La Abogacía del Estado ha dejado fuera de su escrito de acusación del caso Pujol al expresidente catalán Jordi Pujol Soley a pesar de que el juez José De la Mata propuso juzgarle tanto a él como a su esposa y sus hijos como presuntos líderes de una organización criminal enriquecida por la corrupción.

En representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Abogacía reduce la responsabilidad de los hechos que considera constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil y frustración de la ejecución al primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola (para el que pide la mayor pena de prisión, de 25 años); a su exmujer Mercé Gironés (para la que pide 17 años y medio) y al otro hijo del expresident, Josep Pujol, para el que solicita 4 años y medio de prisión según el escrito al que ha tenido acceso El Independiente. Deja fuera del escrito de acusación a Jordi Pujol Soley, pidiendo por tanto que no se siente en el banquillo. La causa ya quedó archivada para su esposa, Marta Ferrusola, por su estado de salud.

La Abogacía reclama a los tres familiares de Pujol casi 7,7 millones de euros como daño provocado a las arcas públicas junto con los otros diez empresarios contra quienes también dirige la acusación. Se trata de Francesc Robert Ribes, Bernardo Domínguez Cereceres, José Barrigón Lafita, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol, Josep Cornado Mateu, Alejandro Guerrero Kandler y Carlos Villarrubí Carrió.

La representación del Estado, que ejerce la acusación particular en la causa, asume al inicio del documento las conclusiones a las que llegó el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en su auto de procedimiento abreviado. Considera que "a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo que D. Jordi Pujol Soley ostentó como presidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003), cantidades que distribuyeron entre sí los miembros de la familia, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas".

Sin embargo, a pesar de esta exposición inicial, considera responsables de los delitos que habrían cometido para alcanzar tal fin a los dos hijos del expresident y sus colaboradores.

"Con carácter previo a otras consideraciones, se hace preciso delimitar cuál va a ser el alcance de la acusación formulada por esta Abogacía del Estado, ya que habiéndose dictado Auto de transformación contra un elevado número de personas y por distintos delitos (organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución), la Abogacía del Estado representa y defiende a la Agencia Estatal de Administración Tributaria ante la presunta comisión de delitos por los que se haya ocasionado un perjuicio a la Hacienda Pública, como los son, en el presente caso, los delitos contra la Hacienda Pública y falsedades documentales relacionadas con los anteriores, extendiéndose nuestra acusación al delito de blanqueo de las cuotas defraudadas en aquellos ejercicios en los que ha prescrito el delito contra la Hacienda Pública", aclara el documento que lleva la firma de la abogada del estado Rosa María Seoane López.

Dos bancos andorranos y testaferros

Según considera la Abogacía, "de la investigación realizada se aprecia que la dirección operativa de la captación y distribución" de la fortuna que la familia ocultó a Hacienda "fue asumida por Jordi Pujol Ferrusola junto con su madre, Marta Ferrusola Lladós cuyo sobreseimiento provisional ha sido acordado por el Juzgado al que nos dirigimos".

Describe la metodología seguida "a fin de opacar los fondos y mantenerlos ocultos a la Hacienda Pública para después aflorarlos al tráfico legal". Primero habrían hecho continuos ingresos en efectivo en las cuentas de la familia radicadas en los bancos andorranos Andbank y BPA. Después habrían hecho "sistemáticos repartos de dinero entre las cuentas andorranas de la familia vía transferencia o mediante ingresos en efectivo".

Lo habitual, según describe el escrito, "era que Jordi Pujol Ferrusola fuera el receptor inmediato de grandes sumas de dinero, tanto en efectivo como vía transferencia en sus cuentas del Andbank -como han admitido los hermanos, Marta, Mireia y Oriol Pujol Ferrusola- , procediendo seguidamente a realizar transferencias a las cuentas que el resto de sus hermanos y su madre poseían en este mismo banco".

Posteriormente, habrían hecho "ingresos en metálico directos en cuentas de terceros, sin pasar por cuentas de sus titulares" para pasar a hacer "actuaciones transnacionales, dirigidas a garantizar la máxima opacidad del dinero, moviendo estos capitales a otras jurisdicciones algunas de ellas consideradas offshore, o procediendo a su colocación en negocios en terceros países".

Un "uso sistemático de mecanismos ilícitos de compensación internacional, con plena cooperación de los gestores de la entidad bancaria andorrana", considera la representación del Estado. Mediante este método "realizaron continuos ingresos y cargos en las cuentas, que tienen su origen en dinero en efectivo que los investigados tenían en España. Valiéndose de este anómalo mecanismo de compensación, "los investigados habrían hecho llegar los fondos hasta sus posiciones financieras, eludiendo los controles implementados para regular la salida de divisas del territorio nacional".

Para ello, habrían "utilizado a profesionales cualificados o expertos en la creación de estructuras comerciales para proceder al afloramiento de este dinero obtenido presuntamente de manera ilícita y su integración en negocios legales, asegurando el éxito de sus actividades presuntamente ilícitas".