, Ione Belarra, verbalizaba ese deseo esta semana, dejando claro que la reclamación de Junts ha llegado ya a los morados: «Que ellos puedan regresar es normal, no es normal que no estén en España», apuntaba en referencia a Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí. Belarra iba más allá, y aclaraba que el regreso se haría con la garantía de que no tuvieran que responder ante la Justicia.

Un extremo que rápidamente se ocupó de descartar la portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero. "El interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y juzgado". No fue la única. Joan Coscubiela, ex líder de los comunes durante los plenos de la ruptura del 2017 se apresuró también a corregir a Belarra.

Adiós a la ventaja sobre Junqueras

Hasta ahora Puigdemont ha disfrutado de una posición privilegiada, especialmente desde que fue elegido eurodiputado. Condición de la que disfruta gracias a un recurso judicial de Oriol Junqueras, del que el líder de ERC nunca se benefició. Mientras Junqueras y Sánchez estaban más o menos silenciados en prisión, él se ha movido con libertad por Europa y ha tenido acceso a los altavoces mediáticos del independentismo.

Los procesos abiertos en Alemania y Bélgica para su extradición le han permitido además vender como grandes éxitos las resoluciones de las justicia germana y belga. "Las únicas victorias del independentismo son las que proporciona el frente internacional" repiten sus acólitos para defender, por ejemplo, la oportunidad de un ente como el Consejo por la República.

Mientras en Cataluña el Govern se hundía en guerras internas y sus compañeros de ejecutivo eran condenados por el Tribunal Supremo, lo único a lo que podía agarrarse el independentismo era a esas las "victorias judiciales" de Puigdemont. O exhibiciones de fuerza, como el mitin de Perpiñán.

Protagonismo de ERC

Ahora se abre un horizonte en el que Oriol Junqueras podría salir de prisión de forma inminente, gracias a los anunciados indultos del Gobierno. No solo eso, sino que podría ser la estrella de la primera reunión de la mesa de diálogo auspiciada por PSOE y ERC.

Así, mientras Esquerra preside la Generalitat y lidera las negociaciones con el Gobierno, su partido se desangra en broncas internas. La última, por la carta de Jordi Sánchez en respuesta, precisamente, a la aceptación de los indultos por parte de Junqueras.

Joan Canadell, con la careta de Puigdemont en su coche, en 2018

En este contexto, las declaraciones de Belarra devuelven al escenario de 2018, cuando tras ganar las elecciones del 21D se especulaba con un regreso a España, de nuevo esquivando a la policía, para aparecer por sorpresa en la sesión de investidura. Decenas de independentistas circularon por las calles y carreteras de Cataluña con caretas del president fugado. Entre ellos, el ex presidente de la Cámara de Comercio y ahora diputado de JxCat, Joan Canadell.

El ejemplo de Meritxell Serret

Muy lejos de ese espectáculo se organizó el único regreso, hasta ahora, de una ex miembro del Govern Puigdemont, la ex consejera de Agricultura y ahora portavoz adjunta de ERC en el Parlament, Meritxell Serret. Un caso que bien podría servir de ejemplo para el president, si este estuviera dispuesto a saldar su cuenta pendiente con la justicia española.

Algo difícil, puesto que Serret, al contrario que Puigdemont, no se enfrenta a cargos de sedición o rebelión, tampoco de malversación, por lo que lo más probable es que acabe siendo condenada por desobediencia, sin pena de cárcel. Como los ex consejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, que esta semana han completado ya sus penas de inhabilitación.

Igual que Puigdemont se fugó de España burlando a la policía, Serret planificó con gran secretismo su entrega a la justicia española. Entró en España por la frontera francesa del País Vasco, sin que ni siquiera su familia supiera de su regreso. Tampoco lo sabían sus compañeros de "exilio", Puigdemont, Lluís Puíg y Toni Comín. No así Junqueras y el núcleo duro de la dirección republicana, al corriente de su intención de regresar y de las negociaciones con la justicia de su abogado, Íñigo Iruín, para que la entrega se hiciera en Madrid.

Causa pendiente

Pero la acusación contra Puigdemont, y las órdenes de busca y captura emitidas por el Tribunal Supremo -ahora en suspenso por la consulta previa del juez Llarena al TJUE- hacen prácticamente imposible esta vía. En caso de regresar a España sin acuerdo previo con la justicia, Puigdemont provocaría, eso sí, la ruptura de los puentes de diálogo tendidos ahora entre Gobierno y ERC.

El líder de Junts exigiría con toda probabilidad ser amnistiado por el Gobierno, algo inasumible para Pedro Sánchez. Y la negativa sería utilizada por el independentismo radical para forzar un regreso a la confrontación de Esquerra. Aún así, parece más que improbable que esa ruptura compense a Puigdemont perder el altavoz en el que se ha convertido su escaño como eurodiputado.

Un escaño en el que sólo ha encontrado el apoyo de los grupos nacionalistas más radicales de la Eurocámara. Pero que sirve para seguir defendiendo en Cataluña el relato de un independentismo que se proyecta en Europa y recibe apoyos presentados como significativos. El regreso de Puigdemont, si se produce, no será inmediato. En dos años, todo puede cambiar.