El objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo frente a la covid-19 que se ha marcado el Gobierno para mediados de agosto se ha alcanzado más de dos meses antes en las prisiones. Más del 80 % de los reclusos que se encuentran actualmente en régimen cerrado han recibido ya la pauta completa y a casi el 90 % de los funcionarios se les ha administrado al menos la primera dosis del suero, lo que permite afrontar la pandemia con menores niveles de incidencia.

De acuerdo con los datos provisionales facilitados a este diario por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, unos 35.000 de los 47.000 reclusos han sido ya vacunados. De éstos, unos 5.000 se encuentran en semilibertad, por lo que se inmunizan en los puntos habilitados por los servicios sanitarios de la comunidad autónoma en la que residen como cualquier otro ciudadano y quedan fuera del 'control' del Ministerio del Interior. Excluido ese volumen, el porcentaje supera el 83 %.

Las fuentes precisaron que, por razones de operatividad, unos 31.000 han recibido el fármaco monodosis de Janssen para evitar el doble desplazamiento del personal sanitario a los centros penitenciarios. Ello ha propiciado que el proceso haya sido más rápido en las cárceles -entre un 5 y un 10 % se habría negado a protegerse frente al coronavirus- y que la inmunidad de rebaño se haya logrado mucho antes de lo que Pedro Sánchez se ha marcado para el conjunto de la ciudadanía: el 70 % de la población con doble pauta el 18 de agosto.

En la cuarta actualización de la 'Estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España', fechada el pasado 26 de febrero, el grupo técnico ya acordó que la vacunación de la población penitenciaria se llevaría a cabo "tras los grupos esenciales" (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias, Fuerzas Armadas y profesores). "Por razones de factibilidad y de acceso a los centros en los que se encuentran y, atendiendo al mayor riesgo de exposición y al principio de necesidad y de protección frente a la vulnerabilidad, se recomienda agrupar y simplificar las actividades de vacunación en esta población, atendiendo a las circunstancias de cada centro. Se utilizará la vacuna indicada para cada interno dependiendo de sus circunstancias individuales (edad)", estableció.

"Mayor riesgo de exposición"

En la puesta al día llevada a cabo un mes después, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud precisó algunos detalles más respecto a cómo debía llevarse a cabo la inmunización de los internos. En este sentido, se acordó "agrupar y simplificar las actividades de vacunación en esta población" atendiendo al "mayor riesgo de exposición" de este colectivo y a la "necesidad de protección frente a la vulnerabilidad", si bien se fijó que no se acometería antes que la del grupo 8: personas de entre 56 y 65 años de edad. "Se utilizará la vacuna más conveniente", recomendó.

El proceso de vacunación en los centros penitenciarios españoles comenzó en El Dueso (Santoña, Cantabria) los días 9 y 10 de enero. Hasta entonces, los grupos prioritarios que había establecido el Ministerio de Sanidad eran los residentes en centros de mayores y personal que les atiende, personas dependientes y los profesionales sanitarios.

La vacunación de los funcionarios se ha retrasado por la incidencia con el suero de AstraZeneca

En cuanto a los funcionarios, las fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que 20.000 de los 23.000 empleados han recibido ya la primera dosis y, de aquéllos, a unos 2.000 se les ha aplicado el segundo inyectable. En este caso, el suero elegido ha sido el de AstraZeneca, lo que ha retrasado el proceso al alargarse la cadencia entre el primer y segundo pinchazo por la aparición de episodios trombóticos.

En línea con lo que se está registrando en el conjunto de la sociedad, la incidencia del coronavirus en las cárceles ha descendido de forma notable en los últimos meses. De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, a 10 de junio había 36 casos activos entre los trabajadores y 14 entre los internos.

Desde que se inició la pandemia, han fallecido siete internos y cinco funcionarios. En total, se contabilizan 2.120 casos positivos entre la población reclusa y 1.837 entre los empleados de los centros penitenciarios. Pese a la mejoría, 43 centros penitenciarios mantienen suspendidas aún las comunicaciones de convivencia, en 26 no se han retomado aún los vis a vis, en 25 están anuladas las familiares y en dos prisiones (Valladolid y Melilla) no están autorizadas ni las orales.